En un contexto de creciente alarma por la situación de los derechos humanos en Venezuela, cuatro de las principales organizaciones internacionales —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)— han emitido pronunciamientos contundentes para exigir al Estado venezolano acciones inmediatas que garanticen la vida, salud e integridad de las personas detenidas por motivos políticos.
Estos llamados responden al trabajo articulado del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) junto con familiares de los detenidos, quienes han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada, condiciones inhumanas, torturas y la negación sistemática del debido proceso.
CIDH: “Venezuela debe liberar inmediatamente a las personas presas políticas”
El pasado 11 de abril, la CIDH condenó enérgicamente la persistencia de al menos 903 detenciones por razones políticas en Venezuela, muchas de ellas marcadas por desapariciones forzadas y aislamiento total. El organismo exigió su liberación incondicional y denunció la falta de información sobre el paradero de al menos 64 personas, además de los maltratos a familiares durante las visitas.
Asimismo, la CIDH vinculó estas prácticas a un contexto de represión sistemática tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que se registraron 2.229 detenciones, incluyendo 177 menores de edad.
Amnistía Internacional: “Una política de represión sistemática”
Amnistía Internacional hizo eco de estas denuncias a través de una acción urgente en la que reiteró que los más de 900 presos políticos en Venezuela son víctimas de tortura, desapariciones, incomunicación y procesos judiciales arbitrarios, enmarcados en una política deliberada de represión.
La organización exigió su liberación inmediata y el respeto a sus derechos fundamentales, subrayando que estas prácticas configuran crímenes de lesa humanidad, como ya han reconocido organismos de la ONU y la Corte Penal Internacional.
HRW: “Castigados por buscar un cambio”
Human Rights Watch presentó su más reciente informe, “Castigados por buscar un cambio”, donde documenta torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias posteriores a las elecciones de 2024. Se advierte sobre el colapso del sistema penitenciario, con más de 60.000 personas detenidas en cárceles diseñadas para 30.000, sin acceso a agua, alimentos o medicinas.
El informe también denuncia la complicidad de los llamados “colectivos” en la represión violenta de manifestaciones, y la utilización del sistema judicial como instrumento de persecución política.
OMCT: “Familiares denuncian aislamiento prolongado y torturas”
El 16 de mayo, la Organización Mundial Contra la Tortura OMCT respaldó públicamente las denuncias de familiares de 11 presos políticos, incluyendo a Freddy Superlano, Américo de Grazia, Rafael Ramírez y Josnars Baduel, recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familias ni acceso a abogados.
La OMCT alertó sobre el uso de tortura, negación de atención médica y detenciones sin orden judicial. El pronunciamiento incluyó un llamado urgente a la comunidad internacional, con siete exigencias concretas que incluyen la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese del aislamiento y la persecución a sus familiares, y el restablecimiento de garantías procesales y de atención médica.
Un llamado global por la vida y la libertad
Estos pronunciamientos no son hechos aislados. Representan una respuesta coordinada al deterioro progresivo de los derechos humanos en Venezuela y al trabajo sistemático de denuncia que adelantan el Observatorio Venezolano de Prisiones y las familias de los detenidos.
En un país donde el acceso a la justicia está bloqueado por la opacidad y la represión institucional, la presión internacional constituye la única esperanza para miles de víctimas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, visibilizando estos crímenes y exigiendo rendición de cuentas.
Habrá justicia.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
