El Observatorio de Prisiones denunció la consolidación en Venezuela del Sippenhaft, un mecanismo de castigo a familiares de personas perseguidas, históricamente asociado a regímenes totalitarios como la Alemania nazi, y calificó esta práctica como una de las más graves y degradantes dentro del aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro.
Esta modalidad de represión, indicó la ONG en una nota de prensa, evolucionó en los últimos años hasta convertirse en un patrón sostenido. Aseguró que ya no se trata de casos aislados de hostigamiento o presión indirecta, sino de una política estatal orientada a castigar a madres, hijos, hermanos y otros parientes para forzar entregas, silenciar voces críticas o vengarse de opositores.
El Sippenhaft se mencionó formalmente en Venezuela en 2021. Ese año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU testimonios donde se describen detenciones de familiares como método de coerción.
No obstante, el observatorio afirmó que su origen en el país se remonta al menos a 2014 y que, desde 2017, los arrestos directos de familiares se han vuelto frecuentes.
“Incompatible con cualquier sistema democrático y humanitario”
El Observatorio Venezolano de Prisiones subrayó asimismo que el Sippenhaft supone una violación múltiple del derecho internacional. Señaló que destruye el principio de responsabilidad penal individual, anula la presunción de inocencia y constituye un castigo colectivo prohibido por todas las normas de derechos humanos.
“El régimen responsabiliza a las familias de supuestos delitos cometidos por un allegado, lo cual es incompatible con cualquier sistema democrático y humanitario”, indicó la organización.
Insistió en que estos episodios representan tortura psicológica, tratos crueles y una agresión contra la vida privada y familiar.
Más de 20 casos nuevos en el último año
En su informe más reciente, el Observatorio Venezolano de Prisiones documentó al menos 23 nuevos casos en el último año, un número que considera apenas una fracción de la magnitud real.
Indicó que entre los expedientes revisados se encuentran:
- La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y varios miembros de su familia.
- La periodista Ana Carolina Guaita, arrestada por no hallarse a sus padres.
- Diego Sierralta, detenido tras la excarcelación de su madre, la dirigente Yenny Barrios.
- Familiares de dirigentes como Biagio Pilieri y Juan Pablo Guanipa.
- La detención de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González.
La organización advirtió asimismo que en muchos de estos casos los familiares no tenían ninguna relación con los hechos investigados y los privaron de libertad exclusivamente por su vínculo afectivo o consanguíneo.
Detenciones de menores de edad
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el secuestro de menores de edad en estados como Carabobo y Barinas.
Aseguró también que a adolescentes e incluso bebés los retuvieron cuerpos de seguridad durante más de 72 horas para presionar a sus padres o allegados. “El hecho de que usen niños de 2, 5 o 7 años como fichas de negociación refleja el nivel extremo de deshumanización que acompaña esta política”, subrayó.
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó asimismo que continúa documentando cada caso y enviando la información a organismos internacionales para activar mecanismos de supervisión. También instó a que se inicien investigaciones independientes y se ordene el cese inmediato de esta práctica.
“La persecución por vínculos familiares constituye uno de los signos más claros de un régimen que actúa al margen de la ley y del mínimo respeto por la dignidad humana”, dijo la ONG.
