Una amplia propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos de Venezuela permitiría a compañías extranjeras y locales operar campos petroleros por su cuenta a través de un nuevo modelo de contrato, comercializar la producción y recibir las ganancias de la venta incluso si actúan como socios minoritarios de la estatal PDVSA, mostraron borradores vistos por Reuters el jueves.
Delcy Rodríguez presentó la semana pasada la propuesta de reforma a la Asamblea Nacional. Se espera que esta reforme la industria petrolera del país miembro de la OPEP modificando la histórica ley petrolera del expresidente Hugo Chávez.
Está previsto que los legisladores inicien el debate sobre la reforma el jueves, tras un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre el chavismo y Washington este mes. El acuerdo, alcanzado tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, otorga a este país el control de la principal fuente de ingresos del país, según ha declarado el presidente estadounidense Donald Trump.
La Asamblea Nacional chavista, dirigida por Jorge Rodríguez, tiene sólo un pequeño número de legisladores de oposición y no ha sido reconocida formalmente por Estados Unidos, debido a dudas sobre su legitimidad.
COMPAÑÍAS PETROLERAS E INVERSORES EXIGEN AUTONOMÍA
Los ejecutivos petroleros y los potenciales inversionistas, como parte del ambicioso plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares de Washington para la industria energética de Venezuela, están exigiendo autonomía para producir y exportar petróleo, y recibir el dinero en efectivo proveniente de las nacionalizaciones y expropiaciones de activos de Chávez hace dos décadas.
Sin embargo, abogados independientes han advertido que la reforma radical contradice la Constitución venezolana, que reserva las principales actividades de la industria petrolera al Estado. La reforma también requiere la derogación de muchas leyes relacionadas aprobadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro, señalaron.
Algunos expertos han señalado que el modelo propuesto por Rodríguez, que permite a las empresas producir y exportar petróleo de forma independiente a través de contratos con PDVSA, es contrario al modelo de empresa mixta en que se basa la ley de hidrocarburos.
La coexistencia de estos modelos y los contratos derivados de ellos podría añadir confusión a una industria que hace 25 años organizaba sus actividades de petróleo y gas en torno a asociaciones dominadas por PDVSA, pero que también ha perdido inversionistas debido a nacionalizaciones, reglas inflexibles y sanciones estadounidenses.
Esos contratos de producción compartida, impulsados por Maduro con poco éxito y cuyos detalles nunca fueron revelados públicamente, llevaron al ingreso de pequeños operadores a los campos petroleros de Venezuela en los últimos años a pesar de las sanciones.
«Las empresas operadoras gestionarán la administración bajo su propio riesgo y costo. En este modelo, el Estado no se endeuda y la remuneración se basa en un porcentaje del volumen (producido)», indica un resumen de la reforma visto por Reuters, en referencia al modelo de contrato de producción compartida.
La propuesta permitiría al gobierno, a su discreción, reducir las regalías e impuestos relacionados del 33% al 15% para proyectos especiales y aquellos que requieren inversiones masivas, un elemento que podría endulzar las condiciones para muchos operadores que estén considerando aventurarse en un país de alto riesgo.
“Son campos que requieren grandes inversiones, pero para lograrlas también tiene que haber flexibilidad en las regalías”, dijo el diputado Orlando Camacho, quien leyó un resumen de la reforma en la Asamblea Nacional.
Las reformas también añaden la posibilidad de recurrir a un arbitraje independiente para solucionar disputas, una vieja petición de las empresas extranjeras tras desacuerdos y demandas tendientes a reclamar indemnizaciones por activos expropiados en Venezuela.
Aprobada en primera discusión
La Asamblea Nacional chavista aprobó este jueves en su primera discusión el proyecto de la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, presentada previamente por Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de petróleo venezolano.
La legislación fue aprobada con «mayoría calificada evidente», indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien indicó que esta reforma es necesaria para permitir un «acelerado incremento» en la producción petrolera del país.
El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV) y quien presentó el proyecto ante la plenaria, afirmó que esta reforma incluye «tres grandes áreas de modificación» de la ley.
En primer lugar, señaló la incorporación de «modelos exitosos de negocio» de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las «sanciones» de Estados Unidos.
En este sentido, destacó nuevos tipos de contratos en los que, dijo, la empresa operadora «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo», y agregó que con este modelo el Estado no adquiere deudas.
Asimismo, añadió que la legislación contempla mecanismos para «garantizar la viabilidad» de proyectos en los campos petroleros no desarrollados y, para esto, destacó la necesidad de «grandes inversiones».
Para lograrlo, agregó, es necesario contar con «alguna flexibilidad en las regalías» y mencionó la posibilidad de «rebajarlas» con el fin de «atraer esta inversión en estos campos nuevos».
El tercer punto, señaló, es «aumentar las garantías jurídicas» para la inversión en el sector, como la «mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos».
La fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad salvó el voto. El parlamentario Pablo Pérez pidió la entrega «con anticipación» de los proyectos de ley, pues hasta un día antes no conocían el texto.
Enumeró varios principios que, dijo, considera que debe contemplar la reforma de hidrocarburos, entre los que incluyó la «seguridad jurídica, apertura al capital privado y la carga tributaria».
El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.
Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.
