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Diputado Antonio Ecarri exige investigación a fondo sobre el “Caso Relámpago del Catatumbo” y denuncia violaciones al debido proceso

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El diputado a la Asamblea Nacional Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) exigió este lunes una investigación exhaustiva sobre las irregularidades denunciadas en la Operación “Relámpago del Catatumbo”, una megaoperación antidrogas ejecutada en 2025 en la región fronteriza del estado Zulia.

MFM

Desde las instalaciones de la fracción parlamentaria Lápiz, Ecarri se reunió con el Comité de Familiares de los afectados por el caso y denunció un “sistema de absoluta indefensión”. “No hay justicia cuando se niega el derecho a la defensa privada, cuando no existen expedientes claros y cuando el maltrato procesal es la herramienta para quebrar la voluntad de los ciudadanos”, afirmó el parlamentario.

“¡Esto es una violación flagrante al debido proceso y no lo vamos a callar!”, agregó Ecarri en un mensaje publicado en su cuenta de X. El diputado anunció que llevarán las denuncias directamente ante la nueva Defensora del Pueblo para exigir “que se investigue la verdad y se ponga fin a esta red de injusticias”.

La Operación “Relámpago del Catatumbo”, impulsada por el gobierno nacional y anunciada en marzo de 2025 por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue presentada como un exitoso golpe al narcotráfico. Según cifras oficiales, se incautaron más de 31 toneladas de droga (principalmente cocaína de alta pureza) en el Zulia, con detenciones de alcaldes, dirigentes políticos y algunos militares.

Sin embargo, familiares de los detenidos y organizaciones opositoras han denunciado desde entonces desapariciones forzadas, torturas y graves irregularidades procesales, incluyendo traslados sin notificación y negación de defensores privados. Medios independientes como Infobae han documentado casos específicos de militares y civiles que, según sus allegados, permanecieron en condición de desaparecidos tras ser detenidos en el marco de la operación.

La denuncia de Ecarri se suma a las voces que exigen transparencia sobre el balance real de la operación y el respeto a los derechos humanos de los procesados. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido respuesta oficial a esta nueva exigencia de investigación.

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