El 29 de octubre de 2024, la lluvia descargó con una violencia sin precedentes sobre la provincia de Valencia. En pocas horas, el agua se llevó por delante 229 vidas y dejó a decenas de municipios devastados. Un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ha hecho el Gobierno para evitar que se repita una tragedia similar? La respuesta, según la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, es sencilla: nada.
Ni una obra de prevención en marcha. Ni una licitación urgente. Ni una sola infraestructura nueva destinada a proteger a los vecinos de la «zona cero». Lo único que avanza, y con lentitud, son los trámites burocráticos de unos proyectos que llevan más de una década en los cajones del Estado.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció tras la tragedia un «plan de emergencia» que debía acelerar las actuaciones prioritarias del Plan Hidrológico 2022-2027. Doce meses después, ese plan sigue paralizado. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconoció ante el Senado que todas las actuaciones programadas hasta junio de 2026 se destinan únicamente a reparar daños, no a prevenirlos.
Mientras tanto, los vecinos de los 78 municipios afectados siguen sin protección. En el sur del área metropolitana de Valencia, donde se concentraron los mayores daños, los sistemas de alcantarillado continúan inutilizados. Lo que antes requería lluvias de 80 o 90 litros por metro cuadrado para inundar calles, hoy sucede con apenas 20 o 30.
La primera gran obra prometida por el Gobierno, el desvío del barranco de La Saleta hacia el nuevo cauce del Turia, es el mejor ejemplo del bloqueo institucional. Su objetivo es reducir el riesgo de inundaciones en municipios como Valencia, Quart de Poblet, Aldaia, Xirivella, Riba-roja, Mislata, Picanya y Alaquàs, con una inversión prevista de 98 millones de euros. Sin embargo, un año después de la riada, el proyecto continúa sin licitarse. Las alegaciones a las expropiaciones se han cerrado recientemente, y la adjudicación técnica no se espera antes de 2026. Hasta entonces, no habrá ni una máquina trabajando sobre el terreno.
El retraso de La Saleta no es un caso aislado. También están pendientes las obras del barranco de la Casella (Alzira), el barranco de Barxeta (Carcaixent) y las actuaciones en el río Magro, que deberían proteger a poblaciones como Utiel, Buñol o L’Alcúdia. Todas ellas están incluidas en el plan del Ejecutivo, pero ninguna ha pasado del papel a la realidad.
Tampoco se ha instalado el sistema de alerta temprana prometido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los barrancos más peligrosos —como el del Poyo, el de l’Horteta o el del Gallego— siguen sin sensores de caudal ni sistemas automáticos de aviso, una carencia que los expertos consideran inaceptable tras la tragedia de 2024.
La CHJ asegura que se instalarán más pluviómetros, pero no dispositivos que permitan calcular en tiempo real la traslación del agua hacia los cauces. En otras palabras, no habrá manera de anticipar una riada hasta que ya esté ocurriendo.
Presas vulnerables y proyectos sin horizonte
Las presas de Forata y Buseo, que estuvieron al borde del colapso durante la riada, tampoco cuentan con una modernización completa. Forata necesita una actualización estructural que no figura en los planes próximos del Gobierno, más allá de una leve ampliación de su muro. Buseo, de gestión autonómica, ha recibido mejoras parciales por parte de la Generalitat, pero su estabilidad sigue siendo motivo de preocupación.
Por otro lado, las obras de laminación en el barranco del Poyo, el embalse de Vilamarxant o las zonas inundables de Paiporta no tienen calendario ni presupuesto asignado. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025 agrava todavía más esa parálisis.
Un año perdido
El aniversario de la riada deja una conclusión clara: el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprendido nada de la tragedia. Doce meses después, no existe un sólo avance real en la prevención de inundaciones. Mientras el Ejecutivo presume de transición ecológica y de políticas climáticas, en Valencia, la burocracia ha sustituido a la acción y el recuerdo de las víctimas se ha desvanecido en los informes.
El Estado, una vez más, ha llegado tarde y mal. Las obras que podrían haber dado seguridad a más de un millón de valencianos siguen en el cajón, y lo que prometía ser una reconstrucción ejemplar se ha convertido en un símbolo de inacción y abandono.
