l Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra 10 personas y entidades vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela, al considerar que esta cooperación militar representa una amenaza directa para los intereses estadounidenses y la seguridad regional.
Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el suministro continuo de armas convencionales por parte del régimen iraní al gobierno de Nicolás Maduro forma parte de una estrategia “agresiva e imprudente” que busca expandir la influencia militar de Teherán en el hemisferio occidental.
“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación de armas letales en todo el mundo”, afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien advirtió que Washington seguirá actuando para impedir que el complejo militar-industrial iraní acceda al sistema financiero estadounidense.
Las sanciones se apoyan en medidas previas adoptadas en octubre y noviembre, en el marco de la reimposición de sanciones internacionales contra Irán. Estados Unidos sostiene que los programas iraníes de drones y misiles no solo amenazan a su personal y aliados en Medio Oriente, sino que también desestabilizan rutas clave de navegación comercial, como el Mar Rojo.
Dentro de este esquema, Washington señaló que Venezuela juega un rol clave como receptor y ensamblador de tecnología militar iraní, especialmente de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Desde 2006, ambos países han coordinado el suministro de drones de la serie Mohajer, fabricados por la empresa iraní Qods Aviation Industries (QAI).
En territorio venezolano, estos drones han sido rebautizados como ANSU y son ensamblados y mantenidos por la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), una compañía estatal que fue incluida en la nueva ronda de sanciones. Según el Tesoro, EANSA negoció directamente con QAI la compra y ensamblaje de drones de combate por millones de dólares.
Estados Unidos destacó que uno de estos modelos, el Mohajer-6, tiene capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y puede lanzar bombas aire-tierra guiadas de diseño iraní. En Venezuela, estas aeronaves son operadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
También fue sancionado José Jesús Urdaneta González, presidente de EANSA, por coordinar con representantes militares de Irán y Venezuela la producción de drones en el país. Washington lo señala como una pieza clave en la transferencia de tecnología militar iraní hacia Caracas.
Las sanciones fueron impuestas bajo órdenes ejecutivas dirigidas a frenar la proliferación de armas y a bloquear los activos de personas y entidades que apoyen estos programas. El Tesoro reiteró que utilizará “todas las herramientas a su alcance” para impedir este comercio y limitar la capacidad operativa de ambos regímenes.
