La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez en Miami, centrada en presuntos delitos de blanqueo de capitales y en las redes financieras del chavismo vinculadas a su testaferro, el empresario colombiano nacionalizado venezolano Alex Saab.
Según fuentes conocedoras del caso citadas por ABC, las pesquisas llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando Maduro ya se encontraba bajo custodia en Estados Unidos tras la operación militar ordenada por Donald Trump en Caracas en enero, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores.
Maduro, de 63 años, permanece detenido en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por la causa abierta en Nueva York, donde se ha declarado no culpable de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.
La nueva vía judicial, aún sin imputación formal, está en manos de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, una jurisdicción con larga experiencia en investigaciones sobre corrupción venezolana, blanqueo de capitales y estructuras financieras del chavismo. Al frente de las pesquisas figura Michael Berger, fiscal federal de Miami especializado en casos penales internacionales, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el fisco estadounidense (IRS).
La causa de Miami abre un frente distinto al de Manhattan. La imputación de Nueva York, presentada originalmente en 2020 durante el primer mandato de Trump, sostiene que Maduro habría entregado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitado cobertura diplomática para aviones usados por blanqueadores de dinero con el fin de repatriar beneficios del narcotráfico desde México a Venezuela.
Sin embargo, según la información publicada, algunos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca tienen dudas sobre la solidez de la causa neoyorquina, entre otras razones porque no incluye cargos de blanqueo de capitales y queda sometida al criterio del juez Alvin K. Hellerstein.
En ese contexto, la investigación de Florida podría convertirse en una vía alternativa si el procedimiento de Nueva York encuentra obstáculos legales. Trump ya sugirió en marzo que Maduro podría enfrentarse a más cargos en Estados Unidos. Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, afirmó que el caso actual debía ser «el primero de muchos», porque, a su juicio, al exdirigente venezolano «sólo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió».
El nombre clave en esta nueva línea de investigación es Alex Saab, considerado durante años por Washington como uno de los principales operadores financieros de Maduro. La Fiscalía de Miami ha desclasificado nuevos cargos de blanqueo contra él por su presunto papel en una trama vinculada al programa público venezolano de alimentos CLAP.
Saab ya pasó dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde, hasta que recibió un indulto de Joe Biden en 2023 y regresó a Venezuela dentro de un canje de presos con el Gobierno de Maduro. Ahora ha sido deportado de nuevo a Estados Unidos y acusado por un cargo de blanqueo en una imputación obtenida en enero, poco después de que Maduro fuera trasladado a territorio estadounidense.
Los fiscales creen que Saab controla parte del dinero de Maduro en paraísos fiscales y otros destinos opacos. En 2021 ya figuraba como conspirador no acusado en un caso del Distrito Sur de Florida contra cinco personas por soborno y blanqueo de capitales vinculado al mismo programa estatal de ayuda alimentaria, lo que le valió entre la oposición venezolana el apodo de «empresario del hambre».
La nueva imputación vuelve a situar el programa CLAP en el centro de la trama y extiende los presuntos delitos hasta enero. Los nombres de otros acusados aparecen tachados en el documento hecho público.
El Distrito Sur de Florida lleva años intentando conectar a altos responsables venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos. Uno de los precedentes más relevantes fue el de Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, condenado en 2018 por su papel en una trama de cambio de divisas y blanqueo de dinero de 1.000 millones de dólares.
La dificultad, según recoge la información, siempre ha sido la misma: vincular de forma directa las cuentas, sociedades pantalla y flujos financieros con los líderes políticos del chavismo.
La deportación de Saab ha sido interpretada en Washington como una señal de mayor cooperación entre las autoridades estadounidenses y el nuevo poder venezolano bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro e interlocutora instalada por Trump. Esa cooperación podría abrir nuevas rutas de información para fiscales y agentes federales.
La misma Fiscalía de Miami que investiga a Maduro también ha impulsado los cargos contra Saab y ha preparado la causa contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, presentada el 20 de mayo.
El Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre esta investigación. Tampoco respondieron a ABC los abogados de Maduro ni los de Saab. Por ahora, la investigación continúa abierta y no existe una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano en Miami.
La nueva causa amplía el cerco penal sobre la corrupción venezolana. Washington busca seguir el rastro del dinero de Maduro, Saab y otros operadores del chavismo, en líneas de investigación relacionadas con blanqueo, saqueo de programas públicos y fondos movidos a través de redes internacionales.
En paralelo, Estados Unidos ha cooperado con la investigación en España sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, y sus cobros internacionales, entre ellos cantidades procedentes de Venezuela, según la información publicada.
