La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 10 de junio un nuevo paquete de licencias generales que amplían y actualizan las autorizaciones para operaciones energéticas y mineras vinculadas con Venezuela.
Las medidas incluyen las licencias 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A, las cuales sustituyen versiones anteriores emitidas entre febrero y marzo de este año.
Entre los cambios más relevantes, OFAC autorizó nuevas operaciones relacionadas con la exportación, comercialización y transporte de petróleo venezolano y productos petroquímicos hacia Estados Unidos por parte de empresas estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025.
Asimismo, la licencia 50B ratificó permisos para compañías como Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maurel & Prom en actividades vinculadas al sector petrolero y gasífero venezolano.
La OFAC también autorizó la exportación de diluyentes estadounidenses hacia Venezuela mediante la licencia 47A, así como el suministro de tecnología, software, equipos y servicios para proyectos petroleros, petroquímicos y eléctricos dentro del país a través de la licencia 48B.
En paralelo, Washington flexibilizó operaciones relacionadas con minerales venezolanos, incluido el oro, mediante las licencias 51B y 54A. Estas autorizaciones permiten exportación, transporte, procesamiento y suministro de bienes y servicios vinculados con actividades mineras bajo estrictos mecanismos de supervisión y reportes periódicos.
Sin embargo, las nuevas licencias mantienen restricciones para operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y entidades controladas por China. También continúan prohibidas las transacciones con embarcaciones bloqueadas, pagos en oro, criptomonedas o esquemas de deuda.
Otro de los puntos destacados es que todos los contratos deberán regirse bajo legislación estadounidense y cualquier disputa deberá resolverse en tribunales o mecanismos arbitrales ubicados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Además, pagos dirigidos a personas bloqueadas deberán depositarse en fondos controlados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
