Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, el gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 120 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, acusándolos de actos antidemocráticos, corrupción y violaciones a derechos humanos.
Por: Laura Sánchez Ley – Milenio
Una investigación de MILENIO con base en los archivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, órgano del Departamento del Tesoro) encontró que durante los últimos 12 años, que corresponden a la gestión del presidente Maduro, generales del ejército, secretarios de Estado, burócratas, policías y militares fueron incluidos en el programa de sanciones estadunidense.
Las sanciones implican la prohibición a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos de realizar transacciones con tales personas, lo cual sirve como una herramienta de presión financiera y diplomática para el poder en Venezuela. En algunos casos Washington ha condicionado el levantamiento de estas medidas a que los sancionados se distancien públicamente de Nicolás Maduro.
La mayor parte de las sanciones han ocurrido durante las administraciones de Donald Trump: la primera, que abarcó de 2017 a 2021, y la segunda, que inició en enero de 2025. Durante estos periodos fueron señalados 98 funcionarios ligados al gobierno venezolano, es decir el 82 por ciento del total.
Mientras que algunos casos documentan acusaciones específicas de represión a ciudadanos por parte de órganos estatales, en otros las justificaciones son más vagas. El mismo presidente Maduro fue incluido en la lista de sancionados el 31 de julio de 2017, un día después de que su gobierno celebrara las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta Asamblea es, según la Constitución venezolana de 1999, un cuerpo especial y temporal convocado para revisar o reescribir la Carta Magna, con autoridad para reestructurar el Estado y sus instituciones. Pero fue precisamente la convocatoria de 2017 la que acabó convirtiéndose en el principal punto de quiebre entre Venezuela y Estados Unidos.
Washington calificó el proceso de ilegítimo y acusó al gobierno de Maduro de buscar “usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario”.
El gobierno venezolano, por su parte, argumentó que el órgano constituyente era un mecanismo legal contemplado en la Constitución y necesario para enfrentar la crisis política del país.
El dedo acusador contra 120 maduristas
Actualmente hay 52 funcionarios y ex funcionarios señalados por actos que Estados Unidos considera antidemocráticos, 46 acusados de diversos actos de corrupción y 22 vinculados a acusaciones de violaciones a derechos humanos. En total, sobre 120 personas pesan los señalamientos.
El gobierno venezolano ha denunciado sistemáticamente estas medidas como injerencia en sus asuntos internos y parte de una estrategia para forzar un cambio en el poder. Añade que las sanciones constituyen un “bloqueo económico” ilegal que ha agravado la crisis humanitaria en el país.
Lo cierto es que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tiene raíces que van más allá de las acusaciones de violaciones a derechos humanos. Incluye disputas sobre la nacionalización del petróleo desde el gobierno de Hugo Chávez, el control de las enormes reservas petroleras del país y tensiones geopolíticas relacionadas con las alianzas de Venezuela con Rusia, China e Irán.
Las primeras figuras de alto nivel del gobierno venezolano en ser sancionadas fueron funcionarios cercanos a Maduro. En septiembre de 2018, el Tesoro estadunidense dijo estar señalando al “círculo interno” del presidente por corrupción.
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