Si la población venezolana del Valle de Aburrá fuera un municipio, ya tendría casi los mismos habitantes que Envigado; sin embargo, sus condiciones de vida están lejos de parecerse a las de los habitantes del “Mónaco de Colombia”.
Este es uno de los hallazgos del informe realizado por Medellín Cómo Vamos sobre las condiciones socioeconómicas de la población migrante venezolana en Medellín y su área metropolitana. Será presentado hoy en la mañana al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón, o a quienes estos manden en su representación, para que durante sus mandatos tomen decisiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los más de 250.000 venezolanos que habitan en Medellín y de los casi 300.000 que hay en el departamento. Este informe también fue elaborado en Bogotá, Barranquilla y Cali, las ciudades que más han recibido la ola migratoria del vecino país en los últimos años.
Además de hacer un diagnóstico completo de variables como el acceso a la educación, al empleo y de las condiciones de vida de los migrantes, el documento presenta algunas recomendaciones para que los mandatarios y los tomadores de decisiones las incluyan en sus respectivos planes de desarrollo, pues de acuerdo con Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, fue común encontrar que en los planes de gobierno presentados por los alcaldes y gobernadores del país cuando estaban en campaña apenas hacían menciones a la atención de esta población, pero no había allí planes y propuestas sólidas, concretas y bien planeadas.
Y es que atender a estos ciudadanos es vital no solo porque ya son un grupo minoritario grande (aproximadamente el 6,2% de la población actual de Medellín son venezolanos), sino porque llegaron para quedarse: el 82% de los migrantes de ese país mayores de 15 años tiene la intención de permanecer en Colombia, una cifra que probablemente se mantenga o crezca durante los próximos años mientras en Venezuela no se restablezca la democracia y comience una importante reactivación económica.
De acuerdo con Ospina (magíster en Economía Ambiental y doctora en Economía), el informe da cuenta de los importantes rezagos en acceso a educación, empleo y en general a la integración económica de esta población en la ciudad. Rezagos que deben ser atendidos con prontitud, pues el costo de oportunidad de no hacerlo es muy alto. Eso quiere decir que los recursos que no se invierten en acciones y estrategias para que los venezolanos puedan insertarse con fuerza en la economía luego se tienen que invertir en programas asistenciales y subsidios.
De la información que revela el estudio sobre esta población, llama la atención su edad, pues en promedio tienen 26 años, es decir que en su mayoría son jóvenes en edades educativas o con poca experiencia laboral y profesional. El promedio de edad del resto de habitantes de la ciudad es de 37 años. Además, las familias venezolanas son más numerosas: tienen de media 3,3 miembros, cuando el promedio del resto de la población son familias de 2,8.
Son muchos niños, niñas y adolescentes de esas familias que todavía no tienen acceso a educación primaria. En Medellín, el 90% de los menores de edad asiste a una institución educativa, para las familias venezolanas esa cifra es del 78%.
El panorama en la educación superior no es más esperanzador, solo el 27% de la población migrante económicamente activa (es decir la población en edad de trabajar que tiene un trabajo o busca uno) tiene algún título de educación superior válido en Colombia, mientras que la cifra para el resto de la población es del 44,3%.
Pero esas cifras necesitan rostros: en las calles aledañas a la zona maderera de la estación Cisneros del Metro, en el Centro de Medellín, poco a poco el acento venezolano se impone a los gritos y conversaciones en “paisa”. En una de sus esquinas, con las gafas algo empolvadas por el aserrín, se encuentra Antonio, un migrante venezolano de 57 años procedente de Aragua que luego de regentar almacenes en su país natal ahora se dedica a cortar retablos en plena calle.
El informe de Medellín Cómo Vamos da cuenta de todo lo que queda para hacer por estos 257.696 venezolanos, que son en su mayoría jóvenes y que tienen ganas de quedarse viviendo en la ciudad. Mejorar sus condiciones socioeconómicas es una gran oportunidad de progreso no solo para ellos sino para toda la ciudad. Pero, ¿cómo hacerlo? la organización le entrega a los tomadores de decisiones de la ciudad y del país unas recomendaciones organizadas en siete componentes, que considera claves para el diseño de una política de integración socioeconómica.
El primer componente, regularización, tiene que ver con el acceso a mecanismos de regularización de la condición migratoria, esa es la base de todo: que tengan documentos en regla. Luego, en el componente de caracterización socioeconómica y sociolaboral, sugieren una estrategia de identificación de los intereses, vocaciones, competencias técnicas y blandas, y las barreras de la población migrante para insertarse en el mercado de trabajo. Es decir, tomar este estudio como punto de partida para seguir indagando en la población venezolana de la ciudad y del departamento.
El tercer componente es de empleabilidad, recomiendan diseñar y ejecutar rutas y programas que recuperen y fortalezcan las capacidades de estos ciudadanos para el empleo y faciliten su vinculación. También hay un componente de emprendimiento, para desarrollar capacidades para la creación de nuevos negocios.
En el componente de cohesión social, que tiene como objetivo disminuir la discriminación por razón de su nacionalidad y una mejor integración comunitaria, la entidad propone implementar acciones que mejoren la convivencia y seguridad.
Finalmente, el informe propone acciones enfocadas en gobernanza migratoria, donde se lleve a cabo una política pública con coordinación de diversas instituciones para atender a la población migrante, con especial enfoque en grupos minoritarios o con más barreras para insertarse en la economía, como las mujeres y los jóvenes.
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