Cuando la Casa Blanca anunció el acuerdo para tomar el control de una vasta extensión de los recursos petroleros de Venezuela, no hubo falsa modestia. Según la ficha informativa de la administración, el acuerdo más que duplicará las reservas de EE. UU. y «garantiza nuestro dominio energético para el próximo siglo, todo ello sin coste alguno para Estados Unidos».
Quizás esto parezca demasiado bueno para ser verdad. A su debido tiempo, el pueblo de Venezuela podría tener algo que decir al respecto.
Consejo editorial de Bloomberg
El acuerdo es complejo y los detalles aún no están del todo claros. Una empresa privada, North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por un empresario local acusado de blanqueo de capitales en España y Suiza, obtiene los derechos para explotar las reservas. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP, lo que podría generar cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos a cambio. Los contribuyentes estadounidenses no financiarán la inversión —NABEP captará capital privado—, pero Washington tendrá derecho a comprar petróleo en condiciones preferentes y a vetar los nombramientos de la junta directiva.
En teoría, Venezuela tiene algo que ganar con todo esto. NABEP pagará regalías e impuestos al gobierno. Además, el plan se basa en una nueva inversión de hasta 100.000 millones de dólares en un sector que el anterior gobierno venezolano había llevado al borde del colapso. Esto promete nuevos empleos y un crecimiento económico más rápido. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que el plan impulsará la prosperidad y la felicidad de su pueblo.
Sin embargo, los peligros de este acuerdo son —o deberían ser— evidentes.
Fundamentalmente, la mayoría de los venezolanos percibirá el acuerdo como ilegítimo. La operación ha sido suscrita por funcionarios que carecen por completo de legitimidad o respaldo popular, y que actúan bajo presión de Washington. La oposición venezolana partidaria de la democracia —hasta ahora ampliamente alineada con los esfuerzos de Estados Unidos por transformar la gobernanza del país— inevitablemente considerará esta apropiación petrolera como un acto de explotación que consolida a las fuerzas antidemocráticas. La administración está desperdiciando la oportunidad de fomentar sentimientos favorables a Estados Unidos y de promover la estabilidad económica y política.
¿Y para qué? El riesgo de una reacción adversa interna no solo pone en peligro la transición de Venezuela o sus futuras relaciones con Estados Unidos, sino que también cuestiona los cálculos más egoístas de Washington. Incrementar la producción petrolera requerirá cuantiosas inversiones a lo largo de muchos años. Es poco probable que las empresas asuman este compromiso en un clima de creciente temor a la inestabilidad política, por no mencionar la posibilidad de que una futura administración estadounidense revierta los términos del acuerdo en poco tiempo.
Incluso si no se produce una rebelión, captar el capital privado necesario supondrá un desafío para una empresa con un líder polémico que busca atraer a inversores; estos últimos tendrían que ponerse a la cola, detrás de Estados Unidos y Venezuela, para cobrar su parte de los beneficios. Además, los planes de nuevas inversiones por parte de Chevron Corp. y otras compañías podrían estancarse si las perspectivas empeoran. A fin de cuentas, este supuesto avance podría acabar reduciendo el suministro de petróleo en lugar de aumentarlo.
Las encuestas indican que los venezolanos respaldaron mayoritariamente la operación estadounidense para destituir a su anterior líder, Nicolás Maduro. Aquello brindó a Washington la oportunidad de guiar al país hacia un futuro más prometedor y una alianza duradera con Estados Unidos. Este acuerdo pone todo eso en peligro, y muy probablemente para nada.
