El 22 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe A/HRC/60/61, correspondiente al período julio de 2024-agosto de 2025. La conclusión de la Misión fue tajante: «la persecución por motivos políticos se está intensificando en Venezuela”.
Por: Ramón Cardozo – DW
La escalada represiva de este último año -calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado- no es un hecho fortuito. Es el resultado lógico de una política criminal sistemática diseñada y sostenida durante más de una década desde las más altas esferas del Estado venezolano, con un objetivo claro: «silenciar, desalentar y anular a la oposición”, tal como lo ha señalado de forma reiterada la la Misión desde su creación, en 2019.
En sus cinco años de labores de investigación, la Misión ha emitido al menos 145 recomendaciones al Estado venezolano y «ninguna ha sido cumplida. Por el contrario, el régimen ha profundizado la represión y reiterado la comisión sistemática de violaciones graves y crímenes internacionales durante más de una década”.
A la par, el régimen de Maduro ha consolidado un aparato de terror político cada vez más letal, que ha evolucionado en sus estrategias de control social, en el perfeccionamiento de los mecanismos de tortura y en la expansión de sus brazos ejecutores.
La evolución de la estrategia del terror
Entre 2014 y 2020, el aparato represor chavista operó bajo una lógica de «línea dura”: violencia generalizada, ejecuciones extrajudiciales y tortura sistemática. Su carácter era principalmente reactivo, activado en respuesta a las grandes oleadas de protesta ciudadana de 2014, 2017 y 2019 contra el régimen de Maduro
El informe de la Misión A/HRC/45/33 (2020) lo documentó con crudeza: «La represión estatal se tradujo en decenas de privaciones arbitrarias de la vida por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias de opositores reales o percibidos como tales, algunas seguidas de tortura y violencia sexual y de género”.
Entre 2020 y 2023, con las protestas en declive por la pandemia, la migración y el efecto disuasorio de la violencia estatal, la maquinaria represiva chavista mutó. Sin desmantelar sus capacidades de choque, el régimen viró hacia un modelo de control preventivo y permanente, basado en tácticas «más blandas”: persecución selectiva de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos e intervención de partidos y ONG. El objetivo era sofocar a la disidencia incluso antes de que se manifestara. El informe de la Misión A/HRC/54/57 (2023) lo advierte con claridad: «El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo […] el uso de tácticas coercitivas más suaves conlleva una amenaza latente.”
En 2024, tras el fraude electoral presidencial, las protestas espontáneas de los sectores populares reactivaron la respuesta más dura del régimen. Quedó claro, y así lo señala el último informe de la Misión, que el sistema preventivo no sustituyó al reactivo, sino que lo reforzó: ante la protesta en la calle, la maquinaria represiva volvió a su modalidad más violenta, con un saldo de 25 muertos, más de 2.200 detenidos en pocas semanas, y el arresto y enjuiciamiento de al menos 218 menores de edad.
Sofisticación de los métodos de tortura
Uno de los pilares de la estrategia de terror del régimen venezolano es la tortura. Esta práctica no constituye excesos aislados de funcionarios descontrolados, sino una política de Estado deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo.
Durante la última década, sus métodos no solo se han vuelto más brutales, sino también más estratégicos. Mientras inicialmente la tortura era utilizada para extraer información o castigar físicamente a los detenidos, desde 2020 se ha convertido en una herramienta para quebrar psicológicamente a las víctimas, fabricar confesiones forzadas y producir material audiovisual con el que el régimen justifica detenciones arbitrarias, criminaliza a la disidencia, imputa delitos como «terrorismo” y respalda las narrativas oficiales sobre «presuntas” conspiraciones.
Hoy la tortura combina múltiples capas: violencia física extrema, sofisticadas formas de tortura psicológica, condiciones de reclusión inhumanas y violencia sexual institucionalizada. A ello se le ha sumado en los últimos años la muerte de detenidos por falta de atención médica y los abusos sexuales contra adolescentes recluidas. La tortura ya no es solo un medio: se ha convertido en el fin mismo del sistema represivo, un mecanismo diseñado para destruir la dignidad humana de los perseguidos y sembrar terror en toda la sociedad.
Los engranajes de la maquinaria del terror
Como principales brazos ejecutores de la represión, tortura y ejecuciones extrajudiciales, la Misión ha señalado a través de sus múltiples informes a un conjunto de estructuras civiles y militares que actúan de forma coordinada bajo las órdenes directas de la cúpula del poder del régimen. En su informe A/HRC/51/43 (2022) la Misión señala que, «Nicolás Maduro, con el apoyo de otras autoridades de alto nivel, se destaca como el principal artífice de la concepción, la aplicación y el mantenimiento de una maquinaria que tiene como objetivo reprimir la disidencia”.
En el centro de esta maquinaria del terror están la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), subordinada directamente a Maduro y dedicada a la detención, reclusión y tortura de oficiales y exoficiales militares, así como civiles relacionados con ellos. A su lado opera el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), enfocado en los críticos del Gobierno con perfiles públicos destacados, políticos de la oposición y disidentes. Junto a ellos opera la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incluida su Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas DAET (antigua FAES), y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Estos organismos han venido experimentando a lo largo de la última década un crecimiento sostenido y significativo de sus recursos operativos. La DGCIM y el SEBIN han recibido presupuestos especiales para formar nuevos agentes, modernizar equipos y adquirir tecnología de última generación mediante acuerdos con Rusia, Irán y China. A esto se suma la apertura de nuevas sedes, calabozos y cárceles de máxima seguridad para opositores, según documenta el informe 2024–2025 del Casla Institute.
El sistema judicial: de la complicidad pasiva a brazo ejecutor de la política del terror
Otro engranaje clave del aparato de terror instaurado en Venezuela ha sido el sistema judicial. De acuerdo con los informes de la Misión, el Poder Judicial -progresivamente sometido al control del Ejecutivo- pasó de ser responsable por omisión, al facilitar la impunidad mediante la falta de investigación, a convertirse en un cómplice activo de la política del terror del régimen.
Entre 2014 y 2019, tal como lo recoge el informe de la Misión A/HRC/45/33 (2020), el Poder Judicial -incluida la Fiscalía- se distinguió por una complicidad pasiva, marcada por negligencia e inacción frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Aunque no participaba directamente en la represión, la judicatura la legitimaba a posteriori, validando detenciones arbitrarias o retroactivas, permitiendo el uso de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles. Asimismo, acataba órdenes del Ejecutivo para dictar medidas de detención y registro, así como para mantener a manifestantes privados de libertad.
En el periodo 2020-2023, el sistema judicial venezolano pasó a ejercer un rol más activo en la persecución política. En su informe de 2021, la Misión señala que jueces y fiscales, en lugar de proteger a las víctimas, desempeñaron un rol importante en la represión del Estado contra la oposición real o percibida. En 2023, en su informe A/HRC/54/57 (2023), se afirma que la justicia penal se instrumentalizó para criminalizar a personas críticas o de oposición al Gobierno. Advierte además que en ese año se consolidó el uso del llamado «proceso como condena”, mecanismo por el cual la sola acusación y la prolongación indefinida del proceso judicial se convierten en un castigo para el opositor, sin que exista necesidad de una sentencia condenatoria.
En 2024, el informe de la Misión A/HRC/57/57 (2024) sostiene que el fiscal general, Tarek William Saab «continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno”. Un año después, en el informe A/HRC/60/61 (2025), la conclusión fue más grave, señalando que, en su conjunto, el sistema judicial venezolano realiza una «contribución esencial en la ejecución de la política de anulación de la oposición”.
Asimismo, el informe retrata el colapso total del debido proceso en el país: audiencias sumarias, colectivas y secretas; restricciones al derecho a elegir defensa; presiones de jueces para forzar confesiones por delitos graves como terrorismo; y la negación sistemática del hábeas corpus.
Sometido hoy a una intensa presión internacional, Nicolás Maduro intenta de forma desesperada desestimar las graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico transnacional y corrupción que pesan sobre su régimen calificándolas de «campaña de desinformación” o «lawfare”.
Pero los informes de la Misión de la ONU, elaborados durante los últimos cinco años, de forma independiente y con rigor, muestran una realidad irrefutable: la construcción deliberada, a lo largo de una década, de un sistema de terror político en contra del pueblo venezolano. Lo que corresponde ahora es justicia para las víctimas y castigo para los responsables.
