¿Se está preparando la administración Biden para aliviar las sanciones a Venezuela para aumentar el suministro mundial de petróleo? El Departamento de Estado lo niega, pero es un cambio de política estadounidense potencialmente dañino que vale la pena observar en el Congreso.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, regresó de una visita a La Habana este mes y anunció al día siguiente que Estados Unidos había acordado con Caracas comprar un millón de barriles de crudo venezolano por día. Esto requeriría el levantamiento de las sanciones estadounidenses diseñadas para endurecer la dictadura de Nicolás Maduro y ayudar a que el país regrese a la democracia.
Un funcionario del Departamento de Estado nos dijo la semana pasada que “las sanciones actuales relacionadas con Venezuela siguen vigentes” y que “no hay cambios ni nuevos acuerdos”. Pero López Obrador sabe que el compromiso de Estados Unidos con Venezuela —y con Cuba— es un objetivo de muchos demócratas en Washington. También sabe que empresas como Chevron están presionando para aliviar las sanciones y poder reanudar sus operaciones en Venezuela.
En marzo, el equipo de Biden envió a tres representantes a Caracas para hablar con Maduro. Venezuela luego liberó a dos de los más de media docena de rehenes estadounidenses que tenía retenidos. El régimen aprovechó el encuentro para difundir un mensaje propagandístico cuya legitimidad reconoce ahora Washington. Persisten los rumores de que continúan las conversaciones detrás de escena.
La presión para aliviar las sanciones también proviene de la izquierda política en el Capitolio. La semana pasada, 18 demócratas le escribieron al presidente Biden para pedirle que elimine las sanciones que califican como “una de las principales causas” del sufrimiento venezolano. Pero la verdadera causa fundamental son las políticas socialistas del Sr. Maduro que han generado hiperinflación, pobreza, corrupción y desnutrición generalizada y producido millones de refugiados venezolanos.
La carta también señala que la concesión de un alivio de las sanciones del estado policial debe hacerse “sin impedir o retrasar la acción urgente necesaria para alejar la economía de los EE. UU. de los combustibles fósiles”. Ese sería un buen dato, ya que la industria petrolera venezolana es una notoria contaminadora.
Maduro y su antecesor Hugo Chávez destruyeron la infraestructura petrolera del país y saquearon el monopolio petrolero nacional. Incluso si se permite a los inversionistas estadounidenses comenzar a extraer petróleo nuevamente, la oferta venezolana no tendría un gran impacto en los precios mundiales del petróleo. Pero es revelador que los progresistas estadounidenses aparentemente pongan el apaciguamiento de la izquierda latina por encima de sus principios sobre el cambio climático.
Mientras tanto, el régimen de Maduro sigue asesinando a disidentes y reteniendo a cientos de presos políticos. No ha habido elecciones libres y justas en Venezuela durante dos décadas. El régimen apoya a la dictadura cubana con envíos de petróleo, mientras La Habana sigue siendo el actor antidemocrático más desestabilizador del Hemisferio Occidental. Ambos son aliados de Rusia.
La danza de sanciones de la administración Biden con el dictador se está llevando a cabo incluso cuando actúa en todo momento para restringir el petróleo y la producción estadounidenses. La contradicción es difícil de aprehender sino como el triunfo de la ideología sobre la razón.
