El 1 de agosto de 2024, Ariadna fue detenida tras ser denunciada por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo, en el marco de las protestas poselectorales del 28 de julio. A partir de entonces, su salud entró en una espiral de deterioro. El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo I, y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas.
El 12 de agosto fue hospitalizada por una hiperglicemia grave en el Hospital Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo, pero fue regresada al CICPC sin recibir tratamiento sostenido. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2024, Ariadna fue nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas: la glicemia superaba los 400 mg/dL y su condición general era crítica. Esta vez permaneció hospitalizada hasta su excarcelación el 7 de diciembre, bajo custodia del CICPC y esposada, en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal. Durante ese tiempo, su madre cubrió todos los gastos médicos gracias a la solidaridad de familiares y amigos.
Su liberación fue el resultado de una intensa presión pública, impulsada por su madre y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero ya su cuerpo mostraba signos de agotamiento.
Luego de ser excarcelada, Ariadna fue ingresada en el Hospital de San Carlos por un cuadro grave de retención de líquidos y dificultad respiratoria. Allí fue sometida a diálisis, y en febrero de 2025 su cuadro de insuficiencia renal adquirido en prisión se volvió crónico, según familiares y amigos. Su salud no volvió a estabilizarse. El 27 de abril fue ingresada nuevamente tras una recaída crítica y permaneció hospitalizada hasta el 10 de mayo, cuando falleció por un paro respiratorio.
Ariadna no murió solo por una complicación médica. Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. Su historia no puede repetirse. Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico.
Su fallecimiento se produce apenas una semana después del suicidio de Lindomar Amaro Bustamante, también oriundo de Cojedes, quien se quitó la vida en la cárcel de #Tocorón tras meses de maltrato y promesas incumplidas de libertad.
