La extorsión en Venezuela no un delito aislado, sino un modelo de negocio non sancto generalizado. Abarca la sociedad criminal y también la institucionalizada. Nadie se salva, y casi siempre es la única manera de salvarse el cerrícola bájate de la mula, el peaje hamponil y el dame pa’l fresco. La comisión o coima de cuello blanco se han impuesto con el socialismo del siglo XXI y los avances tecno-ideológicos del milenio.
Además de los perpetradores bien diferenciados –los hampones de siempre y los funcionarios corruptos en todos los niveles de la administración pública– la tecnología ha habilitado a un tercero: el Estado. Todos se aprovechan de la indefensión de la ciudadanía. Y en un contexto de extendida corrupción en las instituciones judiciales y policiales de Venezuela, no solo entra en juego la pérdida de una cantidad de dinero, sino también la libertad y la propia vida.
Sin peajes ni alcabalas es mejor la extorsión
Nadie lo midió, pero el 16 de enero de 2008 fue el día que Hugo Chávez fue más aplaudido por adeptos y opositores. Ese miércoles anunció que mediante un decreto de los ministerios de Defensa e Infraestructura se prohibía el cobro de peajes en las autopistas y carreteras de Venezuela. Chávez consideraba ese cobro, que en principio era para el mantenimiento y construcción de vías, un atraco del sistema capitalista.
Los peajes eran más frecuentes que las alcabalas, que también incluyen un sistema tributario ad hoc, pero ni unos ni otros evitaban la acción del hampa en cualquiera de sus manifestaciones, desde los secuestros exprés hasta asesinatos.
En 2015, Nicolás Maduro reactivó 71 peajes en Venezuela jurando que los recursos recaudados serían para el mantenimiento. Dentro de la misma línea redistributiva, ese año también creó el carnet de la patria, como parte del sistema biométrico de acceso a alimentos. Un documento inteligente de identidad con código QR, que almacena datos personales, para “garantizar que las bolsas de comida y otras ayudas lleguen a los verdaderamente necesitados”.
El carnet se implementó en Venezuela en medio de una crisis de inflación y escasez tal que la población cedió a entregar sus datos personales ante la opción de poder acceder a los alimentos a precios asequibles, sin la mediación de bachaqueros ni buhoneros. Una extorsión simulada mediante un sofisticado peaje digital en pleno desarrollo.
Ante la imposibilidad de crear una cartilla de racionamiento tipo Cuba, el régimen contrató la compañía Soltein, con sede en México, operada antiguos empleados estatales cubanos, para diseñar una plataforma en línea para rastrear las bolsas CLAP. Comenzaba a tomar la base de datos del Sistema Patria.
“Jamás olvidaré como recién operada de donarle un riñón a mi papá (que rechazó en misteriosas circunstancias) tuve que ir a rogar para que me vendieran las medicinas de mi papá en las farmacias de alto costo y no lo hicieron porque no tenía el carnet de la patria. Durante el proceso de rechazo, mi papá se vio mal. Estuvo dos meses hospitalizado en una clínica en Caracas y llegó un punto en que era muy difícil conseguir antibióticos. Nos pidieron albúmina humana que debíamos intentar buscar en la farmacia de alto costo en Los Ruices. Luego de un largo rato en cola, en la taquilla me atendieron en una manera bastante grosera. No me pidieron los informes médicos sino el carnet de la patria. Al decirle que no lo tenía, se negaron a atenderme y me pidieron que saliera del lugar. Los pudimos obtener casi una semana después a través de una fundación, pero mi papá perdió el trasplante. Afortunadamente está vivo. Me fui del país el año siguiente”.
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