La crisis energética en Cuba alcanzó este lunes un umbral crítico. Según los registros de la estatal Unión Eléctrica, aproximadamente el 64% del país permanece sin suministro de forma simultánea, superando el máximo histórico detectado apenas en enero pasado.
Esta situación sume a la población en periodos de oscuridad que alcanzan las 20 horas diarias en diversas regiones. La magnitud del déficit evidencia un sistema incapaz de sostener la estructura productiva y doméstica mínima de la nación.
El malestar social se dispara ante la parálisis económica absoluta. La energía, pilar de cualquier sociedad moderna, resulta hoy un recurso escaso y administrado bajo condiciones de emergencia extrema por el gobierno de La Habana.
Asedio petrolero y abandono técnico
El origen de este colapso reside en una dualidad de factores que asfixian la generación de potencia. Por un lado, las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos desde el inicio de 2026 limitan drásticamente el flujo de combustible externo.
Por otro lado, la infraestructura termoeléctrica padece las consecuencias de una infrafinanciación crónica. Ocho de las 16 unidades de producción principales están fuera de servicio por averías recurrentes o mantenimientos forzosos.
Estas plantas operan bajo condiciones de explotación excesiva, ajenas a las inversiones necesarias para su modernización. El empleo de crudo nacional en estas centrales, pese a ser una alternativa soberana, se ve obstaculizado por la imposibilidad de refinado eficiente en suelo cubano.
Un mix energético en estado de parálisis
La generación distribuida, responsable históricamente del 40% del suministro, permanece inactiva por la ausencia total de diésel y fueloil. Este sistema de motores secundarios depende exclusivamente de las importaciones que el asedio actual impide concretar.
La brecha entre la demanda y la oferta resulta abismal. Mientras el país requiere más de 3.000 megavatios para funcionar con normalidad, la capacidad de generación apenas supera el tercio de esa cifra.
El Estado cubano califica esta situación de «asfixia energética», culpando directamente a las sanciones de Washington. No obstante, expertos independientes señalan que la gestión centralizada del sector ha evitado la evolución tecnológica durante décadas.
La reconstrucción y el impacto social
Según lo recopilado por EFE, sanear el sistema eléctrico cubano requiere una inversión estimada entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Se trata de una cifra inalcanzable para una economía que acumula una contracción del 15% desde el inicio de la década.
Los apagones actúan como el principal detonante de las protestas sociales en los últimos años. La falta de corriente eléctrica arrastra consigo el suministro de agua, la conservación de alimentos y la operatividad de los servicios de salud básicos.
El gobierno implementa medidas de subsistencia que, hasta el momento, resultan insuficientes para revertir la tendencia. La isla se enfrenta a un desafío de supervivencia donde la luz parece alejarse ante cada nueva avería en las obsoletas centrales del Ministerio de Energía y Minas.
