El dilema electoral en Venezuela: una oposición dudosa, unas misiones de observación electoral que pueden socavar a la oposición y otras cuestiones podrían poner en peligro las elecciones en el país. ¿Cuáles son los escenarios posibles?
Por: Christopher Sabatini – EsGlobal
De nuevo la oposición democrática de Venezuela se encuentra frente a un dilema electoral. Esta vez, sin embargo, no es (por completo) obra suya.
El peso moral de si participar o no en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre y, en su caso, de cómo hacerlo recae con más fuerza en la Unión Europea.
El anuncio, potencialmente prematuro, de la UE de que enviará observadores a la votación de noviembre, amenaza no solo con socavar a la díscola oposición democrática de Venezuela y la credibilidad de las negociaciones en curso, sino también con erosionar aún más normas y prácticas que tienen décadas de antigüedad y que ya están siendo atacadas por países como Rusia, China, Nicaragua, Turkmenistán y Kazajistán.
Que esto acabe sucediendo dependerá de si el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la responsable de la Misión de Observación de la UE, Isabel Santos, se comprometen con estándares internacionalmente reconocidos para la observación electoral y los defienden luego sobre el terreno.
Hacer cumplir los estándares
No existe un manual que establezca un conjunto uniforme de normas internacionales; la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter, por ejemplo, tienen cada uno su propio manual.
Sin embargo, la comunidad internacional ha acordado un conjunto general de principios de “mejores prácticas” para evaluar el grado de limpieza y libertad de los procesos electorales:
Libertad frente a la coerción; uso limitado de recursos públicos con fines partidistas; acceso relativamente equitativo a los medios públicos; acceso de los votantes a la información; secreto del voto; transparencia del proceso de votación; transparencia de la financiación; imparcialidad de las autoridades electorales; imparcialidad de las leyes electorales; los funcionarios públicos deben reconocer los resultados de las elecciones y permitir una transferencia fluida de plenos poderes a los nuevos ganadores.
En Venezuela, varias de estas variables, como las relacionadas con las autoridades electorales y la imparcialidad de las leyes electorales, están lejos de ser perfectas y es poco probable que se modifiquen lo suficiente en el próximo mes.
La oposición ya había accedido a participar bajo esas condiciones, incluida una comisión electoral más plural. Pero el grueso de los principios enumerados con anterioridad son aquellos en los que, presumiblemente, la Unión Europea debería tener algo que decir.
La UE y Estados Unidos tendrán que defenderlos si se quiere que las elecciones de este año constituyan un proceso electoral mínimamente creíble.
Si esas condiciones no se cumplen, existe el riesgo muy real de que la oposición haya sido atraída al peor escenario posible: no solo participará en un proceso flagrantemente fraudulento, sino que a este se le otorgará una hoja de parra de aparente legitimidad gracias a una desganada labor de observación.
Igualmente, el que la UE y Estados Unidos no exijan y defiendan esos estándares podría proporcionar una nueva excusa para que la oposición se quede fuera de las elecciones, otra vez.
Ese escenario no solo arruinaría los esfuerzos realizados para lograr que la oposición se comprometa con el proceso y avance en las negociaciones —otorgando por lo tanto una enorme e inmerecida victoria al gobierno de Maduro—, sino que también socavaría la credibilidad internacional de la Unión y de EE UU a la hora de defender estándares democráticos libres y justos.
Los observadores internacionales honestos y objetivos hacen varias cosas, pero una de ellas es garantizar a los candidatos, líderes y votantes escépticos que pueden depositar su fe en el proceso.
¿Qué líder democrático o votante con dudas volverá a hacerlo si los árbitros de la UE en este proceso ni siquiera se ponen de acuerdo en los estándares necesarios para garantizar al menos un proceso justo?
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