La Policía de Perú investiga el lavado de activos en la que pudo participar una firma de Andorra que operó en Perú entre 2012 y 2019, con cerca de 1.200 millones de dólares de bonos de Pdvsa.
La firma Crèdit Andorrà (Creand) tuvo operativa una filial en Perú entre los años 2012 y 2019: CA Perú SAC. Ahora, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional de Perú se ha metido en esta filial de Creand, ya que se sospecha que participó en una enorme estafa y blanqueo de 1.200 millones de dólares con bonos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA.
En el epicentro de este escándalo se encuentra el empresario peruano José Eduardo Castillo Carazas, que fue director gerente general de CA Perú SAC en los años 2012 y 2013 y al que la policía peruana –según un informe publicado por el diario La República– señala como el “jefe de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero de origen ilícito”. Con estas actividades delictivas, José Eduardo Castillo Carazas y su esposa, Ana María Soldevilla, han acumulado una gran fortuna, «presentándose los cónyuges como prósperos empresarios con extraños e inusuales signos de riqueza», afirma el informe de la Dirila.
«Money Flight»
El caso que ahora investigan la policía y las autoridades judiciales peruanas arranca en el 2014, a raíz de un procedimiento de la Corte Federal de Miami Sur contra los empresarios colombianos Gustavo Hernández –actualmente, en prisión- y Daniel Pacheco –prófugo de la justicia -, acusados de estafar 1.200 millones de dólares a PDVSA y de blanquear este “botín” a través de CA Perú SAC, donde José Eduardo Castillo Carazas ejercía funciones ejecutivas.
Este escándalo, conocido como Money Flight, se destapó gracias a la delación de un miembro de este grupo de estafadores de altos vuelos, encabezado por Gustavo Hernández Frieri, que encubrían sus actividades delictivas a través de la sociedad Ezeli International Ltd.. Los estafadores, que tenían privilegiadas conexiones con jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, se aprovecharon el sistema de la doble divisa que está vigente en Venezuela (la “fija” y la de la “economía real ”) por perpetrar un desfalco colosal, evaluado en unos 1.200 millones de dólares y que afectó, principalmente a la empresa petrolera PDVSA.
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