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El Fiscal de la CPI afirmó que el régimen de Maduro puso en marcha un plan sistemático para encarcelar y torturar opositores

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Vía Infobae

Karim Khan rebatió los argumentos de la dictadura venezolana que pretende que la Corte Penal Internacional desestime las investigaciones por delitos de lesa humanidad. “Las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales, palizas, ahogamientos y descargas eléctricas “, afirmó

En un lapidario escrito fechado el 30 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El régimen insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. La dictadura, además, acusó a la fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. “La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, afirma la CPI en el informe.

El Fiscal Karim Khan ratifica que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento.

En su investigación, la fiscalía de CPI afirma que ”desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.

Para la Fiscalía, no se trata de temas aislados, la investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…)  sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

“Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, agregó en su informe.

En el escrito, Khan recuerda que se encontró “base razonable” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

Además, denuncia que el régimen de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.

Advierte, también, que estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.

“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI.

El documento de la Fiscalía de la CPI completo

La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso.

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