El gobierno de Nicaragua disolvió la semana pasada otras 26 organizaciones sin fines de lucro, con lo que se elevan a casi 3.500 las ONG ilegalizadas en los últimos cinco años. Analistas advierten que la estrategia del presidente Daniel Ortega es eliminar todo espacio de sociedad civil en el país, a la que ve como «una amenaza”.
Desde la rebelión del 18 de abril de 2018, el régimen ha cerrado universidades, asociaciones de profesionales, artistas, mujeres, agricultores y ganaderos, misiones religiosas, ONG locales y extranjeras que practicaban cirugías gratuitas a los niños. También se ilegalizó a la Academia de la Lengua, decisión que la Real Academia Española (RAE) calificó como un «disparate monumental”.
Pero la noticia quizás más inaudita fue el cierre y confiscación, el pasado 10 de mayo, de la Cruz Roja Nicaragüense, institución mundialmente neutral, y que por decisión del gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo pasó a operar ahora como una dependencia del Ministerio de Salud (Minsa).
La ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua adujo que «en los actos acontecidos en el 2018 (…) algunas filiales de esta asociación (Cruz Roja) actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país».
Rescataron estudiantes heridos
En 2018, las autoridades del Minsa prohibieron la atención en hospitales públicos de los manifestantes heridos en las protestas, muchos de los cuales eran rescatados y evacuados bajo las balas de la policía por voluntarios de la Cruz Roja que también exponían sus vidas.
La Cruz Roja Nicaragüense, fundada en 1931, ofrecía servicios de socorro en emergencias, accidentes y desastres naturales. Contaba con 28 filiales y una red de unos 2.000 voluntarios en todo el país.
Para el médico epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello, reconocido por su vasta experiencia en salud comunitaria, el motivo de la disolución de la Cruz Roja «responde a un plan de eliminación de la sociedad civil, pues se considera a la misma como un enemigo” del régimen de Ortega.
«Después del cierre de más de 3.000 asociaciones sin fines de lucro, utilizando diferentes estrategias, entre ellas el incumplimiento de procedimiento que ellos mismos impedían cumplir, la Cruz Roja era uno de los tres grupos de la sociedad civil aún activos, junto a la Iglesia católica y evangélica”, explicó Argüello en entrevista con DW.
«Era fácil cerrar la Cruz Roja y con ello eliminar una amplia red de voluntariado, que no operaba bajo el control de la pareja gobernante”, indicó.
La Iglesia católica también fue considerada «enemiga” de Ortega por haber cuestionado la represión de 2018. Varios sacerdotes fueron forzados al exilio y tres están en prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel y encerrado en la cárcel Modelo junto a miles de reos comunes. Por el contrario, la Iglesia evangélica se ha mostrado dócil frente al gobierno, que financia buena parte de sus asociaciones, por lo que hasta hoy no han sido clausuradas, observó Argüello.
¿Una Cruz Roja parcial?
El especialista indicó que con el cierre de la Cruz Roja «desaparece la atención sin discriminación” que esta ofrecía, y la población de Nicaragua «se queda sin una institución en quién confiar, tomando en cuenta que el Ministerio de Salud está muy desprestigiado”. Con ello se acaba también la filantropía, pues muchos ya no querrán donar dinero a esa institución estatal.
A juicio de Argüello, esta situación provoca incertidumbre entre el voluntariado y desanima su participación, mientras rompe el vínculo con otras Cruz Roja y ahuyenta la oportunidad de que donantes extranjeros sigan financiando proyectos sociales a una entidad independiente y neutral.
En una reacción inmediata al cierre, la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) expresó su «profunda preocupación” por la medida, advirtiendo que «podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado”. Como es habitual, el régimen de Managua guardó silencio ante esa declaración.
Apenas dos días después de conocerse el cierre de la entidad y la confiscación de todos sus bienes, incluyendo varios inmuebles, el gobierno distribuyó volantes en los que «la nueva Cruz Roja” puso a disposición sus cuentas bancarias para recibir los pagos por trámites de licencia de conducir, un ingreso que antes ayudaba al trabajo de miles de médicos y rescatistas voluntarios.
«Ahora el Ministerio de Salud asume todos los roles, los cobros y el voluntariado, así como los servicios de ambulancia y proyectos comunitarios que la entidad desarrollaba”, comentó Argüello. «Habrá que ver si serán capaces de prestar todos los servicios, manejar el voluntariado y los aportes financieros de los nicaragüenses, además de rendir cuentas a la sociedad, algo rutinario en la Cruz Roja”, agregó.
El gobierno alega que el cierre de las casi 3.500 ONG ilegalizadas hasta hoy es parte de un «proceso de ordenamiento” que les ayudará a «regular” las 7.227 asociaciones sin fines de lucro que se fundaron en el país desde la década de 1980, durante la revolución sandinista y cuando Ortega gobernó por primera vez.
Hacia el absolutismo
Consultada por DW, la cientista social y activista social Haydeé Castillo dijo que el cierre incontenible de las ONG en Nicaragua es «gravísimo», pues revela «una política de Estado que pasa por exterminar la participación ciudadana, violentando un artículo constitucional que establece que todos los nicaragüenses tienen derecho a participar en los asuntos de la Nación».
«El aniquilamiento de las organizaciones de sociedad civil, incluyendo la Cruz Roja, confirma que hay un avance hacia el absolutismo y el totalitarismo, hacia un pensamiento único y un partido único dominado por una familia, los Ortega Murillo», añadió Castillo, exdirectora del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), una de las primeras ONG ilegalizadas tras la revuelta de 2018.
Para el abogado Uriel Pineda, experto en derechos humanos y radicado en México, la disolución de esta entidad «no es el cierre de una ONG más, sino la anulación de la protección humanitaria y el fin de una Cruz Roja neutral” en Nicaragua.
«La adhesión orgánica de la Cruz Roja a la estructura del Estado es totalmente incompatible con la neutralidad que caracteriza (…), así como los principios de imparcialidad e independencia que también rigen a la institución. Ilustrado de forma práctica, si en estos momentos en Nicaragua estallara un conflicto armado o guerra civil (…), la Cruz Roja del régimen no puede brindar la asistencia humanitaria de forma neutral por formar parte de un bando”, razonó en un texto para la publicación Confidencial.
A criterio de Pineda, el país queda hoy «desprovisto de la protección humanitaria y a merced de una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad y está dispuesta a seguirlos cometiendo” para continuar en el poder.
