Las réplicas del doblete sísimico del pasado 24 de junio siguen sacudiendo la realidad de los habitantes del sector Oropeza Castillo, en Guarenas. A cuatro meses del desastre natural, la indignación y la incertidumbre han sustituido a las promesas oficiales.
Los afectados denuncian un entramado de compromisos institucionales incumplidos, exclusión sistemática de la ayuda humanitaria y una devaluación silenciosa que pulveriza cualquier atisbo de recuperación económica para las víctimas.
En los días posteriores al sismo, altos funcionarios de distintas corrientes y niveles del aparato estatal se presentaron en la comunidad para coordinar la contingencia. Entre los señalados por los vecinos se encuentran el alcalde del Municipio Plaza, Antonio Galíndez; Carlos Jugo, jefe del despacho de la alcaldía; Rodolfo Sanz, diputado del PSUV designado como protector de Oropeza Castillo; y María Landaeta, encargada directa de la atención del sector, todos conocidos por los afectados como «los guabinosos».
Las falsas promesas de los 30.000 dólares
De acuerdo con los testimonios recabados directamente de los afectados, la promesa central del Ejecutivo consistió en la asignación de 30.000 dólares por familia, tasados bajo el esquema oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), destinados a la adquisición de viviendas o reparaciones mayores. Sin embargo, la realidad actual desmiente el discurso gubernamental: hasta la fecha no se ha concretado ni una sola venta.
«Cuando tembló la tierra pensamos que lo peor había pasado, pero lo peor vino después con las mentiras del gobierno. Nos miraron a la cara y nos prometieron los 30 mil dólares para reubicarnos. Hoy mis hijos y yo seguimos durmiendo con miedo porque esos reales nunca llegaron y nadie nos da la cara», explican los afectados bajo condición de anonimato.
A este panorama se suma el factor inflacionario y las condiciones macroeconómicas del país. Los días transcurren y el poder adquisitivo de los fondos prometidos se desvanece de forma acelerada. El mercado inmobiliario local ha respondido con total hermetismo; ningún propietario particular está dispuesto a negociar o vender sus inmuebles bajo las restrictivas e inciertas condiciones financieras que pretende imponer el Estado.
El muro del silencio institucional
Ante la parálisis de las soluciones, los damnificados han intentado establecer canales de comunicación y exigir respuestas claras sobre el destino de los recursos. No obstante, la comunidad denuncia que los encargados gubernamentales han cerrado las puertas a sus reclamos, manteniendo un silencio absoluto y evadiendo sus responsabilidades directas.
Antonio Galíndez, alcalde; Carlos Jugo, jefe del despacho de la alcaldía; Rodolfo Sanz, protector de Oropeza Castillo; y María Landaeta, encargada de Oropeza Castillo, son señalados directamente por las víctimas como los funcionarios que no le responden a las familias afectadas, dejando a los ciudadanos en un estado de total indefensión y abandono institucional.
El fiasco de «Venezuela Renace» y el laberinto digital
La oferta de asistencia no se limitó a las asignaciones de vivienda. Las autoridades activaron bombos y platillos para anunciar la entrega de créditos socioproductivos y de emergencia a través del programa «Venezuela Renace». Este plan prometía reactivar la economía familiar y reparar los daños colaterales del desastre.
La ejecución técnica de esta ayuda ha resultado ser otro callejón sin salida para los damnificados. Para acceder a los recursos, el sistema exige la validación de códigos QR específicos. No obstante, los afectados denuncian que estos códigos «nunca aparecen» ni se habilitan en las plataformas correspondientes, bloqueando de forma sistemática el acceso a los créditos y convirtiendo el programa social en una herramienta inaccesible y puramente burocrática.
Exclusión y división: Las familias que «no existen»
El aspecto más crítico de la denuncia radica en la distribución de la ayuda y la categorización de las víctimas. Al momento de la emergencia, las autoridades sectorizaron a la población afectada en diferentes modalidades de resguardo temporal.
«Es una humillación ver cómo a un grupito de 25 personas les dieron de todo y a nosotros, las 105 familias restantes que también lo perdimos todo, nos borraron del mapa. Para ellos simplemente dejamos de existir en sus censos de papel. Nos tiraron a la buena de Dios en un refugio solidario y se olvidaron de que somos seres humanos», afirman.
Los datos epidemiológicos y de control social de la propia comunidad revelan una brecha alarmante en la asignación de beneficios:
- Refugios solidarios priorizados: Un grupo minoritario de 25 personas que fueron ubicadas en albergues específicos recibió la totalidad de los miles de beneficios, enseres y ayudas ofrecidas por el Estado.
- El censo de los invisibles: Un remanente de 105 familias que también debieron acudir a refugios solidarios para salvaguardar sus vidas han sido completamente ignoradas. Para la administración pública, este centenar de hogares simplemente «no existe» dentro de los planes de contingencia ni en los listados de asignación de recursos.
La comunidad de Oropeza Castillo permanece en pie de lucha, exigiendo la unificación de los criterios de ayuda, la indexación real de los fondos prometidos y el cese de la discriminación institucional que hoy mantiene a 105 familias durmiendo bajo el peso del olvido estatal.
