A medida que los esfuerzos empiezan a pasar del rescate a la recuperación después de los terremotos en Venezuela, se ha abierto una grieta en la sociedad del país: la gente está alzando la voz contra su gobierno represivo con una fuerza y una franqueza que no se veían desde hacía años.
Por: Julie Turkewitz – The New York Times
Por toda La Guaira, el estado del norte más afectado por los dos sismos, ciudadanos afligidos han increpado a gritos a policías y a elementos de la Guardia Nacional, acusándolos de quedarse de brazos cruzados mientras civiles y trabajadores humanitarios internacionales buscan a los sobrevivientes y, ahora, a los fallecidos.
En las entrevistas, los venezolanos critican abiertamente al partido gobernante y a su líder, Delcy Rodríguez, algo que habría sido impensable hace tan solo un año.
También están dirigiendo su enojo hacia el gobierno de Donald Trump, que se ha pasado los últimos meses facilitando acuerdos económicos entre empresas estadounidenses y Venezuela, y ha respaldado la gestión del desastre por parte del gobierno.
Al interior de Venezuela, el miedo a la cárcel, la tortura y el exilio forzado, que antes eran motivos de peso para guardar silencio, han pasado a un segundo plano a medida que crecen los sentimientos de frustración e impotencia.
“¿Cómo voy a tener miedo?”, dijo José Silva, de 47 años, que el viernes descansaba en una acera no muy lejos de un gigantesco complejo de viviendas sociales ahora reducido a escombros. En él vivían unas 700 familias.
Silva tenía la ropa empapada de sudor; era de noche, y solo llevaba una parte de su décima jornada sacando a sobrevivientes y cuerpos de debajo de los bloques de hormigón. Arremetió contra el gobierno: la policía solo rescataba a los suyos, dijo, y el gobierno solo había enviado herramientas “de segunda”.
“¿Cómo voy a tener miedo” de expresarse, dijo, “si uno nace para morirse?”
Esta indignación va de la mano de la creciente tensión política en torno al liderazgo de Rodríguez. Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a su predecesor, Nicolás Maduro, en enero y dieron luz verde a su ascenso de vicepresidenta a ocupar la presidencia, el gobierno de Trump describió a Rodríguez como una fuerza estabilizadora.
Antes del terremoto, el presidente Trump dijo que Rodríguez estaba haciendo un “muy buen trabajo” al frente del país.
Pero las críticas a la respuesta del gobierno venezolano ante la catástrofe, sobre todo en las cruciales primeras 72 horas, cuando hay más posibilidades de rescatar a las víctimas con vida, y la creciente indignación en las calles, han puesto en entredicho su capacidad para consolidar esa estabilidad.
La indignación pública también podría complicar la estrategia del gobierno de Trump de apoyar a Rodríguez para que Estados Unidos pueda beneficiarse de los recursos de Venezuela.
El enviado de Trump a Venezuela, John Barrett, ha respaldado a Rodríguez, afirmando en una entrevista televisiva posterior a los terremotos que Washington tenía “mucha confianza” en las autoridades venezolanas.
Pero en los últimos días, un grupo de republicanos de línea dura del Congreso ha redoblado sus críticas a su gestión, pidiendo un cambio político lo antes posible.
“Ahora mismo están fallando en su trabajo”, dijo el diputado Carlos Gimenez, un republicano de Florida, en una entrevista con CNN, en la que calificó a Rodríguez de “dictadora interina”.
Los venezolanos se han reunido frente a la embajada de EE. UU., suplicándole a Barrett que haga más por ayudar a las víctimas. Hace poco, un hombre, gritando a los micrófonos de los medios de comunicación frente a la embajada, arremetió contra Barrett por reunirse con funcionarios del gobierno a los que Estados Unidos había calificado en su momento como criminales y terroristas, mientras las víctimas sufrían “a dos cuadras”.
“El reclamo sí va dirigido a John Barrett”, gritó, “¿por qué no ha atendido a la sociedad civil venezolana, la honesta, la que no se ha robado nada?”
María Corina Machado, la popular líder de la oposición del país, lleva tiempo intentando volver a Venezuela, pero no dispone de pasaporte ni permiso de Rodríguez o de Estados Unidos para entrar en el país.
En una rueda de prensa el jueves, Rodríguez defendió la respuesta de su gobierno ante la catástrofe, afirmando que había enviado de inmediato a 4000 funcionarios para hacer frente a los terremotos, una cifra que había aumentado hasta los 19.000.
“Lo que ocurrió en Venezuela el 24 de junio fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos”, dijo.
En respuesta a las acusaciones de una respuesta estatal deficiente, Rodríguez afirmó varias veces que los “laboratorios mediáticos” se estaban inventando una historia de caos.
Como prueba de la movilización del gobierno, las cuentas oficiales en redes sociales han dado mucha publicidad a un puñado de rescates apoyados por el Estado, incluido uno en el que una decena de equipos de emergencia bien equipados de Chile rescataron a un hombre que había sobrevivido una semana entre los escombros. Rodríguez visitó al hombre en el hospital.
Pero estos videos contrastan mucho con la realidad en La Guaira, donde son los civiles, en zapatillas y camiseta, los que están haciendo la mayor parte del trabajo de rescate y recuperación, usando palas, picos y sus propias manos para sacar de entre los escombros a amigos, vecinos, hijos, cónyuges, hermanos y padres. Algunos ni siquiera cuentan con mascarillas para protegerse del polvo y el hedor de los cuerpos en descomposición.
Rodríguez fue muy criticada en Venezuela por estar desconectada de la realidad después de que la fotografiaron con una chaqueta de esquí de lujo, con el logotipo de la marca italiana Moncler en el brazo, mientras visitaba a las víctimas del terremoto.
“Que ayuda el gobierno, eso es una mentira”, dijo Silva.
Poco después de que hablara, cayó la noche. No muy lejos de allí, un grupo de hombres acababa de descubrir cinco cuerpos en un agujero que habían cavado en la ladera del montón de hormigón destrozado.
Los hombres envolvieron los cuerpos en sábanas y luego los depositaron con cuidado en el suelo. Los sobrevivientes que buscaban a sus familiares se agolparon alrededor, levantando las sábanas en un intento por identificar a los fallecidos. Uno de ellos era el cuerpo de una niña pequeña. Los demás estaban irreconocibles.
Miles de personas se han quedado sin hogar, y el número de muertos, que oficialmente supera los 3500, probablemente sea mucho mayor. En las próximas semanas, el gobierno se verá sometido a una intensa presión para hacer frente a una crisis humanitaria cada vez más compleja.
Frente a otro bloque de viviendas sociales derrumbado, Kimberling León, de 39 años y residente en el complejo, describió la respuesta del gobierno en las horas y días posteriores a los terremotos.
Estaba buscando a sus hijos, de 9 y 13 años, que creía que estaban atrapados entre los escombros.
“Las policías pasaban, normal, grabando, no nos ayudaban”, dijo con voz apagada, como quien todavía se encuentra en estado de shock.
“Les decíamos: ‘ayúdanos, ayúdanos’. No nos ayudaron. Empezamos a cavar con las manos, pero el humo era impresionante. Las llamas eran muy grandes. Las bombonas explotaron”, dijo refiriéndose a los tanques de gas.
Al segundo o tercer día, llegaron una pala y un pico, dijo.
“Empezamos a cavar, cavar, cavar. Le llamamos para ayuda a las máquinas; las máquinas pasaron para los privados, no nos hicieron caso”, dijo, en referencia a
El silencio ha sido uno de los recursos más valiosos en La Guaira, mientras los equipos de rescate intentan distinguir los golpes y las llamadas de cualquier ser vivo que aún pueda estar sepultado bajo los escombros.
A menudo, los equipos de rescate levantan el puño en el aire y piden silencio, indicando a los conductores que apaguen los motores e incluso a la gente que deje de caminar.
Hace poco, llovieron palabrotas sobre los trabajadores del Ministerio del Interior que pasaron a toda velocidad por una zona de silencio con las sirenas a todo volumen. Los civiles golpearon el vehículo con rabia.
Aunque los sismos han dado pie a que la gente descargue años de rabia acumulada, esta indignación pública también podría provocar una represión, lo que lleva a preguntarse cómo respondería Estados Unidos ante cualquier medida represiva.
La última gran revuelta social fue en 2024, después de que el partido gobernante amañara unas elecciones presidenciales.
Las autoridades venezolanas acabaron con las protestas en cuestión de días enviando al ejército a las calles, matando a manifestantes y encarcelando a civiles acusados de muestras de disidencia menores.
La semana pasada, un rescatista voluntario llamado Wilmer Cruz, al que habían grabado hablando abiertamente sobre la respuesta del gobierno, desapareció, según grupos de derechos humanos.
Cuando los activistas acusaron públicamente al gobierno de tomar represalias contra Cruz, las autoridades lo liberaron de la cárcel.
Oscar Murillo, que dirige Provea, una organización de derechos humanos, dijo que la detención le dejó claro que los terremotos no han cambiado el “modelo autoritario” de Venezuela.
