Una amplia coalición de trabajadores de la administración pública, docentes, personal sanitario, jubilados y militares en retiro ejecutó este lunes 16 de noviembre de 2026 un paro nacional activo de 12 horas. La movilización marcó la primera huelga laboral de gran alcance que enfrenta el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y tuvo como detonante principal el rechazo generalizado a los montos depositados por concepto de bonificaciones de fin de año.
De acuerdo con los balances ofrecidos por las organizaciones convocantes, la jornada registró una alta adhesión en sectores estratégicos del Estado. El coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, reportó que cerca del 80% de los trabajadores del área sanitaria se sumaron a la protesta. Durante la jornada, el personal administrativo y obrero suspendió sus labores regulares para participar en asambleas en las puertas de centros asistenciales, como ocurrió en el Hospital Vargas, manteniendo únicamente operativas las consultas diarias y las áreas de emergencia.
En el ámbito educativo, dirigentes sindicales del Distrito Capital estimaron una participación cercana al 60% del gremio docente, a pesar de las denuncias sobre posibles represalias administrativas contra quienes detuvieran sus actividades. En la educación superior, la paralización fue total en la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras que en el oriente del país el personal de la Universidad de Oriente (UDO) efectuó cierres parciales en la avenida Argimiro Gabaldón, vía que conecta a Puerto La Cruz con Barcelona.
La protesta se extendió por más de una decena de estados, entre ellos Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia. En la capital venezolana, los manifestantes bloquearon de manera temporal el tránsito vehicular en la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste. De igual forma, se sumaron concentraciones en sedes de empresas estatales como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), movilizaciones de jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pensionados del Poder Judicial y protestas de efectivos militares en retiro frente a las oficinas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
El detonante económico y las exigencias gremiales
El malestar laboral escaló luego de que el Ejecutivo realizara el pago inicial de los aguinaldos navideños por montos ubicados entre los 75 y 150 dólares (equivalentes a 67.500 bolívares). Los sindicatos calificaron esta cifra como insuficiente frente a los 960 a 1.000 dólares que exigen según el cálculo de sus contratos colectivos y en comparación con bonificaciones superiores otorgadas previamente a otros entes del Estado.
A través de un pliego unificado de demandas difundido durante las concentraciones, las federaciones laborales plantearon cuatro puntos centrales:
- Eliminación del sistema de bonos. Los gremios exigieron derogar los pagos canalizados mediante la Plataforma Patria, argumentando que estas asignaciones carecen de incidencia salarial. Solicitaron que todo el ingreso se integre directamente al salario base, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde el año 2022.
- Ajuste constitucional. Demandaron la homologación inmediata de salarios y pensiones conforme al artículo 91 de la Constitución nacional para garantizar la cobertura de la canasta básica alimentaria.
- Seguridad social y contratos. Exigieron la restitución de las convenciones colectivas vencidas, el pago de prestaciones sociales indexadas y la reactivación de pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad.
- Recálculo navideño. Pidieron una revisión inmediata de los cuatro meses de aguinaldo correspondientes al cierre fiscal de 2026.
Esta jornada de paralización se produce en un contexto de creciente conflictividad laboral, tras acumularse más de 1.100 protestas sindicales a lo largo de 2026. Ante la presión de los gremios, la presidenta encargada anunció recientemente la intención de aplicar ajustes trimestrales a los ingresos de los trabajadores a partir de 2027; sin embargo, las coaliciones sindicales sostienen que la crisis del poder adquisitivo requiere respuestas inmediatas antes de finalizar el año en curso.


