La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una advertencia contundente sobre la situación actual en el país. Según el organismo, en Venezuela persisten los centros clandestinos de detención, lo que representa una violación sistemática a los derechos fundamentales. Esta información fue denunciada por la relatora especial Gloria Monique de Mees.
La relatora subrayó ante el Consejo Permanente de la OEA que estas instalaciones demuestran una ausencia de supervisión institucional efectiva. Para la CIDH, la existencia de estos lugares no es un hecho aislado, sino que pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones. Es imperativo obtener información verificable sobre el estado de los detenidos.
Exigencias de transparencia internacional
Según reportes obtenidos por la AFP, la CIDH reitera la urgente necesidad de contar con información transparente y actualizada sobre las liberaciones. Hasta el 19 de enero, se contabilizaban apenas 143 detenidos políticos que habían salido de prisión. La relatora exige detalles sobre las condiciones bajo las cuales se otorgan estas libertades.
Venezuela atraviesa un periodo de incertidumbre bajo el “estado de conmoción exterior” decretado el pasado 3 de enero. Esta medida se tomó tras la salida de Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York. El exmandatario espera juicio junto a su esposa por graves cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.
La CIDH ha solicitado información detallada sobre la aplicación de dicho decreto de conmoción. Específicamente, el organismo busca conocer el número exacto de personas detenidas bajo esta disposición legal. También resulta prioritario identificar los centros de reclusión donde se encuentran estas personas actualmente.
Presión de Estados Unidos y lentitud en los procesos
La llegada de Delcy Rodríguez al poder, quien anteriormente ocupaba la vicepresidencia, estuvo marcada por la presión del gobierno estadounidense. Esta influencia externa fue determinante para que el gobierno acordara la liberación de los presos políticos. Sin embargo, familiares denuncian que este proceso está siendo sumamente lento.
A raíz de los anuncios oficiales del 8 de enero, muchas familias han decidido romper el silencio que mantenían por temor. Según informó la agencia EFE, organizaciones no gubernamentales han registrado un incremento en los reportes de casos previos a esa fecha. El miedo a represalias había impedido que cientos de detenciones fueran denunciadas formalmente.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, reveló que han recibido centenares de llamadas sobre situaciones no reportadas anteriormente. Entre el 8 y el 20 de enero, la ONG confirmó 122 nuevos casos de presos políticos. Cada uno de estos expedientes ha sido evaluado bajo estrictos estándares internacionales de derechos humanos.
El olvido como el peor enemigo del prisionero
Himiob enfatizó que el silencio es perjudicial para quienes están privados de su libertad por motivos políticos. A menudo, las autoridades policiales y tribunales intimidan a los familiares para que no denuncien las irregularidades. Sin embargo, el Foro Penal insiste en que la denuncia es la única vía para evitar que los casos queden en el olvido.
Hasta el 19 de enero, el Foro Penal contabilizaba un total de 777 presos políticos en todo el país. Por otro lado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) maneja cifras que superan los mil detenidos. Margareth Baduel, integrante de este comité, lamenta que la cifra total no disminuya de manera significativa.
Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, explicó que cada día se suman más personas a las listas de las organizaciones. Esto ocurre porque muchos familiares finalmente deciden exponer sus casos tras años de mantener un perfil bajo. La esperanza de un cambio político ha motivado a cientos de personas a exigir justicia públicamente.
La lucha incansable de los familiares en Rodeo I
Muchos parientes se han trasladado a centros de reclusión como la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda. Allí, personas como Massiel Cordones, madre del teniente José Ángel Barreno, mantienen una vigilia constante. A pesar de las carencias y la falta de alimentos, aseguran que permanecerán en el lugar hasta que salga el último.
Mirian Marrero, madre de Carla Da Silva, es una de las tantas voces que claman por la libertad de las mujeres detenidas. Según el Foro Penal, existen 99 mujeres prisioneras por motivos políticos en Venezuela. Marrero espera que su hija pueda finalmente recuperar su vida tras años de injusto encierro.
La gravedad de la situación se refleja también en las cifras de fallecimientos dentro de los centros de reclusión. El CLIPP asegura que, desde el año 2014, se han registrado al menos 26 muertes bajo custodia del Estado. Los familiares exigen investigaciones independientes para que estos casos no queden en la impunidad total.
