En la mañana del 10 de junio de 2025, el suroeste de Colombia se estremeció con una serie de atentados coordinados que dejaron un saldo devastador: al menos siete personas muertas, incluyendo dos policías y dos civiles, y decenas de heridos. Este episodio, descrito por medios como una “jornada de horror”, marcó un punto crítico en la creciente ola de violencia perpetrada por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias “Iván Mordisco”.
El 10 de junio de 2025, las regiones de Cauca y Valle del Cauca fueron escenario de 24 ataques coordinados, según reportes de la organización ASIS International. Los atentados, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las FARC, incluyeron carros bomba, motocicletas con explosivos, disparos con rifles y posiblemente el uso de drones. Los objetivos principales fueron estaciones de policía, edificios municipales y civiles en zonas urbanas y rurales. En Cali, una de las ciudades más afectadas, las explosiones resonaron cerca de estaciones policiales, causando pánico y daños materiales significativos.
En Corinto, Cauca, un carro bomba detonó frente a una subestación policial, matando a un civil y dejando varios heridos. En Caloto, un francotirador acabó con la vida de un patrullero, mientras que en El Bordo, otro ataque con explosivos dejó daños estructurales. Según el Informe del Consejo de Seguridad de la ONU, estos ataques reflejan una intensificación de la violencia en regiones estratégicas para el narcotráfico, como el Cañón del Micay, donde las disidencias buscan mantener el control territorial.
El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas que se remontan a la década de 1960, cuando surgieron las FARC como un grupo guerrillero marxista-leninista. Aunque el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC logró la desmovilización de más de 13,000 combatientes, varios grupos disidentes, como el EMC, rechazaron el acuerdo y continuaron operaciones armadas. Según el Informe de Human Rights Watch de 2024, estas disidencias, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, han perpetuado la violencia, alimentada por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.
En 2025, la situación se agravó. El Informe de ACLED señala que los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad aumentaron un 21% en 2024, tendencia que continuó en 2025. Las disidencias de las FARC, particularmente el EMC, intensificaron sus ataques tras la ruptura de negociaciones de paz en abril de 2024, según el Reporte de la BBC. La suspensión de los diálogos, ordenada por el presidente Gustavo Petro, se debió a la percepción de que los grupos armados no mostraban voluntad de paz.
Los atentados del 10 de junio no solo afectaron a la Fuerza Pública. Según el Informe de Justice for Colombia, la violencia en Cauca y Valle del Cauca también cobró la vida de activistas comunitarios y excombatientes de las FARC reintegrados a la vida civil. Por ejemplo, Yidwar Mondragón, un exguerrillero y líder del Colectivo Jonathan Sabogal, fue asesinado el 27 de junio en Candelaria, Valle del Cauca. Este caso resalta la vulnerabilidad de quienes participan en el proceso de paz, con más de 290 excombatientes asesinados desde 2016.
Además, la población civil sufre las consecuencias indirectas. El Informe de la ONU reporta que entre enero y abril de 2025, 65,000 personas fueron desplazadas en el noreste de Colombia, especialmente en Catatumbo, debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. En Cauca, las comunidades indígenas, como los Nasa, enfrentan amenazas y desplazamientos forzados, según el Reporte de Human Rights Watch.
El gobierno de Gustavo Petro, que asumió el poder en 2022 con la promesa de una “paz total”, ha enfrentado críticas por los resultados limitados de su estrategia. Según el Análisis de International Crisis Group, las negociaciones con grupos armados han sido inconsistentes, y la reanudación de operaciones militares en 2024 buscó presionar a los grupos que violaron los ceses al fuego. Sin embargo, el Reporte de ACLED indica que estas operaciones han desviado recursos de los grupos armados, reduciendo temporalmente los enfrentamientos entre ellos, pero no los ataques contra civiles o la Fuerza Pública.
El Ministerio de Defensa colombiano desplegó 9,352 soldados y 795 policías en operaciones simultáneas en regiones como Catatumbo tras los enfrentamientos de enero de 2025. Sin embargo, la BBC reporta que los grupos armados han adaptado tácticas, incluyendo el uso de drones, como se vio en un ataque en Buenaventura en agosto de 2025, que mató a tres soldados.
La violencia en Colombia no solo se mide en bajas. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 2024 fue el año con peores consecuencias humanitarias en los últimos ocho años, con un aumento del 45% en incidentes violentos en los primeros tres meses de 2025. El desplazamiento forzado alcanzó a 7.3 millones de personas, posicionando a Colombia como uno de los países con mayor número de desplazados internos a nivel global.
La región del suroeste, especialmente Cauca y Valle del Cauca, sigue siendo un epicentro de violencia debido a su importancia para el narcotráfico. El Informe de ACLED destaca que la fragmentación de los grupos armados y la competencia por rutas de droga alimentan el conflicto. La reanudación de diálogos regionales, como los iniciados con la Segunda Marquetalia en Tumaco, ha mostrado resultados limitados, pero aún enfrenta desafíos por la falta de compromiso de algunos grupos.
La “jornada de horror” del 10 de junio de 2025 es un recordatorio de la fragilidad del proceso de paz en Colombia. Aunque el acuerdo de 2016 marcó un hito histórico, la persistencia de grupos disidentes y la incapacidad de desmantelar economías ilegales han perpetuado la violencia. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, el conflicto ha dejado más de 220,000 muertos y 5.7 millones de desplazados desde 1964, cifras que podrían seguir creciendo si no se abordan las causas estructurales como la desigualdad y el control territorial.
El camino hacia la paz requiere un enfoque integral que combine presión militar, diálogos efectivos y protección de comunidades vulnerables. Mientras tanto, la Fuerza Pública y los civiles en regiones como Cauca y Valle del Cauca siguen enfrentando el impacto de un conflicto que, lejos de resolverse, parece intensificarse. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, continúa monitoreando la situación, pero el éxito dependerá de la voluntad de todas las partes para priorizar la seguridad y los derechos humanos.
