Por morfema.press
El relato oficial
• Venezuela (Delcy Rodríguez): Anuncia acuerdo «histórico» para desarrollar 17 campos petroleros con inversiones privadas de más de $100.000M y recaudación tributaria de $209.000M. Promete «renacimiento económico» y soberanía energética.
• EE. UU. (Trump y Rubio): Trump afirma que EE. UU. obtendrá el «control mayoritario» sobre 65.000M de barriles sin costo para sus contribuyentes, duplicando sus reservas y bajando la gasolina. Rubio lo vende como «victoria bilateral» con inversión privada.
Un anuncio coordinado a dos bandas entre Caracas y Washington busca presentar lo que califica como la mayor transacción energética en la historia reciente de Venezuela: el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con la participación del sector privado. Sin embargo, para entender el alcance real del anuncio no hace falta revisar la letra pequeña de un contrato que nadie ha visto, sino aplicar el filtro de la coyuntura: en Venezuela no ha cambiado nada, el calendario electoral estadounidense aprieta, y la retórica de Washington responde a una fórmula ya conocida.
Por un lado, Delcy Rodríguez vistió la negociación con narrativa de soberanía y «renacimiento económico», prometiendo una inyección de más de 100.000 millones de dólares y tributos por 209.000 millones. Por el otro, Donald Trump y Marco Rubio aseguraron desde la Embajada estadounidense que la operación otorgará a empresas norteamericanas el «control mayoritario» de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, prometiendo duplicar las reservas de EE. UU. y abaratar la gasolina.
La diplomacia del titular grandilocuente
Para los analistas que siguen la comunicación política en Washington, las promesas alrededor del crudo venezolano encajan de forma precisa en el patrón de anuncios hiperbólicos que ha caracterizado la agenda del mandatario estadounidense cuando necesita marcar la pauta mediática:
El catálogo de las megapromesas de Trump: La propuesta de la «anexión de Groenlandia», el plan para la «reconstrucción de Gaza», la resolución inmediata de la guerra entre Rusia y Ucrania o las promesas de inversiones multimillonarias para la reindustrialización interna (in-land) de EEUU, forman parte de una misma estrategia retórica: lanzar cifras astronómicas y metas colosales que rara vez se traducen en acuerdos operativos o sostenibles en el tiempo. O describen situaciones propias del realismo mágico, como el que la gente en Venezuela está feliz bailando en las calles.
La realidad en el terreno: Mientras en Washington se vende la idea del «control mayoritario» sobre el petróleo venezolano de cara a las elecciones de noviembre, la realidad en Caracas sigue intacta. Sin reformas institucionales, sin garantías jurídicas reales y con una infraestructura petrolera colapsada tras años de desinversión, la llegada de 100.000 millones de dólares en capital privado pertenece, por ahora, al terreno de la ficción política.
Relatos cruzados para consumo interno: El contraste entre la «soberanía» que proclama Miraflores y el «dominio» que celebra la Casa Blanca demuestra que el pacto es, ante todo, una herramienta de propaganda bilateral. Una «ayudaíta» entre ambos. Cada parte comunica lo que su respectiva audiencia necesita escuchar.
Sin contratos publicados ni cambios estructurales sobre la mesa, el anunciado «acuerdo histórico» se perfila más como otro titular efectista diseñado para la campaña electoral en Estados Unidos que como un verdadero plan de negocios para la industria energética.
Es el clásico juego de espejos: en Caracas se vende como soberanía tributaria y desarrollo nacional, mientras que en Washington se celebra como la toma de control de un activo estratégico hemisférico
Expertos independientes advierten sobre los tres condicionantes que ensombrecen el entusiasmo oficial bilateral
1- Marco legal en duda: La Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela exige que el Estado mantenga el control mayoritario en las empresas mixtas. El anuncio de Trump sobre un «control mayoritario estadounidense» sugiere reformas legislativas aún no explicadas por la Asamblea Nacional ni detalladas por el Ejecutivo.
2- Riesgo país e infraestructura: Atraer $100.000 millones en capital privado a un sector golpeado por años de desinversión, deterioro de infraestructura y volatilidad institucional requerirá garantías jurídicas que van mucho más allá de una licencia de la OFAC o un post en Telegram.
3- Sostenibilidad política: El giro radical en la relación bilateral —que pasa de las sanciones coercitivas y la confrontación ideológica al codiseño de la política energética— deja abiertos interrogantes sobre la estabilidad de los compromisos a corto, mediano y largo plazo.
En fin, sin contratos en mano, con leyes contrapuestas y una infraestructura en ruinas, lo único realmente «histórico» del anuncio es la capacidad de ambas partes para coordinar un espejismo publicitario. En Caracas seguirá faltando la luz y la gasolina, mientras que en Washington el titular habrá cumplido su objetivo antes de que abran las urnas en noviembre. Al final, como casi todo en esta diplomacia de utilería, no es más que humo para consumo de sus propios creyentes. Eso, «es lo que es». (MP)
