El coordinador general de la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, calificó como una «muy mala señal» y «negativo» que desde Miraflores no se hayan planteado derogar la Ley contra el odio sino su reforma parcial para despenalizar el instrumento legal aprobado por la Constituyente ilegítima de 2017.
«Es una mala señal y un mensaje muy negativo para las víctimas y las familias que han sufrido por la persecución política, por la represión«, dijo en entrevista con Román Lozinski este martes 6 de octubre en el Circuito Éxitos.
Murillo recordó que además de la persecución, el encarcelamiento y juicios injustos este instrumento provocó «un efecto paralizante» en la libre expresión de ideas y críticas. El chavismo la usó para detener a personas consideradas opositoras a su régimen para detenerlos por expresar opiniones en redes sociales, exigir mejores salarios o cuestionar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
«La forma en que está escrita abre las puertas a una discrecionalidad muy peligrosa y es concreto con personas encarceladas». Recordó como en noviembre de 2024 lo citaron al Cuerpo de Inveestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cuando la ONG exigió una investigación imparcial por el asesinato de un dirigente política en la zona fronteriza con Colombia.
No solo hubo encarcelados, también despedidos
Citó casos de trabajadores de las empresas básicas de Guayana (Bolívar) despedidos por manifestar una parcialidad política o criticar a sus jefes, a otros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a quienes desmejoraron salarialmente por demandas laborales o el caso de periodistas perseguidos por informar.
«Tenemos que recuperar las garantías para que los venezolanos puedan discutir y debatir sobre el país que queremos», sin que existan riesgos de persecución como ha pasado desde la aprobación de la Ley contra el odio.
La ONG Foro Penal dijo que desde la entrada en vigencia de la norma hay 927 personas judicializadas por delitos de incitación al odio, 6 de ellas privadas de libertad y 638 con medidas cautelares. Mientras que Cecodap, otra organización de la sociedad civil, dijo que entre 2024 y 2025 lo hicieron con 118 adolescentes.
El pasado 29 de septiembre la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la reforma parcial de este instrumento para eliminar los delitos que contempla, entre ellos prisión de 10 a 20 años. Este lunes, 5 de octubre, se instaló la comisión parlamentaria que trabajará en los cambios. Dijeron que discutirán un proyecto, luego de tenerlo lo presentarán a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de llevarlo a la Asamblea Nacional.
Además, se aseguró que la discutirán con víctimas de delitos de odio, con posibles afectados por la mala aplicación de la ley, así como como universidades, ONG y medios de comunicación. Al igual, esperan cambiarle el nombre para que sea más propositiva y enfocada «en la paz».
Murillo insistió en que es un «inconstitucional» aprobada en un momento de crisis institucional en 2017 que aún no ha sido superada.
«El sufrimiento y el daño que ha causado en el país, sino también en las instituciones sociales nos llevaría a concluir que la mejor manera para poder superar estas barreras a la participación política, y lo que ha causado, sería la derogación de esta ley. Incorporó una profundización de la penalización al llevar a la causa penal un tema que es absolutamente civil», explicó.
