El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sopesa una profunda remodelación ministerial para contener el daño político provocado por una creciente trama de corrupción que salpica directamente a miembros de su Ejecutivo y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el centro de la tormenta figura el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuya salida del Gobierno podría ser inminente.
Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez intenta anticiparse a la publicación del informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que podría implicar de lleno a Torres en la llamada «trama del petróleo venezolano», una red de intereses privados y favores políticos para importar crudo desde Venezuela a través de una empresa privada bajo condiciones opacas y presuntamente corruptas.
De acuerdo con investigaciones publicadas por The Objective, Torres habría mantenido al menos cuatro reuniones con los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas para facilitar el establecimiento de una refinería en Canarias. El objetivo: sustituir a República Dominicana como escala para el refino clandestino de petróleo venezolano, importado a España mediante la empresa Villafuel SL. Según testimonios, hasta 11 buques petroleros, cada uno con 40.000 toneladas de crudo, habrían arribado al país por esta vía.
La empresa Villafuel obtuvo una licencia de operadora de hidrocarburos gracias a gestiones atribuidas al exministro José Luis Ábalos. Como contraprestación, la trama habría pagado 90.000 euros directamente a la sede socialista de Ferraz y habría financiado la adquisición de un chalet en Cádiz como «regalo encubierto» al propio Ábalos.
Esta “trama milmillonaria” del petróleo se investiga desde octubre de 2024 en la Audiencia Nacional, y amenaza con arrastrar a figuras clave del partido y del Gobierno. La exsocia de Aldama, Carmen Pano, ya ha declarado en medios y ante las autoridades los detalles del supuesto pago de comisiones y manipulación de contratos públicos.
Además de Torres, se da por segura la salida de Elma Saiz, ministra de Inclusión y figura cercana a Santos Cerdán, implicada en maniobras para beneficiar a una empresa adjudicataria de obras públicas en Navarra. Otras carteras también podrían ser renovadas, en un intento de Sánchez por “extirpar el cáncer” que amenaza con desestabilizar su mandato.
En medio del escándalo, Moncloa evalúa blindar a figuras como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y promover a Carlos Cuerpo como vicepresidente económico, al tiempo que perfila nuevos rostros para reforzar el relato y la cohesión interna de su equipo.
El caso, que une corrupción, tráfico de influencias y comercio clandestino de petróleo en colaboración con el régimen de Nicolás Maduro, podría escalar a nivel diplomático y judicial internacional en las próximas semanas.
