Pese a definirse como el Gobierno más feminista de la historia, el Ejecutivo formado por el Partido Socialista Y Unidas Podemos ha terminado siendo todo lo contrario a lo que las mujeres esperaban.
Con las calles de España más inseguras que nunca como consecuencia de la ley del «sólo sí es sí», el «borrado» de las mujeres que puede suponer la ley trans y una ley contra la «violencia de género» que sigue sin salvar ni una vida, este 8 de marzo el feminismo se presenta más dividido que nunca y, a diferencia de las movilizaciones que se celebraron antaño, la feministas ya no sólo protestan contra el «patriarcado» sino que en esta ocasión también lo hacen contra el Gobierno.
Ley del «sólo sí es sí»
El proyecto «estrella» de Irene Montero, la ley del «sólo sí es sí», que venía a convertir España en un país más seguro para las mujeres en el que los jueces no preguntasen a la víctima si llevaba la falda muy corta después de una agresión sexual, está infestando las calles de violadores. Más de 720 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas tras la aplicación de la norma y al menos 74 han sido excarcelados, según la última actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número ofrecido por los jueces es siempre aproximado ya que, tal y como advierte el propio Consejo, no todos los órganos judiciales están aportando la información por lo que en la suma pública solo figuran las salidas de prisión confirmadas y comunicadas.
Los delincuentes sexuales que se han visto beneficiados hasta ahora de la ley del «solo sí es sí» son, previsiblemente, muchos más de los que se tiene constancia, y serán muchos más ya que, como también ha dicho el CGPJ, las consecuencias de esta norma son «irreversibles» y provocará hasta 4.000 rebajas dentro de los próximos cinco años.
Una reforma de la ley, como propone el PSOE después de ver la «alarma social» que ha provocado y que las elecciones autonómicas y municipales están cada vez más cerca, no cambiará el escenario. Todas los condenas impuestas antes de que entre en vigor la reforma, si es que se aprueba en algún momento, serán susceptibles de revisión ya que, según el Código Penal, siempre se ha de aplicar la norma «más favorable al reo».
Por lo tanto, una reforma de la ley del «sólo sí es sí»–que Podemos considera una «traición» al feminismo– solo sería aplicable para los delitos que se cometan una vez haya entrado en vigor. De ahí que haya más de 4.000 condenas que pueden ser revisadas.
Una ley contra la «violencia de género» que no salva vidas
Pese a que la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el actual Ejecutivo no ha hecho cambios en la normativa que se vean reflejados en un menor número de asesinatos por «violencia machista». Al contrario, conforme pasan los años, cada vez se registran más denuncias y más muertes.
Desde que entró en vigor la norma en 2004, unas 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y el número de denuncias ha ido aumentando cada año. El número de víctimas también aumentó en el último año, con un ascenso de un 9,41% respecto a 2021 y 47.955 víctimas de maltrato.
Con la llegada de Irene Montero al Gobierno, la partida destinada a estas políticas se incrementó en 100 millones de euros.
Sin embargo, el aumento de dinero no ha venido de la mano de una reducción de asesinatos. Mientras en 2020 se registraron 48, en 2022 fueron 49. Además, el último mes de diciembre cerró como el más negro de la historia contra la «violencia de género» desde que se tienen registros.
Aún así, este 2023 el presupuesto destinado a la lucha contra la «violencia de género» sigue aumentando: frente a los 220 millones que la ministra recibió el primer año para combatir esta lacra, la ministra recibirá para este más de 320 millones, lo que supone un incremento del 45%.
A la poca efectividad de la ley se suma la incertidumbre sobre el uso del dinero, del que no se conoce a ciencia cierta su destino. Se sabe que el Ministerio de Igualdad gastó en 2020 más de 120.000 euros en poner moradas las letras de la publicidad de Sanidad contra el Covid, más de dos millones de euros en su campaña El hombre blandengue para criticar la masculinidad, más de 250.000 en reformas y mudanzas en la sede de Igualdad o, más recientemente, 8.000 euros en una comida en el Ministerio para celebrar el 8M.
Sin embargo, el destino del dinero destinado a la lucha contra la «violencia de género» es tan dudoso que hasta las propias feministas han denunciado la «pésima gestión» que del presupuesto hace Irene Montero y han solicitado una auditoría para saber dónde va y evitar que se destine a cualquier cosa que no sean las víctimas.
Un ministerio de Igualdad que defiende el velo islámico
La ministra de Igualdad es una acérrima defensora de uno de los símbolos más claros de discriminación de la mujer en el islam: el velo islámico. Una prenda que incluso las feministas consideran que es la «bandera del patriarcado».
En los casi tres años que lleva como ministra de Igualdad, Montero no ha pronunciado ni una sola crítica a la imposición del velo.
Es más, desde Igualdad se ha defendido y promovido su uso. En diciembre, el ministerio lanzó una campaña en contra del racismo en el que exhibía a una mujer con velo islámico y exigía a las empresas que contraten a personas que lleven este código de vestimenta. La campaña coincidió con las históricas revueltas de mujeres en Irán contra la imposición del velo tras el asesinato de Masha Amini en el país por no llevar bien puesto el hiyab –un asesinato sobre el que, por cierto, la ministra tardó más de una semana en pronunciarse pese a su relevancia internacional–.
En otra ocasión, la ministra llegó incluso a comparar la violencia que sufren las mujeres de Afganistán con la que sufren en España al denunciar que «todas las culturas y todas las religiones tienen formas con diferentes niveles de dureza». En una entrevista en Radiocable, Montero opinó que en todos los países hay formas «de oprimir a las mujeres». «Eso pasa en Afganistán pero también pasa en España con unas tasas intolerables de asesinatos machistas», aseguró.
En los perfiles de Twitter y Facebook de Montero, del Ministerio y del Instituto de las Mujeres no hay ni una solo tuit que contenga la palabra «velo» o «islam».
Una ley trans que «borra» a las mujeres
Además de la indefensión en la que la ley trans deja a los menores de edad que, desde que entró en vigor la norma, pueden iniciar los trámites para cambiar su sexo registral sin el permiso de los progenitores, diversos colectivos feministas han criticado la norma que consideran «contraria a los derechos de las mujeres basados en el sexo y a la integridad de la infancia», además de que «el sexo no se puede elegir» y, por tanto, elegir el sexo en el Registro «no es un derecho».
La Alianza contra el borrado de las mujeres sostiene que no hace falta una ley para personas transexuales, puesto que ya hay una desde 2007, y hace hincapié en que la nueva norma «no es una ley para este colectivo, sino para cualquier persona mayor de 16 años que quiera con una visita al Registro Civil cambiar el sexo legal sin que tenga ninguna clase de disconformidad con su cuerpo que le genere un sufrimiento por no querer ser leído como un varón por la sociedad».
Por otro lado, la ley abre la puerta a que las personas transexuales puedan competir en las categorías femeninas deportivas si es que están registradas como mujeres, lo que acaba de un plumazo con el principio de Igualdad que debe regir en las competiciones. Las consecuencias de esto ya se han visto en el «terreno de juego» y sirva un ejemplo: el del nadador transgénero Lia Thomas.
Además, la redacción de la norma deja claro que las personas que se cambien de sexo en el Registro Civil tienen derecho a ser tratadas conforme a su nueva identidad a todos los efectos. Esto significa que un hombre que se autodetermine mujer no podrá ser denunciando en el marco de la Ley de Violencia de Género. La propia secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, confirmó este extremo al afirmar en su cuenta de TikTok que «una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino violencia intragénero o intrafamiliar».
Pese a todo, el presupuesto del Ministerio de Igualdad sigue aumentando
Pese al pésimo resultado que para las mujeres españolas ha tenido la creación del Ministerio de Igualdad y la popularidad en mínimos de la ministra –en noviembre una encuesta de NC Report aseguró que el 53% de los encuestados estaba a favor de la dimisión de la ministra– el presupuesto de Igualdad ha aumentado en 2023 en 47 millones, un 9% más que en 2022, alcanzado la cifra de 573 millones.
Además, la partida en políticas contra las «violencias machistas» llega a los 320 millones de euros, llegando a un 56% del total. Todo esto hace que en esta legislatura se haya aumentado el presupuesto en 392 millones de euros respecto a 2019, un aumento del 217%, pasando de 181 millones de euros a 573.
