Dos fallos judiciales en Estados Unidos allanaron esta semana el camino para la autorización de la venta de acciones de Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA, y poder compensar a empresas expropiadas y tenedores de bonos impagos.
Ambas decisiones, una de ellas de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, son pasos jurídicos trascendentales para que una decena de empresas estatizadas y acreedores de bonos incumplidos por PDVSA puedan cobrar a Venezuela sus deudas mediante la subasta de acciones de Citgo, en los próximos meses, según expertos.
La Voz de América detalla las recientes sentencias y los pormenores del largo y complejo caso judicial que involucra la filial petrolera, con sede en Estados Unidos.
La voz de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una solicitud de revisión de un fallo del juez Leonard Stark, de Delaware, quien ordenó el año pasado la subasta final de acciones de Citgo en junio de 2024 para honrar los compromisos de Venezuela con un grupo de firmas afectadas por expropiaciones y bonos vencidos.
El recurso lo introdujo la junta ad hoc designada por la oposición venezolana, que desconoció en 2019 a Nicolás Maduro como presidente y reconoció como tal al líder del Parlamento de 2015, Juan Guaidó, para gerenciar la estatal petrolera.
Esa directiva rechaza la subasta de acciones por orden judicial e insiste, en cambio, en que es posible negociar los pagos de esas acreencias, en medio de reportes de utilidades superiores a los 2.500 millones de dólares al año de la filial desde 2022.
El nuevo fallo del juez Stark
El juez Leonard Stark, cuya corte en Delaware forma parte del circuito judicial federal de Estados Unidos, acreditó a un grupo adicional de 10 compañías para que participen y reciban ganancias de la subasta de las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo.
Stark es el juez que aprobó en 2020 la venta de la filial petrolera venezolana para que la minera canadiense Crystallex cobrara una deuda calculada entonces en 1.400 millones de dólares como compensación de una expropiación sufrida en Venezuela.
El gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez confiscó en 2010 la mina Las Cristinas, en Guayana, sin compensarla. Crystallex ganó en 2016 un arbitraje del caso.
Si bien recibió más de 400 millones de dólares de Venezuela como parte de un acuerdo, Crystallex reanudó sus acciones legales para cobrar el resto de la deuda y sus intereses en un contexto de default del país suramericana a partir de 2017 y de sanciones económicas de Estados Unidos, que impedían esas transacciones.
La de Crystallex fue la primera demanda introducida con éxito en Estados Unidos en contra de Citgo bajo la figura del “alter ego”.
Comúnmente, las empresas públicas y las naciones son consideradas entes distintos, pero Crystallex, primero, y otros, luego, argumentaron exitosamente que PDVSA es “alter ego” de Venezuela, es decir, una representación más de su gobierno ante la ley.
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