Los procedimientos judiciales en las situaciones Filipinas y Venezuela comparten una línea de tiempo similar en la Corte Penal Internacional (CPI). El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre ambas situaciones. Durante los años siguientes, se analizaron documentos de organismos internacionales, víctimas y ONG. A medida que las pruebas se acumularon, la CPI autorizó el inicio de investigaciones.
Por: Juan Carlos Gutiérrez – El País
Tanto Filipinas como Venezuela impugnaron la jurisdicción de la CPI, argumentando que sus sistemas judiciales podían hacerse cargo de los crímenes. Sin embargo, la Fiscalía demostró que las investigaciones nacionales eran insuficientes, pues no reflejaban una voluntad real de procesar a los responsables ni garantizaban justicia a las víctimas. En 2019, Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, mientras que Venezuela sigue siendo Estado parte. Sin embargo, aunque el Gobierno filipino ha rechazado cooperar con la Fiscalía, la CPI conserva jurisdicción sobre los crímenes cometidos hasta el 17 de marzo de 2019. Recordemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por su parte, el Estado venezolano ha firmado dos Memorandos de Entendimiento (MoU) con la Fiscalía de la CPI, en 2021 y 2023, pero el Gobierno de Maduro no ha cumplido sus compromisos. Por un lado, simula cooperación; por otro, mantiene la impunidad, no existen procedimientos genuinos ni avances en aspectos legislativos, judiciales ni disciplinarios que evidencien voluntad del Estado. Incluso, existen suficientes pruebas y testimonios de un incremento exponencial de crímenes de lesa humanidad desde la elección presidencial de 2024. El doble discurso del Gobierno venezolano refleja una estrategia de dilación: mientras declara su intención de colaborar con la Fiscalía, los procedimientos judiciales nacionales no avanzan, la impunidad persiste y los crímenes de lesa humanidad continúan.
En 2021, ambos procedimientos avanzaron en paralelo. El 14 de junio, la Fiscalía en La Haya solicitó autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar la fase de investigación sobre la situación de Filipinas y, el 15 de noviembre, el fiscal Karim Khan desde Caracas informó oficialmente el inicio de la investigación sobre la situación de Venezuela I. Los jueces de la CPI respaldaron esta conclusión: primero, en julio de 2023, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de seguir adelante con la investigación en Filipinas. Y posteriormente, en marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones ratificó la misma decisión sobre Venezuela. Cabe destacar que la representante de las víctimas en la Situación Venezuela I, Paolina Massida, invocó la decisión previa en la Situación Filipinas como precedente jurisprudencial en favor de la jurisdicción de la CPI, para continuar las investigaciones.
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