El Tribunal Supremo de España anuló un informe de su Junta de Fiscales después de que un miembro de la sala de lo penal propusiera retirar los cargos de terrorismo contra el fugitivo y eurodiputado separatista catalán Carles Puigdemont.
El informe de Álvaro Redondo se opuso a una investigación del Tribunal Supremo sobre los cargos de terrorismo presentados contra Puigdemont a finales del año pasado por un tribunal inferior. Estos cargos forman parte de una investigación sobre los disturbios liderados por el grupo separatista catalán Tsunami Democràtic.
Cualquier amnistía ha sido controvertida social, política y legalmente, ya que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, está desesperado por apaciguar a los catalanes, principalmente a los del partido de Puigdemont. Pocos expertos jurídicos han dado su apoyo al proyecto de amnistía claramente político, y fallos recientes que incluyen cargos de terrorismo contra Puigdemont y otros separatistas sólo han complicado el asunto.
Puigdemont, un fugitivo que continúa liderando el partido separatista Junts Per Cat, también es expresidente regional de Cataluña y en ese cargo dirigió el referéndum ilegal de 2017 sobre la independencia catalana. Luego huyó de España y desde entonces permanece en Bélgica. Otros líderes del referéndum unilateral fueron juzgados y declarados culpables de diversos delitos en 2019. Los disturbios, vistos como una reacción al veredicto de culpabilidad contra los organizadores del referéndum , en el presente caso siguen siendo la base de una acusación que se abre paso en los tribunales. . Puigdemont está acusado de haber ayudado a instigar estos disturbios, provocando un caos generalizado y daños materiales en Barcelona.
Según medios españoles, se armó furor entre el grupo de fiscales que debía evaluar y aprobar el informe al conocer que Redondo había propuesto inicialmente procesar a Puigdemont pero cambió su informe tras una reunión con el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Ortiz fue designado para ese puesto en 2022 por Sánchez, quien ahora está tratando de forzar una amnistía para los separatistas catalanes como parte de su acuerdo con los catalanes a cambio de su tan necesario apoyo a su gobierno.
Tras una reunión de cuatro horas , la fiscalía puso otro obstáculo a la amnistía, al coincidir con el juez que llevaba inicialmente el caso y su decisión de acusar a Puigdemont de terrorismo.
En una medida sin precedentes, Ortiz emitió un comunicado negando haber influido indebidamente en Redondo y diciendo que habría dado al fiscal meras “instrucciones” o “sugerencias” para defender la posición de retirar los cargos contra Puigdemont. De hecho, Redondo había sido el encargado de defender esa posición, aunque inicialmente había decidido que era indefendible.
El mismo caso también resultó en cargos de terrorismo contra el diputado Rubén Wagensberg, quien desde entonces huyó a Suiza, y la secretaria general de Esqerra Republicana Catalana, Marta Rovira.
Ahora en tramitación del ordenamiento jurídico español, el informe al Tribunal Supremo lo hará la número dos de Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, que también es designada por Sánchez. Una preocupación clave para los españoles respetuosos de la ley es hasta qué punto Sánchez tendrá que hacer concesiones para gobernar apaciguando a los ahora acusados de delitos terroristas.
