El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó este viernes a la Asamblea Nacional abrir un debate público sobre la continuidad del país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según afirmó, dicho órgano ha sido “desnaturalizado” y utilizado como instrumento de “persecución política e injerencia internacional”.
La declaración ocurre tras la presentación del nuevo informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que denuncia un deterioro sostenido de las libertades fundamentales en Venezuela, así como casos documentados de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, en el contexto del proceso electoral venezolano de 2024–2025.
“El informe constituye una nueva agresión diplomática contra la soberanía de la nación. Ignora los avances institucionales en la defensa de los derechos humanos y criminaliza la acción penal del Estado contra quienes han atentado contra la paz del país”, expresó Saab en un comunicado difundido a medios oficiales.
El fiscal arremetió contra la Oficina del Alto Comisionado, acusándola de operar como un “bufete privado de terroristas y mercenarios” y de respaldar a individuos señalados por el Estado venezolano de participar en actos de conspiración, magnicidio y sabotaje.
“Estas personas están legalmente detenidas por delitos como terrorismo, traición a la patria y legitimación de capitales. Se les garantiza el debido proceso conforme a la legislación nacional”, sostuvo Saab.
Graves denuncias en el informe de la ONU
El Alto Comisionado Volker Türk presentó un informe oral actualizado sobre Venezuela, en el que advirtió sobre 70 detenciones ocurridas durante la campaña previa a las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de 2025, entre ellas 17 ciudadanos extranjeros, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Türk también subrayó que la legislación antiterrorista venezolana no se ajusta al derecho internacional, y denunció que la mayoría de los detenidos no han recibido garantías judiciales básicas.
Según el informe:
- Al menos 32 personas han sido sometidas a tortura o malos tratos, incluidos 15 adolescentes.
- Otras 28 personas han sido víctimas de desaparición forzada desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre ellas 12 extranjeros sin acceso a asistencia consular.
Reacciones desde la sociedad civil
La organización venezolana de derechos humanos Provea calificó como una “victoria para las víctimas” la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, destacando la importancia de mantener el escrutinio internacional frente a la continuidad de patrones de represión, tortura y desaparición forzada.
Un gesto que debilita aún más la posición internacional del régimen
El pedido de Saab a la Asamblea Nacional de debatir la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos no fortalece en nada la posición del país ante la comunidad internacional. Por el contrario, es interpretado como un gesto de hostilidad institucional hacia los mecanismos multilaterales de protección de derechos humanos.
En lugar de ofrecer garantías o corregir prácticas denunciadas por la ONU, el régimen venezolano opta por amenazar con retirarse del escrutinio, lo cual aumenta su aislamiento diplomático y confirma la narrativa de quienes sostienen que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos fundamentales con impunidad y sin voluntad de rectificación.
