El Gobierno de Nicolás Maduro anunció con bombos y platillos la incautación de 1.564,52 kilogramos de cocaína en una operación marítima al norte del estado La Guaira. Según el parte oficial, el operativo fue ejecutado a 30 millas náuticas del litoral y resultó en la detención de ocho personas, así como en la confiscación de tres embarcaciones y diversos equipos de navegación y comunicación.
El anuncio fue realizado por el mayor general Danny Ferrer Sandrea, Superintendente Nacional Antidrogas y Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal (VISIIP), quien aseguró que los implicados intentaron quemar las lanchas para destruir la evidencia. Ferrer subrayó que el procedimiento responde al marco de la llamada «Gran Misión Cuadrantes de Paz» y del Plan Nacional Antidrogas.
Según estimaciones del mercado negro, un kilo de cocaína puede venderse en países de tránsito como República Dominicana, Honduras o México por entre 20.000 y 35.000 dólares, y hasta duplicar o triplicar ese valor en destinos finales como Estados Unidos o Europa. Esto significa que la droga incautada representaba un botín potencial de varias decenas de millones de dólares. Un cargamento de esta magnitud, movilizado en aguas territoriales venezolanas, no es una operación aislada de pescadores desesperados, sino un indicio de estructuras logísticas y financieras sofisticadas con protección institucional.
Sin embargo, este nuevo decomiso suscita más preguntas que respuestas. En un país convertido en un corredor del narcotráfico internacional con ramificaciones militares, resulta difícil no ver con escepticismo una operación que, lejos de desmontar las redes estructurales del crimen organizado, parece diseñada para encubrirlas con acciones espectaculares.
¿A quién pertenece la droga incautada? ¿Qué ruta seguía? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Nada de eso se informó. Una vez más, se omite cualquier mención sobre investigaciones en curso o posibles nexos con estructuras del poder civil o militar. Tampoco se ofrecieron pruebas verificables, ni se permitió el acceso independiente a la escena del operativo.
Esta incautación, que a simple vista podría parecer un éxito en la lucha antidrogas, se enmarca en un contexto de opacidad institucional, impunidad selectiva y uso político de la seguridad. En lugar de mostrar una ruptura real con las mafias, el gobierno parece repetir un patrón ya conocido: simular eficiencia mientras protege a los verdaderos beneficiarios del narcotráfico de alto nivel.
El silencio sobre los peces gordos es tan elocuente como el discurso oficial. Una tonelada y media de cocaína no circula en aguas venezolanas sin la anuencia o la vista gorda de mandos militares y estructuras paralelas del Estado. Sin transparencia, sin justicia, y sin rendición de cuentas, estos operativos no son más que maniobras propagandísticas que pretenden lavar la cara de un sistema profundamente laxo con el crimen.
