En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete menores de edad, entre 15 y 17 años. Están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales.
Este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en Carabobo. Dos adolescentes recibieron la decisión judicial el pasado viernes.
La audiencia preliminar inició cerca de las 2:00 de la tarde de este miércoles. Los familiares estaban esperanzados en que, tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron ante la defensoría pública, incluidas constancias de estudio y deportivas y cédulas de testigos, pudieran salir del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia, con sus hijos.
Esto no ocurrió. Los siete recibieron una oferta de la jueza: Se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. De lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno aceptó, por lo que fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Torturas para obligarlos a declararse culpables
Estos siete jóvenes, entre los que hay una niña de 16 años, tienen varias cosas en común. Fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. La defensora pública es Kelly Pérez y todos fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención, según declaración de sus familiares.
Todos grabaron un video en el que admitían que les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
Este miércoles, cada uno de ellos participó en la audiencia preliminar telemática, encabezada por la jueza Keidimar Ramos Castillo. Primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena, tras el juicio, de 10 años. Algunos niños suplicaron por su libertad, pero la jueza no los escuchó.
Una defensoría pública que no defiende
Luego le correspondía el turno a la defensora pública, Kelly Pérez, cuyas intervenciones no alcanzaban los dos minutos. Los familiares creen haberla escuchado cuando susurraba la petición de revisión de medidas cautelares. Esta funcionaria no consignó ante el juzgado todos los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según les informó la jueza durante la audiencia. «La defensa no promovió nada», dijo Ramos.
Al menos dos, de los siete menores de edad pasados a juicio, han manifestado intenciones suicidas, por la situación que enfrentan.
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