Colombia, tradicionalmente conservadora, dio un fuerte giro hacia la izquierda el mes pasado con la elección de Gustavo Petro, un exguerrillero del grupo terrorista M-19.
Por: Victoria Coates – The New York Post / Traducción libre del inglés de Morfema Press
Los planes socialistas radicales de Petro para Colombia, como era de esperar, le han ganado cálidas llamadas telefónicas de felicitación desde Caracas, La Habana y Moscú. Algo más sorprendente, Petro también recibió llamadas cordiales del presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado , para quienes la agenda climática progresista de Petro aparentemente compensa sus otras deficiencias.
Todas las señales apuntan a que la administración Biden está adoptando la estrategia fallida de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de tratar de atraer a los líderes regionales antiestadounidenses de extrema izquierda a una mayor cooperación con los flujos continuos de apoyo financiero incondicional de los Estados Unidos. Pero el Congreso, no el poder ejecutivo, controla la bolsa y debería señalar sin ambigüedades que esta vez, los contribuyentes estadounidenses no financiarán la destrucción deliberada de la estructura social y económica de Colombia. A menos que Petro renuncie a sus planes de aplastar el sector energético, poner fin a la cooperación antinarcóticos y abrir sus fronteras antes de asumir el cargo en agosto, Estados Unidos debe detener de inmediato su ayuda anual de 800 millones de dólares.
La elección de Petro es, de hecho, una calamidad potencial para Estados Unidos y amenaza con socavar una de las pocas historias de éxito de las que Estados Unidos puede presumir en nuestro propio hemisferio. Hace más de 20 años, el presidente Bill Clinton inició el Plan Colombia con un amplio apoyo bipartidista del Congreso para aumentar la asistencia estadounidense al gobierno del país, convirtiendo a Colombia en el principal receptor de ayuda exterior estadounidense de la región.
Ampliado bajo la presidencia de George W. Bush, el plan reforzó la cooperación antinarcóticos, de seguridad y de la sociedad civil y evitó que Colombia se convirtiera en un narcoestado fallido. La Administración de Control de Drogas de EE. UU. y los agentes encargados de hacer cumplir la ley forjaron estrechos vínculos con sus homólogos colombianos que resultaron invaluables a medida que la vecina Venezuela se sumía en el caos.
Toda esta colaboración vital está ahora en peligro. Para empezar, Petro ha prometido reducir drásticamente el próspero sector de combustibles fósiles de Colombia (el petróleo, el gas natural y el carbón representan alrededor del 80% de sus exportaciones) y forzar una transición a la energía eólica e hidroeléctrica. Esto convertiría a Colombia en la primera nación productora de energía en renunciar voluntariamente a sus propios recursos energéticos y terminaría con la relativa prosperidad que este sector ha alimentado.
El acuerdo reciente entre Occidental Petroleum, con sede en EE. UU., y Ecopetrol, de propiedad estatal de Colombia, para explorar recursos adicionales potenciales en alta mar en el Caribe, por ejemplo, estará en riesgo ya que Petro ha señalado la perforación en alta mar como un objetivo particular. Colombia había estado preparada para este y otros acuerdos para aumentar la producción y compensar los shocks energéticos que causó la invasión rusa de Ucrania, pero la elección de Petro inyecta incertidumbre en una cadena de suministro ya muy tensa, lo que podría conducir a precios de la energía aún más altos en los Estados Unidos.
Petro también afirma que quiere cerrar el libro sobre la guerra contra las drogas mortales que fluyen a través de América del Sur hacia los Estados Unidos y pasar a su nueva guerra contra el cambio climático. Por muy atractiva que pueda ser esta noción para la administración Biden, que también ha priorizado el clima sobre el flagelo de las drogas ilegales, cualquier giro desacertado de este tipo solo exacerbará una crisis de drogas que ya es sombría aquí en casa, ya que perderemos un socio regional crucial en este dificil. (Muchos de los socios de Estados Unidos en el sector de seguridad colombiano enfrentan represalias del régimen entrante de Petro).
La tercera pata en el taburete de la política de Petro es reparar los lazos con la vecina Venezuela, donde políticas socialistas similares bajo el dictador Nicolás Maduro han llevado a la hiperinflación y han dejado a este país que alguna vez fue rico al borde del colapso, mientras millones de sus ciudadanos huyen desesperadamente con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Hasta ahora, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha sido un baluarte para mantener a muchos de estos migrantes en la región, pero si Petro abre la frontera con Venezuela como amenaza, no habrá forma de controlar la ola que fluirá sin control hacia Estados Unidos.
Petro no podrá implementar sus políticas radicales, que dependerán en gran medida de los subsidios del gobierno, sin el apoyo de Estados Unidos, y eso debería darle a Washington una influencia significativa. La asistencia de los Estados Unidos no es caridad desinteresada, sino que debe ser parte de una asociación de colaboración que aumente la seguridad y la prosperidad regionales mutuas, que en el caso de Colombia podría ser un modelo para la región. Si Petro insiste en seguir a Venezuela por un camino socialista hacia el desastre, el pueblo colombiano debe saber que esta asociación seguirá estando disponible dentro de cuatro años si deciden cambiar de rumbo una vez más.
