Un informe de Transparencia Venezuela revela como la trama de corrupción en la que presuntamente está involucrado el abogado y empresario multimillonario Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, mejor conocido como Raúl Gorrín, ha desangrado el patrimonio público nacional, tal y como lo denunciaron autoridades de Estados Unidos y medios especializados.
Gorrín Belisario, dueño del canal de televisión Globovisión y de Seguros La Vitalicia, entre otras empresas, es afín al régimen chavista y se le vincula con personeros de la actual administración de Nicolás Maduro.
Su nombre aparece en casos de lavado de dinero, pago de sobornos y sanciones financieras. Es prófugo de la justicia estadounidense donde tiene al menos dos procesos abiertos y está sancionado por el Departamento del Tesoro de ese país desde 2019.
Los enanos
El informe publicado por Transparencia Venezuela relata que los primeros señalamientos contra Raúl Gorrín se remontan a los tiempos en que fue señalado como supuesto integrante de una mafia judicial conocida como “Los Enanos”.
Según denuncias del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Velásquez Alvaray, se trata de una estructura que comenzó extorsionando a transportistas, para luego “vender sentencias” en distintas jurisdicciones (laboral, civil, penal), designar jueces y fiscales, adquirir un banco (Banco Canarias) hasta supuestamente vincularse con el crimen organizado y el narcotráfico.
Una vez expulsado de las filas del oficialismo y separado de su cargo como magistrado, Velásquez Alvaray se dedicó a denunciar durante años que esa mafia judicial estaba integrada por magistrados, jueces, fiscales y abogados, anclada en el alto poder político desde los inicios del primer mandato de Hugo Chávez y que a la cabeza de la “tribu” estaba el vicepresidente de la República José Vicente Rangel.
Transparencia Venezuela reveló que en las denuncias de Velásquez Alvaray los nombres de funcionarios como Nicolás Maduro, entonces presidente de la Asamblea Nacional; el ministro de Comunicaciones y luego de Interior, Jesse Chacón e Isaías Rodríguez, para el momento fiscal general (2001-2007), eran vinculados con un grupo de abogados que tenían en común su baja estatura lo que habría dado origen al nombre de la red: Los Enanos.
“Los abogados mencionados como los más destacados de esa estructura eran Raúl Gorrín, su cuñado y socio Gustavo Perdomo y Mariano Díaz, quien falleció en 2019 al estrellarse cerca de Caracas una avioneta, “cargada de oro” del sur de Venezuela, en la que viajaba con dos modelos y un exmilitar, quien además era un empresario ligado al gobierno”, se lee en el informe.
Financista de Maikel Moreno
El nombre del magistrado Maikel Moreno también aparece en la denuncia de Velásquez Alvaray. En 2023, fue acusado penalmente en Florida, Estados Unidos, por aceptar sobornos para resolver causas judiciales y es el funcionario venezolano con más sanciones.
El informe de Transparencia Venezuela destaca que Gorrín fue señalado como financista de Maikel Moreno durante su período como presidente del TSJ (2017-2022).
Menciona además que su fortuna es asociada a la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela, ente encargado de gestionar y custodiar los fondos de la República.
De los tres tesoreros con los que se ha relacionado, al menos dos fueron sentenciados por un tribunal del Sur de la Florida, Estados Unidos: Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y secretario privado de Chávez, y su sucesora en el mismo cargo, Claudia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”.
Por este esquema de corrupción, el empresario está en la lista de los más buscados en Estados Unidos.
Alerta internacional y órdenes de captura
La investigación de Transparencia Venezuela señala que contra Raúl Gorrín hay alertas internacionales, órdenes de captura vigentes y procesos judiciales que fundamentan los cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. También hay investigaciones en conjunto sobre sus negocios entre autoridades suizas y estadounidenses.
En los últimos 15 años, el empresario venezolano ha creado o adquirido por lo menos 29 empresas, ubicadas en Estados Unidos, Venezuela, Panamá y en algunas islas del Caribe.
Estas compañías forman parte de su estructura corporativa extendida, con funciones claves como la adquisición de activos, triangulación financiera y registro de propiedad sobre bienes posteriormente incautados, lo que sugiere su uso como vehículos de ocultamiento y legitimación de fondos.
