Es lo que es

InSight Crime: El Cártel de Paraguaná, narcotráfico y poder político en Venezuela

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El 3 de abril de 2021, la policía del estado de Anzoátegui, en el este de Venezuela, actuó tras un aviso para interceptar un Toyota Corolla plateado. Interrogaron a la conductora, una mujer de mediana edad acompañada de un pariente joven. Bajo presión, condujo a los oficiales a un edificio residencial donde residía su padre, un hombre corpulento y calvo de unos 60 años.

Por: InSight Crime / Traducción libre del inglés de Morfema Press

Este artículo es parte de una serie de investigación realizada por InSight Crime durante tres años que incluye cientos de entrevistas y trabajo de campo en todos los territorios clave del narcotráfico en Venezuela. Analiza uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo, y el régimen autoritario que mantiene el flujo de drogas.

El hombre dijo ser un ciudadano común, presentando una cédula de identidad a nombre de Ramón Guillermo Valera. Pero al ser interrogado, admitió que la tarjeta era falsa. Su verdadero nombre era Emilio Enrique Martínez, mejor conocido como “Chiche Smith”, uno de los capos de la droga más notorios de la costa caribeña de Venezuela.

La captura de Martínez conmocionó al país. Su arresto marcó la caída de uno de los narcotraficantes más antiguos de Venezuela, cuyas conexiones con actores poderosos dentro del estado parecían dejarlo fuera de la justicia.

La historia del Cartel Paraguaná de Martínez es emblemática de la profunda sinergia entre la política y el narcotráfico en Venezuela. Su ascenso es un estudio de caso sobre cómo las interconexiones entre los narcotraficantes y los políticos locales, así como las fuerzas de seguridad y los actores del poder nacional pueden formar la base de sistemas completos de gobernanza criminal. Su caída insinúa cómo las luchas entre facciones en los niveles más altos del estado venezolano pueden derribar estos imperios criminales.

Un feudo criminal en el Caribe

Martínez ha sido durante mucho tiempo una figura legendaria en Paraguaná, una península que se adentra en el mar Caribe desde el estado costero de Falcón. Hijo de un contrabandista local, comenzó como miembro de una de varias mafias que trasladaban mercancías de contrabando desde Falcón a las islas cercanas del Caribe holandés en la década de 1990.

Fue encarcelado en 1998 pero liberado seis años después . En ese momento, tenía la vista puesta en productos más lucrativos. En 2010, “Chiche Smith” fue nombrada en los registros judiciales como propietaria de 600 kilogramos de cocaína incautados de una pequeña embarcación frente a las costas de Falcón.

Según periodistas locales y líderes políticos, sus compradores incluían al Cartel de Sinaloa de México y sus socios comerciales incluían a Walid Makled, entonces uno de los traficantes de drogas más notorios y mejor conectados de Venezuela. Pero el propio Martínez prefirió permanecer en la sombra.

Luego, en 2017, Víctor Clark fue elegido gobernador de Falcón y todo cambió. Joven y ambicioso, Clark era considerado por los analistas políticos como un acólito del presidente Nicolás Maduro. Pero su campaña también fue respaldada personalmente por Diosdado Cabello, el ex presidente de la Asamblea Nacional, quien a menudo ha competido con el presidente Maduro por el poder.

Clark celebró su victoria electoral con un lujoso concierto en el balneario de Cabo San Román, en la punta de la península de Paraguaná. Los lugareños describieron a InSight Crime cómo no se escatimó en gastos, con camiones llenos de cerveza y fuegos artificiales espectaculares. Pero eso no fue lo único que levantó las cejas.

“Toda la familia de Chiche Smith estaba allí como VIP y custodiada por soldados”, dijo a InSight Crime una periodista local que habló bajo condición de anonimato por su seguridad. Varios otros residentes locales verificaron su cuenta.

Poco después de la fiesta, Clark fue fotografiado con los familiares de Martínez en eventos públicos. Chiche Smith se había hecho pública.

Martínez rápidamente se hizo muy querido en Paraguaná. Los lugareños describen cómo comenzó a comprar propiedades en el municipio de Carirubana, pagando generosamente en efectivo por chozas junto a la playa mientras se comprometía a construir un complejo turístico.

También invirtió dinero en la zona a través de su Fundación Carmen Virginia Martínez , que lleva el nombre de su difunta madre. La fundación distribuyó alimentos y juguetes entre familias pobres, organizó obras públicas como limpieza de calles, proporcionó empleo bien remunerado y renovó la infraestructura local.

Pero según numerosos residentes locales, periodistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad que hablaron con InSight Crime, las comunidades de Paraguaná no fueron las únicas beneficiarias de la generosidad de Martínez.

“Víctor Clark permitió que los narcotraficantes hicieran mejoras y modificaciones [al área] y luego el gobierno regional las inauguró como si fueran obras públicas”, dijo un oficial militar local, que pidió no ser identificado por temor a la persecución.

“Los comandos [militares] también recibieron alimentos, teléfonos, logística para actividades deportivas [de Martínez]”, agregó.

La colaboración de Chiche con Clark también tuvo un lado oscuro para las comunidades locales.

“El Cártel de Paraguaná lo sabe todo de todos, así que presta atención cuando dicen que no voten en contra de Víctor Clark o que hablen mal de él, porque saben dónde vives”, un vecino del lugar, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. explicó a InSight Crime.

A cambio, Martínez esperaba una cosa: vía libre para mover la droga por Falcón.

Para ello, requirió la complicidad de las fuerzas de seguridad.

“[Chiche Smith] y su familia se reúnen con todos los comandantes [militares]”, explicó un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Cuando llega un nuevo comandante, se reúne con esas personas y luego comienzan a trabajar juntos”.

Estas relaciones son facilitadas por el gobernador, otro oficial militar que también solicitó el anonimato, dijo a InSight Crime.

“Como jefe de estado, [Victor Clark] es el intermediario”, dijo. “Él no se involucra, pero permite que todo suceda”.

Varias fuentes también alegaron que existe influencia política sobre quién ocupa los puestos de mando militar en la región y que Clark ha intervenido en el proceso a lo largo de los años.

“Los cambios de mando militar, sobre todo a nivel estatal, son acciones políticas”, dijo el funcionario de la GNB. “La gente en esos puestos es más política que militar, y para llegar a ese nivel tienes que estar bien conectado”.

Narcotráfico y Política Local

La estrecha red de conexiones entre Martínez y el gobierno local, el ejército y la población de Falcón creó una forma muy particular de gobierno criminal, un narcofeudo donde los políticos y las fuerzas de seguridad se aliaron con actores criminales para usar las ganancias ilícitas no solo para el enriquecimiento personal sino también para mantener su poder

A medida que la crisis económica, política y social de Venezuela se ha profundizado, tales arreglos han proliferado en todo el país, desempeñando un papel crucial tanto para apuntalar al estado venezolano como para asegurar que las drogas sigan fluyendo.

“El crimen trabaja con la política; toma el control de las gobernaciones”, dijo un exfuncionario antinarcóticos de Venezuela, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por su seguridad. “Y convierte esas gobernaciones en centros del crimen organizado”.

En su forma más básica, la relación entre la política y el narcotráfico en Venezuela se basa en la mediación de la relación entre las fuerzas de seguridad y los criminales favorecidos. Los gobernadores y alcaldes tienen un nivel de control sobre las actividades y determinan el liderazgo de los cuerpos policiales estatales y municipales, influyen en los nombramientos militares regionales y coordinan con los militares en temas de seguridad.

Al utilizar estos poderes para instalar y manipular a agentes de seguridad corruptos, los políticos locales no solo pueden garantizar la impunidad de los traficantes favorecidos. También aseguran la lealtad de las fuerzas de seguridad al permitirles ganar dinero con el flujo de drogas.

Los propios políticos también pueden ser beneficiarios de estos fondos corruptos, aunque los pagos directos son muy difíciles de rastrear. Sin embargo, la sinergia entre la política local y el crimen organizado en Venezuela va más allá de los simples sobornos.

Como demuestra el caso del Cartel de Paraguaná, los políticos estatales y municipales pueden llegar a depender de los narcotraficantes para que los apoyen políticamente, financiando sus campañas, obteniendo su voto o brindando los servicios públicos que las administraciones cercanas a la bancarrota no pueden.

Todas las fuentes, desde exfiscales hasta altos funcionarios locales, hablaron bajo condición de anonimato y describieron a InSight Crime los numerosos servicios que supuestamente los políticos locales brindan a los traficantes. Estos incluyeron aprovechar su influencia sobre las fuerzas de seguridad para dirigir operaciones contra los rivales criminales y su influencia sobre las instituciones judiciales para protegerlas del enjuiciamiento. También puede implicar que utilicen sus facultades administrativas para facilitar el tráfico, por ejemplo, emitiendo licencias y autorizaciones de transporte u otorgando concesiones que permitan el acceso a la infraestructura de tráfico, como los puertos.

En las docenas de entrevistas sobre figuras políticas realizadas para esta investigación, InSight Crime escuchó denuncias que implicaban a gobernadores actuales o recientes en más de la mitad de los 23 estados de Venezuela. Aunque la mayoría sigue sin verificarse, y varios fueron poco más que rumores, hay pruebas más que suficientes para demostrar que las acusaciones graves de narcotráfico no son un obstáculo para una carrera política en Venezuela.

Entre las denuncias más persistentes se encuentran las formuladas contra Ramón Carrizales, exvicepresidente y ministro de Defensa, quien fue gobernador del estado fronterizo de Apure durante más de diez años hasta perder su cargo de cara a las elecciones locales de noviembre de 2021.

Varias figuras dentro del régimen del chavismo han denunciado que el hijo de Carrizales trabajaba para el narcotraficante Walid Makled .mientras que su esposa tenía negocios con la empresa de Makled, Almacenadoras, al mismo tiempo que ella era ministra de Medio Ambiente.Mientras tanto, en Apure, numerosas fuentes, incluidos expertos en drogas, periodistas locales y residentes y políticos de ambos lados del espectro político, acusaron a Carrizales de presidir una zona virtual de libre tráfico para grupos guerrilleros aliados y sus clientes del cártel.

Varios otros gobernadores anteriores y actuales también han sido acusados ​​de proteger a los grupos guerrilleros que han traficado drogas a través de Venezuela. Las autoridades estadounidenses han sancionado a los exgobernadores Henry Rangel Silva en Trujillo y Ramón Rodríguez Chacín en Guárico y al actual gobernador del Táchira, Freddy Bernal, por tales denuncias.

Otros gobernadores han sido investigados por fuerzas del orden internacionales por denuncias de tráfico, incluido el exgobernador de Barinas, Adán Chávez , y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernánez , quienes han sido investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU., según informes de prensa. .

Casos recientes también han puesto de manifiesto la participación de alcaldes municipales y diputados a la Asamblea Nacional. A principios de 2022, un alcalde de Zulia, un diputado de Falcón y otro de Táchira fueron detenidos en posesión de cocaína presuntamente perteneciente a una célula de tráfico que, según fuentes de las fuerzas de seguridad, estaba vinculada al Cártel de Paraguaná.

Un oficial de las fuerzas de seguridad familiarizado con el caso, que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, dijo que la red de traficantes pagó a los políticos para mover drogas, ya que era poco probable que detuvieran sus autos oficiales.

Sin embargo, si bien estas conexiones están muy extendidas, también son frágiles y en constante cambio, como descubriría Chiche Smith.

La caída de Chiche Smith

El 15 de abril de 2020, fuerzas de la GNB y de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) irrumpieron en inmuebles vinculados a Emilio Martínez en Falcón y el vecino estado de Carabobo. En 20 allanamientos durante los siguientes cuatro días, incautaron seis propiedades y once vehículos, y realizaron al menos 20 arrestos .

Indignados vecinos de Paraguaná salieron a las calles a protestar.

“Entraron a la fundación y robaron todo”, dijo un manifestante a Primer Informe . “Queremos una explicación”.

Las siguientes semanas fueron para traer algunas explicaciones, pero también más preguntas. En junio, la ONA presentó cargos por narcotráfico contra Martínez y siete de sus asociados, acusándolos de lavar ganancias del narcotráfico a través de la Fundación Carmen Virginia Martínez.

De repente, un intenso escrutinio no solo se centró en Chiche Smith, sino también en sus conexiones con el estado. Y estos fueron mucho más allá de Victor Clark.

Los detenidos incluyeron a dos oficiales de policía en el estado de Carabobo, Raúl Roberto de Gallego Salas y Orlando José Silva Moreno, quienes están acusados ​​de ayudar al Cartel de Paraguaná a despachar cargamentos de cocaína desde el puerto de Puerto Cabello en Carabobo.

Police sources and photographs suggested that both were closely linked to Carabobo Governor Rafael Lacava and his security chief José Dominguez, and they had attended events with officials including Attorney General Tarek William Saab, police Criminal Investigations Unit (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) Director Douglas Rico, and mayor of Miranda municipality, Pablo Acosta.

Tanto Rico como Lacava negaron haber actuado mal, pero el ex jefe de policía de Carabobo, Salvatore Luchesse, afirmó lo contrario.

«El cargamento que salió de Puerto Cabello fue autorizado por Rafael Lacava y supervisado personalmente por ‘El Portu’ José Domínguez», escribió en Twitter . Tanto Domínguez como el director de la policía de Carabobo se vieron obligados a renunciar por el escándalo.

Luchesse también afirmó que la represión había sido provocada por un estallido de tensiones entre las facciones políticas divergentes dentro del chavismo que han surgido desde la muerte de la figura unificadora del presidente Hugo Chávez en 2013.

“Lo que está pasando en Valencia [capital de Carabobo] en los últimos tres días es una lucha de poder entre las bandas de Rafael Lacava y Diosdado Cabello”, alegó en otro tuit .

Varios residentes locales, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad y exempleados de la familia Martínez hicieron afirmaciones similares, quienes insistieron a InSight Crime que la represión representaba un movimiento del presidente Nicolás Maduro para controlar las operaciones de Martínez, que había sido una fuente de Conflicto entre facciones políticas locales.

También creían que a Martínez se le había permitido huir y que regresaría una vez que se restableciera la calma. Pero en eso, estaban equivocados. Un año después fue detenido en Anzoátegui.

En Paraguaná, los allanamientos y luego la detención de Martínez derribaron lo que parecía ser un orden firmemente establecido.

“Es como un triángulo, Maduro ordena a los militares obedecer al gobierno regional y el gobierno regional nos ordenó proteger y custodiar a esa gente [del Cártel de Paraguaná]”, dijo un oficial antinarcóticos local, bajo condición de anonimato. “Entonces, cuando nos dijeron que los arrestáramos, nos sentimos mal porque esas personas habían impedido que pasáramos hambre”.

Las razones del repentino cambio de suerte de Martínez siguen siendo un misterio.

Una teoría es que Martínez fue atacado para evitar que se entregara a la DEA y proporcionara información comprometedora contra los funcionarios del gobierno venezolano.

“Si Chiche fuera capturada por la DEA, muchas cabezas rodarían por el narcotráfico, desde militares hasta alcaldes y gobernadores”, dijo a InSight Crime un policía de Falcón, bajo condición de anonimato por su seguridad. “Detenido en Venezuela, el gobierno puede jugar con el caso hasta que la gente lo olvide”.

Otras fuentes creen que el arresto estuvo relacionado con una incautación de cinco toneladas de cocaína de un barco frente a la costa de Aruba, lo que provocó la vergüenza internacional del gobierno y atrajo una atención no deseada sobre el tráfico de drogas desde Paraguaná.

“El gobierno de Maduro dio la orden de arrestarlo para demostrar que se combate el narcotráfico en el país”, dijo otro oficial de la GNB, que también pidió no ser identificado.

Las drogas y el equilibrio de poder

Si bien las fuentes consultadas tenían diferentes teorías sobre por qué Martínez fue detenido, todas coincidieron en que la decisión debió provenir de las más altas esferas del Estado venezolano. Chiche se había convertido en un peón en un juego que se extendía mucho más allá de Paraguaná, en el que el acceso a las ganancias del narcotráfico se utiliza para comprar, equilibrar y romper lealtades políticas en un estado dividido en sí mismo.

La división principal es entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han competido por la influencia desde que ambos reclamaron la sucesión de Hugo Chávez como presidente, formando polos de poder rivales dentro del chavismo. Otros chavistas de alto nivel también mantienen sus propias subfacciones, como el exvicepresidente y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, mientras que algunos, como el gobernador Lacava en Carabobo, actúan como agentes libres no alineados.

“[Estas facciones] evolucionan, se conectan o chocan entre sí”, explicó a InSight Crime un analista político venezolano, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Varios analistas y expolíticos chavistas describieron a InSight Crime cómo la fuerza de estas facciones está determinada en gran parte por su capacidad para canalizar recursos hacia los leales manteniéndolos en posiciones militares y políticas clave.

En el estado venezolano casi en bancarrota, el tráfico transnacional de cocaína es una de las pocas fuentes restantes de divisas. Entonces, para estas facciones, el control de las zonas de tráfico se traduce en poder político.

En 2021, el mapa del poder político en estas zonas del narcotráfico se redibujó en las elecciones regionales de noviembre. Y el principal ganador fue el presidente Maduro.

Los aliados de Diosdado Cabello perdieron la gobernación de Apure ante un leal a Maduro, y el gobernador del estado fronterizo norteño colombiano de Zulia ante la oposición política, lo que agravó un año en el que Cabello sufrió una serie de golpes a su influencia tanto en la política como en el ejército.

En las elecciones, los leales a Maduro también reclamaron una serie de otras victorias que dejaron a su facción a cargo de casi todos los estados más importantes de Venezuela para el narcotráfico.

“Maduro sigue teniendo el control de la situación, al menos por ahora, y creo que con la elección ha ganado un control adicional sobre el proceso”, dijo a InSight Crime un politólogo que pidió permanecer en el anonimato. “Pero todo el gobierno tiene interés en mantenerse en el poder; pueden pasar por alto sus diferencias internas si esas diferencias amenazan su permanencia en el poder”.

Entre los ganadores de las elecciones de noviembre de 2021 se encontraba Victor Clark, cuya trayectoria política no se ha visto afectada por el escándalo de Chiche Smith.

Y al menos por el momento, gobierna un estado donde el Cartel de Paraguaná continúa traficando drogas incluso cuando Chiche Smith está en prisión.

“La gente [de Chiche] sigue moviendo todo y siguen llegando los euros de Europa”, dijo un pescador en Paraguaná, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

Ya sea que la red siga operando con la autorización de Clark o no, no ha perdido su capacidad de corrupción.

“Todavía hay muchos [miembros de las fuerzas de seguridad y políticos] que colaboran con esa gente”, dijo uno de los funcionarios de la GNB. 

“Por supuesto que hay interés en trabajar con ellos”, agregó. “¿De dónde más sacaría dinero un soldado para tener ranchos, camiones, casas, negocios y todo lo demás?”.

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