La sangre corría por la cara de Eduardo Labrador y le salpicaba la camisa. «¡Grábame! ¡Grábame!», le gritó al periodista que había venido a socorrerlo. Miraba a la cámara con un gesto desafiante, incluso de enfado. Hoy, dijo, habían salido a defender la democracia en Venezuela, y este había sido el resultado.
Un año más tarde, buscó una analogía para explicar lo que sintió al recibir el golpe.
«No sé si ustedes han escuchado una bomba así de cerca al oído, ¡boom! [Estuve con] dolor durante cuatro horas», les dijo a los investigadores de InSight Crime.
La imagen de Labrador, bañado en sangre e indignado, hizo añicos la fachada de unas elecciones ordenadas y pacíficas que el gobierno venezolano había intentado desesperadamente mostrar al mundo.
Labrador fue atacado por hombres armados cuando intentaba desempeñar sus funciones como director de campaña de la oposición política durante las elecciones locales y regionales de noviembre de 2021. Ese atentado, dice, hizo parte de una campaña premeditada de intimidación a votantes en el municipio de San Francisco, estado Zulia, al noroccidente del país. Y detrás de esa campaña, sostiene, estaba el entonces gobernador de Zulia, Omar Prieto.
Labrador había sido testigo de primera mano del ascenso de Prieto en su calidad de aliado político del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y como miembro de su gabinete. Muchas veces se le consideró la mano derecha de Prieto.
Pero, con el tiempo, el dirigente político vio cómo el proyecto socialista en el que alguna vez había creído se fue convirtiendo en lo que otro antiguo miembro de alto nivel del PSUV describió a InSight Crime como “un proyecto delincuencial [en el poder]”.
Ese proyecto les permitió a Prieto y a sus cómplices perpetrar extorsiones, robos, malversación de fondos y manejar redes de contrabando desde el interior del Estado, a la vez que desplegaban una fuerza policial criminalizada, a modo de milicia privada para proteger sus intereses.
Aquel proyecto encajaba con el momento que se vivía en la historia de Venezuela.
Cuando Prieto llegó a la gobernación en 2017, Venezuela estaba al borde del colapso económico y el presidente Nicolás Maduro estaba bajo asedio político. Desesperado por mantener la lealtad de un PSUV fracturado, de fuerzas de seguridad mal remuneradas y de élites militares y políticas descontentas con sus decrecientes ganancias por corrupción, Maduro les otorgó territorios a los diferentes polos de poder dentro del movimiento político chavista, y más tarde les dio el aval para aprovechar cualquier beneficio criminal que pudieran exprimir de esos territorios.
A Prieto se le otorgó el poder en Zulia como sucesor de la facción política más importante dentro del chavismo fuera de la red de Maduro. Y durante todo su mandato, llevó ese aval hasta sus límites.
Pero cuando se presentó a la reelección en 2021, ya ese momento estaba pasando: Venezuela tenía cierta estabilidad, la presidencia de Maduro había sobrevivido y sus objetivos estaban cambiando. Ahora quería reinsertarse en la comunidad internacional tanto en lo político como en lo económico. Quería consolidar su poder personal y neutralizar a sus rivales dentro del PSUV, y pretendía poner orden en el Estado mafioso que se había robustecido durante la crisis.
Es por eso que Maduro invitó a observadores internacionales para monitorear las elecciones de 2021, con la esperanza de que le dijeran al mundo que las elecciones habían sido libres y justas. Y para que explicaran por qué, incluso cuando estaba claro que el PSUV iba a perder en Zulia, no intervino de ninguna manera para ayudar a Prieto, quien había sobrepasado los límites tolerables de criminalidad y corrupción.
Las elecciones de Venezuela en 2021 fueron problemáticas, pero en general pacíficas. La violencia en Zulia, que dejó como resultado un muerto y tres heridos, entre ellos Labrador, fue una molesta excepción. Pero era totalmente predecible: era improbable que Prieto, el gánster gobernador, se despidiera sin hacer ruido.
Después de tres meses de persecución, la policía venezolana finalmente capturó al hombre que buscaba. Apostaron francotiradores en puntos estratégicos de la ciudad de San Francisco, Zulia, y enviaron una unidad blindada para perseguir al Toyota 4Runner negro en el que se movilizaba. Encontraron el auto abandonado detrás de la alcaldía, con las puertas abiertas. Daniel Leal Prieto, líder de la pandilla Los Pulgas, y sus dos cómplices se habían atrincherado dentro de la sede del poder municipal.
Leal Prieto, más conocido como “Danielito”, era buscado por el asesinato de Antonio Meleán, jefe del clan criminal Meleán y padrino del hampa zuliana. Había ido a la alcaldía en busca de protección de su amigo de infancia, uno de los hombres más poderosos que conocía: Omar Prieto, alcalde de San Francisco.
Varios familiares y amigos de Danielito, que habían seguido con atención la persecución policial, se reunieron frente a la alcaldía gritando y llorando, y, según informes de medios locales, al menos dos mujeres se desmayaron.
“[Daniel] le iba a decir a Omar Prieto, que es su amigo, que lo ayudara para resguardar su seguridad», declaró la hermana de Danielito a los medios de comunicación venezolanos.
Prieto envió al jefe de policía municipal para que manejara el asunto con los agentes de la policía nacional y mantuviera a Danielito a salvo. Tras varias horas de negociaciones, Danielito fue detenido ileso.
Para Prieto, la aparición de Danielito representaba dos mundos opuestos: su pasado criminal irrumpía en su presente político pocos meses después de asumir el cargo. Un año después, Danielito fue asesinado en prisión. Prieto, por su parte, se convertiría en una figura importante en el establecimiento político de Venezuela.
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