Una ola de acciones represivas llevadas a cabo por la administración del presidente Nicolás Maduro sugiere que las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 serán un ejercicio de represión e intimidación, lo que plantea interrogantes sobre cómo reaccionará Estados Unidos.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la prohibición que impedía a María Corina Machado ejercer su cargo, inhabilitando así a la candidata opositora para presentarse a las elecciones prometidas para este año.
El Gobierno de Maduro llegó a un acuerdo con la oposición para celebrar elecciones libres en 2024 el pasado mes de octubre, durante una serie de encuentros entre ambas partes en Barbados bajo supervisión internacional.
La decisión del TSJ fue la última de una serie de medidas cada vez más represivas que se han presentado desde principios de año.
Una semana antes, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro miembros de la campaña presidencial de la oposición, incluido el director de campaña, Juan Freites, que fue emboscado frente a su casa y metido en la parte trasera de una furgoneta negra.
Las detenciones arbitrarias se producen en un año en el que se espera que el régimen de Maduro, cuyo gobierno vio el crecimiento exponencial de la simbiosis entre el crimen organizado y elementos del Estado -definido por InSight Crime como el Estado híbrido- vea un desafío hacia su poder durante este año electoral.
Las detenciones de los miembros de la oposición se produjeron tras el anuncio del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de que, desde mayo de 2023, su oficina ha descubierto cinco conspiraciones terroristas en las que están implicados funcionarios militares, civiles y redes de inteligencia extranjeras. Durante el mes pasado, las autoridades detuvieron a más de 30 personas en relación con estos supuestos planes golpistas y dictaron órdenes de detención contra otras 14, entre ellas periodistas y expertos en derechos humanos.
Estas acciones parecen formar parte de la más reciente campaña de represión de Maduro, que comenzó con el anuncio del plan «Furia Bolivariana», en el que prometió desplegar tropas militares y policiales a partir del 22 de febrero para «frustrar cualquier intento terrorista y golpista, se presente como se presente».
Machado describió la Furia Bolivariana como una campaña de represión política.
«¿Cómo se hace una campaña si tu gente está secuestrada y desaparecida?», dijo en una rueda de prensa televisada. «Pido a la comunidad internacional que detenga esta locura porque eso es la Furia Bolivariana: agresión, desapariciones y persecución».
En la última semana, numerosas sedes de partidos políticos y ONG opositoras se han convertido en blanco de actos vandálicos, a menudo con grafitis en los que se lee «Furia Bolivariana.»
Estados Unidos también expresó su alarma por el deterioro de la situación.
«La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de mantener [las] inhabilitaciones socava unas elecciones presidenciales competitivas. Basándonos en esta acción y en el ataque a la oposición y a la sociedad civil, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones», escribió el Departamento de Estado en un post en X, antes Twitter.
Algunos expertos ven estas recientes acciones represivas como una muestra de fuerza por parte de Maduro a pesar de los compromisos alcanzados.
Análisis de InSight Crime
La inhabilidad de María Corina Machado ha reducido la campaña presidencial de la oposición a la mitad. Sumada la última ola de represiones, deja claro que Maduro no permitirá que la oposición encuentre un lugar para competir contra él.
«Todavía tiene la sartén por el mango», dijo a InSight Crime Geoff Ramsey, miembro senior del Atlantic Council. «Si la comunidad internacional espera elecciones libres y justas en Venezuela, celebradas con los estándares de, digamos, Suiza, debería esperar sentada».
Maduro lanzó su campaña de terror al día siguiente de que Machado presentara su plan de movilización de campaña, lo que sugiere que la popularidad de Machado – que ganó visibilidad tras el inesperado gran número de personas que acudieron a votar en las primarias de la oposición – lo tomó con la guardia baja.
La respuesta del régimen ante la amenaza de desestabilizar su posición de poder no se ha hecho esperar.
«En primer lugar, quieren hacer todo lo posible para reducir las probabilidades de que se produzcan grandes protestas lideradas por la oposición», afirmó Ramsey. «En segundo lugar, quieren enviar un mensaje a sus propias bases para que se movilicen contra la oposición».
En medio de estos ataques, el gobierno también anunció que la Asamblea Nacional Constituyente aprobaría finalmente una ley contra las ONG venezolanas, que lleva casi un año atascada en el poder legislativo del país.
Representantes de ONG venezolanas afirman que la ley está hecha para silenciarlas, y no sólo a ellas.
«Restringiría absolutamente a todos – a los sindicatos, a los medios de comunicación, e incluso a las juntas de condominio – a todos los que promueven la participación ciudadana y las reuniones en las calles, incluso las cívicas», dijo a InSight Crime Gabriela Boada, directora de Caleidoscopio Humano, una ONG venezolana dedicada a los derechos humanos.
La tormenta de acciones represivas y amenazas representa un giro brusco con respecto a lo que parecía ser un avance hacia una solución pacífica en Venezuela, tras las negociaciones mantenidas en los últimos años para devolver al país al ruedo internacional.
Actores regionales y mundiales han reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela: se ha reabierto la frontera entre Venezuela y Colombia, y Estados Unidos ha suavizado las paralizantes sanciones impuestas a muchas de las industrias venezolanas, incluida la petrolera.
Sin embargo, los acontecimientos de esta semana podrían revertir los avances, ya que representan un incumplimiento del acuerdo de Barbados y sugieren que Maduro tiene pocas intenciones de ponerlo en práctica de buena fe.
Estados Unidos ha prometido previamente suspender el alivio de las sanciones si Maduro no hacía «progresos adecuados.» Sin embargo, Ramsey se muestra escéptico de que Estados Unidos cumpla su amenaza.
«Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo están mirando cada vez más a Venezuela no solo a través de una lente político, sino también a través de uno geoeconómico», dijo Ramsey a InSight Crime.
