Por Luis Ochoa Terán
Las intervenciones militares extranjeras justificadas en nombre de la democracia han marcado algunos de los episodios más decisivos y controvertidos de la política internacional contemporánea. Desde la Europa devastada de 1945 hasta la Venezuela actual, el uso de la fuerza externa para derrocar regímenes, reconstruir “Estados o proteger” transiciones políticas ha producido resultados profundamente dispares. La experiencia histórica demuestra que la intervención no es sinónimo de democratización, y que sus consecuencias políticas dependen menos del poder militar que de la legitimidad, las instituciones y la apropiación de los sectores políticos internos del nuevo orden.
Los casos paradigmáticos de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial suelen presentarse como ejemplos exitosos de intervención transformadora. La diferencia es que ambos países surgieron de una derrota total, con Estados colapsados y regímenes deslegitimados. La ocupación militar fue directa y profunda, pero estuvo acompañada de reconstrucción institucional, reformas estructurales, desnazificación, crecimiento económico y una progresiva recuperación de la soberanía. La clave fue que la tutela externa se transformó en autonomía política, no en dependencia permanente y la presencia extranjera no erosionó la legitimidad, sino que fue reinterpretada como garantía frente al totalitarismo pasado. La democracia no fue solo impuesta sino internalizada por sus sectores políticos y adecuada a su idiosincrasia política. La presencia extranjera no erosionó la legitimidad, sino que fue reinterpretada como garantía frente al totalitarismo pasado.
En Kosovo, la intervención de la OTAN en 1999 dio lugar a un caso distinto: una democracia nacida bajo protección internacional prolongada. El nuevo Estado dependió durante años de fuerzas extranjeras para su seguridad y gobernabilidad. Aunque evitó una guerra mayor y creó instituciones formales, su soberanía sigue siendo parcial y su legitimidad, disputada. Kosovo muestra que la tutela internacional puede estabilizar, pero difícilmente sustituye a una base política plenamente autónoma.
Los fracasos más evidentes se encuentran en Irak y Afganistán. En Irak, la intervención de 2003 destruyó el Estado existente sin lograr construir uno nuevo legítimo. La democratización impuesta desde fuera derivó en fragmentación sectaria, violencia crónica y debilidad institucional. Afganistán fue aún más elocuente: tras veinte años de presencia militar extranjera, el régimen colapsó en cuestión de días al retirarse las tropas internacionales en 2021. La democracia, sostenida por fuerzas externas, nunca echó raíces reales. Ambos casos confirman una lección dura: sin legitimidad interna, la fuerza externa solo aplaza el colapso.
En el caso de la invasión panameña, el gobierno de Endara nace de esas circunstancias excepcionales y traumáticas y su toma de posesión se realizó en una base militar estadounidense mientras se desarrollaba la invasión, lo cual marcó desde el inicio una paradoja por cuanto Endara encarnaba la restauración del orden constitucional tras la dictadura militar, pero su legitimidad quedó inevitablemente condicionada por la intervención extranjera que lo llevó al poder. Esta tensión definió tanto los alcances como los límites de su administración.
Panamá representa un caso de restauración democrática más que de construcción institucional desde cero. El gobierno de Guillermo Endara había ganado elecciones previas, lo que le otorgaba legitimidad de origen. Sin embargo, el hecho de que esta restitución se produjera mediante una invasión militar extranjera colocó al nuevo gobierno bajo una sombra de tutela y un margen de maniobra soberana. No obstante, la protección militar estadounidense continuó más allá de la invasión, particularmente frente a intentos de golpe, consolidando una democracia funcional pero dependiente en materia de seguridad. A diferencia de otros casos, Panamá eliminó su ejército, optando por una seguridad interna civil, lo que redujo riesgos de autoritarismo, pero incrementó la dependencia externa americana como garante último del orden constitucional.
La lección que dejan décadas de intervenciones es clara: la fuerza puede derribar gobiernos, pero no puede construir legitimidad. Panamá logró estabilidad porque había un mandato democrático previo; Alemania y Japón, porque la reconstrucción fue profunda y sostenida; Irak y Afganistán fracasaron porque la democracia era ajena a su sistema cultural y político.
Venezuela se encuentra hoy ante esa encrucijada. Su futuro no dependerá solo de decisiones externas, sino de la capacidad de los propios venezolanos de transformar una eventual transición en un proyecto político compartido. Sin ese paso, cualquier intervención, por poderosa que sea, solo cambiará los actores del conflicto, no la lógica política. Sin pacto político interno, sin reinstitucionalización del Estado y sin recuperación económica, no hay democracia que resista. Alemania y Japón lo lograron porque combinaron seguridad, crecimiento y soberanía. Sin esos pilares la historia suele ser otra.
Hoy, Venezuela se perfila como el caso más reciente y polémico de intervención con consecuencias aún abiertas. A diferencia de Panamá, no se trata de una simple restauración democrática y a diferencia de Alemania o Japón, no existe un consenso internacional ni un proceso multilateral de reconstrucción. El riesgo es evidente: que una transición percibida como impuesta desde fuera carezca de legitimidad interna suficiente.
La comparación histórica permite extraer una conclusión central: la intervención militar puede abrir una oportunidad política, pero no puede sustituir la construcción democrática por sus propios nacionales. Cuando existe legitimidad previa, continuidad estatal y una hoja de ruta clara hacia la soberanía, como en Alemania, Japón o Panamá, la democracia puede consolidarse. Cuando esos elementos faltan, la intervención suele generar Estados frágiles, dependientes o directamente fallidos.
