El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) ha denunciado un grave deterioro del derecho al acceso a la información en Venezuela, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
La ONG ha documentado una escalada de ataques contra periodistas, medios de comunicación y plataformas digitales, lo que ha generado un clima de censura y opacidad en el país.
En un comunicado, Ipys señaló que «en Venezuela, el acceso a la información enfrenta serias limitaciones, lo que genera un entorno de opacidad y vulnerabilidad para los ciudadanos». La organización ha registrado un aumento significativo de casos de restricciones para cubrir eventos de interés público, bloqueos de páginas web y cierres de emisoras de radio.
«La falta de acceso a la información veraz y oportuna afecta la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas y compromete la transparencia y el ejercicio democrático», advirtió Ipys.
Entre enero y el 28 de septiembre de 2024, IPYS Venezuela, documentó 49 incidentes en los que se impidió el acceso a periodistas a lugares donde debían cubrir eventos de interés público. De estos hechos, 37 ocurrieron durante coberturas electorales, y de esos, 25 tuvieron lugar durante las elecciones del 28 de julio.
Bloqueos web y cierre de medios y programas
Se han registrado 34 casos de bloqueos que afectaron a 37 sitios web, entre ellos 18 de medios de comunicación, cinco portales con información de interés colectivo, cuatro organizaciones de la sociedad civil, tres plataformas de verificación de información, tres servicios de VPN y CDN, dos redes sociales,una empresa de software y una aplicación de mensajería. De ese total, 33 portales han tenido restricciones para acceder desde el 4 de julio, día de inicio de la campaña electoral previa a los comicios presidenciales del 28 de julio.
Por otra parte, durante 2024, 18 emisoras de radio han sido cerradas por entes estatales en los estados Lara (3), Portuguesa (3), Zulia (3), Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1). Además, 11 programas de radio y televisión, tanto informativos como de opinión, han sido suspendidos de manera arbitraria. De estos, cinco fueron sacados del aire debido a presiones de organismos estatales, tres por sus propios moderadores tras ser censurados, dos por temor de los directivos a posibles represalias contra el medio, y uno por miedo a represalias contra los presentadores del programa.
Persecución a periodistas y denuncias internacionales
Los periodistas, quienes desempeñan un papel crucial en la difusión de información de interés colectivo, enfrentan un entorno de persecución y estigmatización que se ha intensificado considerablemente desde el 28 de julio. Tras las elecciones presidenciales, 11 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos de manera arbitraria, y nueve de ellos aún permanecen encarcelados. En el contexto de las 14 detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de la prensa llevadas a cabo en 2024, en nueve casos no ha habido declaraciones oficiales sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales que enfrentan.
El 4 de septiembre de 2024, 24 expertos independientes de la ONU expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y condenaron la creciente censura tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En su comunicado, se sumaron a otras instancias de la ONU y organismos internacionales que critican las violaciones de derechos humanos en el país. Los expertos señalaron algunas de las restricciones antes destacadas y exigieron el cese de la censura y el hostigamiento.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de este derecho y las consecuencias de su restricción. En Venezuela, la falta de acceso a información veraz y oportuna no solo afecta la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas, sino que compromete la transparencia y el ejercicio democrático. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar el acceso a la información y proteger a quienes trabajan para informar a la sociedad.
