Vía The Epoch Times
Las autoridades dicen que los militares deportaron a venezolanos después de que un juez ordenó al gobierno no deportar inmediatamente a ningún inmigrante ilegal.
Un juez federal pidió el 28 de abril respuestas al gobierno de Estados Unidos sobre las deportaciones que ocurrieron después de dictar una orden preliminar que impuso nuevos requisitos.
El juez federal de distrito Brian Murphy dijo durante una audiencia en Boston que necesitaba respuestas para determinar si el gobierno violó su orden al deportar a cuatro venezolanos de la Bahía de Guantánamo a El Salvador después de haber prohibido a los funcionarios deportar a inmigrantes ilegales a un país que no es su país natal sin darles la oportunidad de demostrar que enfrentarían peligro si fueran deportados allí.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) han declarado que las deportaciones fueron llevadas a cabo por el Departamento de Defensa de EE. UU. (DOD) y que el DHS no ordenó al Pentágono expulsar a los inmigrantes indocumentados. Dado que el Pentágono no es parte demandada en el caso, no se violó la orden preliminar de Murphy, según declararon los funcionarios en documentos judiciales.
El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jonathan Guynn, ofreció los mismos argumentos en la audiencia del lunes.
Murphy cuestionó cómo el Departamento de Defensa podría realizar los vuelos sin trabajar en conjunto con el DHS, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y tiene la tarea de supervisar a los inmigrantes detenidos y ejecutar sus deportaciones.
“¿Qué autoridad tendría el Departamento de Defensa para efectuar esa deportación?”, preguntó Murphy.
Guynn dijo que no podía responder esa pregunta de inmediato, afirmando: «Es un nuevo día y ha habido muchos cambios». Añadió que necesitaría presentar más información sobre el tema.
Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración que representa a un grupo de inmigrantes que lleva el caso ante Murphy, dijo en el tribunal que «los acusados no pueden ignorar descaradamente la orden del tribunal simplemente haciendo que otro gobierno, departamento o agencia complete el paso final».
Realmuto instó a Murphy a modificar su orden judicial para prohibir la expulsión de estos inmigrantes de Guantánamo, algo que el juez dijo que estaba dispuesto a hacer, pero que necesitaba evaluar si podía hacerlo. Añadió que emitiría su fallo el jueves.
El Departamento de Defensa no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Después de la audiencia, Murphy ordenó a los funcionarios proporcionar los nombres de todos los inmigrantes con órdenes finales de deportación que fueron deportados en los dos vuelos, que ocurrieron alrededor del 31 de marzo y el 13 de abril, y que identificaran cualquier vuelo adicional que haya removido inmigrantes ilegales de la Bahía de Guantánamo a terceros países antes de esas fechas.
También ordenó a las partes presentar un plan de descubrimiento conjunto que aborde temas como «la relación entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, incluido, entre otros, el papel de cada agencia con respecto a las deportaciones, la gestión de la Bahía de Guantánamo y el memorando de entendimiento del 7 de marzo de 2025 entre las dos agencias», y presentar argumentos sobre si tiene la autoridad para modificar su orden judicial preliminar mientras hay una apelación pendiente.
