Varias presiones simultáneas confluyen en el peor momento posible, lo que convierte la generación de energía en una prueba fundamental de la capacidad de recuperación del país.
Por: Francisco Morandi y Luisa Palacios – Americas Quarterly
Venezuela atraviesa la ola de apagones más intensa desde 2019, y el momento no podría ser peor para un país que intenta una recuperación económica integral. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha pedido racionamiento de agua y electricidad ante la creciente tensión social provocada por los cortes de suministro.
En un artículo publicado en Americas Quarterly en febrero, argumentamos que el sistema eléctrico de Venezuela debía reinventarse en lugar de simplemente repararse. Este diagnóstico se ha vuelto aún más urgente tras los devastadores terremotos gemelos de junio y el creciente riesgo de un El Niño severo , que podría causar estragos en la débil generación hidroeléctrica, proveniente principalmente del sur del país.
Si bien los venezolanos de zonas no urbanas importantes llevan años sufriendo apagones constantes, el problema se está extendiendo por todo el país. La evidencia anecdótica apunta a apagones diarios de cinco a siete horas en ciudades clave, como Valencia —el otrora próspero centro manufacturero del país— y la cercana Maracay. Amplias zonas de las regiones andina y occidental también se ven afectadas repetidamente por el funcionamiento irregular de las centrales termoeléctricas; la ciudadanía manifiesta su descontento en protestas masivas, y las empresas reportaron un promedio de 57 cortes de energía no planificados , cinco por semana, en el segundo trimestre del año. Mientras tanto, las compañías petroleras que buscan expandir sus operaciones deberán autoabastecerse de electricidad para los proyectos relacionados, dado el mal estado de la red de generación y distribución.
La ejecución de dos decisiones cruciales, pospuestas por los terremotos, será fundamental para la rehabilitación de un sistema al borde del colapso. Esto incluye la firma de un contrato definitivo con GE Vernova para reparar la infraestructura eléctrica existente y la agilización de la rehabilitación de la capacidad térmica para que sirva de respaldo. En segundo lugar, y con igual urgencia, es programar la votación final del proyecto de ley para reformar el sector eléctrico y abrirlo a la inversión privada.
Contratos con los principales proveedores de energía
La contratación de empresas extranjeras como GE Vernova y Siemens Energy para reparar la infraestructura existente es un paso fundamental para estabilizar el sistema. Sin embargo, abordar los atrasos del pasado y garantizar los pagos futuros han sido obstáculos para avanzar con mayor rapidez.
A principios de este año, la empresa estatal Corpoelec y GE Vernova firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para reparar, modernizar y estabilizar el sistema eléctrico. El objetivo es restablecer aproximadamente 1000 megavatios de capacidad de generación en 24 meses y más de 5000 megavatios en un plazo de cuatro a cinco años. El director ejecutivo de GE Vernova, Scott Strazik, sugirió recientemente que la asociación incluiría la rehabilitación de los 11 gigavatios de capacidad instalada que GE ya posee en el país.
Este es un primer paso importante para abordar el deterioro de la infraestructura eléctrica de Corpoelec, dado el amplio margen para restaurar las redes de transmisión y subestaciones, mejorar la fiabilidad de la red y reducir los apagones generalizados.
El otro acuerdo tangible es con la empresa estadounidense-argentina IMPSA, que recientemente firmó un convenio de generación de energía con Corpoelec para rehabilitar y completar dos proyectos hidroeléctricos, Tocoma y Macagua, en el estado Bolívar. El objetivo inicial de IMPSA es restablecer 672 megavatios de capacidad de generación en un plazo de 24 meses.
El Niño: la próxima gran prueba de estrés
Según estimaciones recientes , existe un 90 % de probabilidad de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre octubre y diciembre de este año. Venezuela se encuentra especialmente vulnerable, ya que la energía hidroeléctrica representa el 90 % del suministro eléctrico del país y su parque de centrales térmicas no está disponible o no es fiable. GE Vernova busca contribuir a paliar esta situación.
La sequía podría afectar el bombeo de agua, la agricultura y la logística de combustible, empeorando las condiciones de vida de los ciudadanos y exacerbando las tensiones sociales y políticas. Además, en el peor escenario posible de El Niño, la producción de petróleo, sobre todo en la zona este del país, que depende en mayor medida de la red eléctrica, podría verse afectada. Esta es una de las principales razones por las que la nueva normativa petrolera exige que toda nueva producción de petróleo genere su propia energía .
Al mismo tiempo, añadir nueva capacidad térmica para la producción de petróleo podría resultar difícil, dados los retrasos de hasta 5 años en la entrega de turbinas de gas natural, en parte debido al desarrollo de los centros de datos en Estados Unidos.
La reforma del sector eléctrico: ventajas e inconvenientes
La reforma eléctrica en debate abre la puerta a la participación privada en todos los niveles de la cadena de valor e incentiva la autogeneración. Esto puede ser útil a corto plazo. La energía solar fotovoltaica, la generación a gas, la biomasa y las soluciones híbridas con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (dispositivos que almacenan electricidad y la liberan cuando se necesita, mejorando la flexibilidad y la resiliencia del sistema) pueden desempeñar un papel importante según el sector, la ubicación y la disponibilidad de equipos.
Si los grandes consumidores pueden cubrir parte de su demanda mediante la autogeneración durante las horas pico, la red eléctrica pública dispone de un margen de maniobra. Esto también abre la puerta para que el sector privado preste servicios eléctricos que apoyen las operaciones petroleras, el procesamiento de alimentos, los servicios de salud y los centros logísticos. Resulta especialmente importante para las empresas y los hogares la disposición que permite que los proyectos con una capacidad de generación inferior a 2 MW se lleven a cabo sin necesidad de un permiso gubernamental.
Además de la autogeneración, la ley abre el sector a la participación privada en la generación, transmisión y distribución mediante empresas individuales y conjuntas con el Estado, introduciendo concesiones de hasta 25 años, con posibles prórrogas. Con ello, el gobierno busca crear un canal legal para la inversión privada tras años de monopolio estatal.
Sin embargo, las reformas legales propuestas contienen disposiciones problemáticas para los inversionistas privados. En primer lugar, las concesiones revierten al Estado al finalizar la licencia. Si bien este esquema de construcción, operación y transferencia no es infrecuente en América Latina, podría resultar menos atractivo en Venezuela, dada la incertidumbre sobre cómo el Estado proporcionará la compensación final y la considerable discreción sobre las causas de cancelación de la concesión.
En segundo lugar, los cambios propuestos también permiten una supervisión gubernamental significativa de las operaciones del sector privado y discreción en materia de sanciones y multas. El proyecto de ley impone responsabilidades civiles e incluso penales a ejecutivos y directores por una gran variedad de cuestiones, lo cual representa un problema en un país con graves deficiencias en el estado de derecho.
La ley solo impulsará las inversiones si va acompañada de contratos viables, una selección de proyectos transparente, tarifas que reflejen los costos reales, seguridad en los pagos, mecanismos creíbles de resolución de controversias y mejoras significativas en el estado de derecho. El apoyo de los organismos multilaterales será fundamental para que todo esto se concrete. El sector privado debe contar con incentivos para invertir con confianza en un plan de recuperación integral. Sin estas condiciones, el capital privado podría dirigirse únicamente a oportunidades de autogeneración, lo que conduciría a soluciones subóptimas.
El sector eléctrico venezolano se enfrenta ahora a cuatro desafíos simultáneos: convertir los memorandos en contratos financiados, reparar la infraestructura afectada por el terremoto, finalizar un marco legal para atraer inversión privada y fortalecer la red eléctrica, y prepararse para un impacto climático que podría reducir la disponibilidad de energía hidroeléctrica. Cualquiera de estos desafíos sería difícil. En conjunto, convierten a la electricidad en la prueba fundamental de la capacidad de recuperación del país.
