Por morfema.press
Los servicios de inteligencia de EEUU creen que el asesinato de Jamal Khashoggi cometido en octubre de 2018 por agentes saudíes provino de una orden directa del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años.
La Administración de Joe Biden, quien prometió hacer de Arabia Saudita “un Estado paria” durante la campaña que le llevó a la presidencia en el 2020, considera que el cargo que desempeña Mohamed bin Salman, príncipe heredero y Primer Ministro saudí, cargo que ocupa desde fines de septiembre, le blinda jurídicamente en el caso abierto contra él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó en la noche del jueves un expediente ante un tribunal a instancias del Departamento de Estado, especificando que el reciente nombramiento de bin Salman como Primer Ministro le confiere inmunidad jurídica.
“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad del Primer Ministro (saudí), Mohamed bin Salmán, como jefe en ejercicio del Gobierno de un Estado extranjero”, indicó Richard Visek, firmante del documento presentado ante la Justicia estadounidense. De esta manera, bin Salman será inmune “ante la jurisdicción del tribunal de distrito de Estados Unidos en esta demanda” mientras continúe en el cargo.
Michael Kellogg, uno de los abogados, apuntó que “el tribunal debe tener en cuenta que el príncipe heredero tiene inmunidad por su estatus debido a su actual situación como primer ministro de Arabia Saudí y debe descartar las afirmaciones de los demandantes contra el príncipe heredero por falta de jurisdicción”, en una petición ante un tribunal estadounidense.
Khashoggi fue asesinado y desmembrado en octubre de 2018 por agentes saudíes en el consulado saudí en Estambul, una operación que la inteligencia estadounidense creía que fue ordenada por el príncipe Mohammed, quien ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años.
«Jamal murió de nuevo hoy», dijo la ex prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, en Twitter minutos después de que la noticia se hiciera pública. Ella agregó más tarde: «Pensamos que tal vez habría una luz para la justicia de #USA. Pero, de nuevo, el dinero fue lo primero».
Desde la firme condena contra el régimen saudí de su campaña electoral, Biden ha rehabilitado paulatinamente a bin Salman. A mediados de julio, con el suministro de crudo en cuestión por la guerra entre Rusia y Ucrania, y con una tendencia creciente de precios del crudo, el presidente de Estados Unidos realizó una gira por Oriente Próximo con escala en Riad, en cuya reunión Biden no logró su cometido ni satisfizo a quienes defienden el repudio del Príncipe.
También forzada por la crisis energética, la visita de bin Salman a París, en la que fue recibido oficialmente por Emmanuel Macron, a finales de ese mismo mes, fue otro paso en la rehabilitación internacional de quien los servicios de inteligencia y grupos de derechos humanos consideran “instigador de la desaparición de Khashoggi”.
La oficina de comunicaciones del gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.
Un portavoz del consulado saudí en Washington no pudo ser contactado para hacer comentarios el jueves por la noche, después del horario comercial.
«Esta es una determinación legal hecha por el Departamento de Estado bajo principios de larga data y bien establecidos del derecho internacional consuetudinario», dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en una declaración escrita. «No tiene nada que ver con los méritos del caso».
De “error legal y político” ha calificado la ONG Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), fundada por el propio Khashoggi. DAWN había firmado junto con Cengiz la demanda contra el Príncipe Heredero y otros 20 ciudadanos saudíes, presentada en octubre de 2020 en Estados Unidos, para aclarar el nivel de implicación de altos cargos saudíes en el asesinato y descuartizamiento del periodista.
El proceso judicial en Arabia Saudita, que organizaciones de derechos consideran un simulacro de justicia, concluyó el 7 de septiembre de 2020, con la condena a penas de cárcel de ocho implicados en el asesinato. No obstante, esta sentencia reducía la pena capital dictada en diciembre de 2019 contra cinco de ellos.
La entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó el caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugerían que Bin Salman y otros altos cargos eran responsables del asesinato.
Posteriormente, calificó los fallos del proceso llevado a cabo en el reino saudí de “parodia de justicia”. Debido a este tipo de declaraciones, Callamard fue amenazada directamente por autoridades saudíes, según ha denunciado.
Con información de VOA, Derecha Diario, CNN, EFE
