La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó a un grupo selecto de legisladores que el Poder Ejecutivo no está obligado por la War Powers Resolution (Ley de Poderes de Guerra), una norma que exige la aprobación del Congreso para cualquier acción militar prolongada.
El pronunciamiento se produce mientras la administración del presidente Donald Trump amplía su campaña de ataques letales contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y América Latina, con la posibilidad de extender las operaciones hacia territorio venezolano.
T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés), indicó que las acciones en curso no constituyen “hostilidades” según la ley de 1973, por lo que el Gobierno no solicitará autorización del Congreso ni extenderá el plazo de 60 días previsto para este tipo de operaciones.
Un alto funcionario de la Casa Blanca sostuvo que la resolución no aplica “porque no hay tropas estadounidenses en peligro”. Según explicó, los ataques se realizan con vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques en aguas internacionales, fuera del alcance de cualquier represalia.
Sin embargo, expertos legales cuestionaron la interpretación del Ejecutivo. “Decir que no hay hostilidades porque los objetivos no pueden responder al fuego es una afirmación extrema de autoridad presidencial”, advirtió Brian Finucane, exasesor jurídico del Departamento de Estado y actual analista del International Crisis Group.
La War Powers Resolution fue aprobada tras la guerra de Vietnam para evitar conflictos prolongados sin autorización legislativa. Desde el 4 de septiembre, cuando la administración notificó al Congreso el primer ataque contra una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico, han transcurrido casi dos meses. El plazo vence este lunes.
En ese período, las fuerzas estadounidenses han realizado más de una docena de ataques en el Caribe y el Pacífico oriental. La Marina tiene desplegados ocho buques de guerra en la región, incluyendo destructores, buques anfibios y un submarino, mientras un portaaviones y más destructores se dirigen hacia la zona.
El presidente Trump ha insinuado en varias ocasiones que los ataques podrían extenderse a objetivos terrestres. “Estamos considerando tierra ahora, porque el mar lo tenemos bajo control”, dijo recientemente. Aunque este viernes negó que se planifiquen operaciones dentro de Venezuela.
En el Congreso, tanto demócratas como republicanos expresaron preocupación por la falta de transparencia. Legisladores denunciaron que los asesores legales del Pentágono fueron retirados de una sesión informativa a última hora, y que no se proporcionó información básica sobre los criterios de selección de objetivos ni sobre las víctimas de los ataques.
“El Gobierno está haciendo todo lo posible por evadir al Congreso”, denunció el demócrata Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Otros legisladores, como Sara Jacobs (California), aseguraron que las autoridades militares reconocieron que la cocaína es la principal droga involucrada, contradiciendo los argumentos oficiales de que las operaciones buscan frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Senadores de ambos partidos, entre ellos Roger Wicker (Republicano de Misisipi) y Jack Reed (Demócrata de Rhode Island), pidieron al Departamento de Defensa entregar los documentos legales, órdenes de ataque y listas de objetivos, señalando que el Pentágono ha incumplido los plazos establecidos por ley.
Mientras tanto, en una opinión clasificada considerada vinculante dentro del Ejecutivo, la OLC argumenta que los ataques sirven a un “interés nacional importante” y no constituyen un acto de guerra bajo la Constitución, por lo que no requieren aprobación legislativa.
El debate reaviva una disputa histórica sobre los límites del poder presidencial en materia militar y sobre el papel del Congreso en el control de las operaciones armadas fuera del territorio estadounidense.
