La Asamblea Nacional de Venezuela extendió hasta el próximo 18 de noviembre el plazo para presentar candidaturas a jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya renovación total surgió como uno de los primeros acuerdos entre el chavismo y un sector de la oposición en la mesa de diálogo.
El período para entregar documentos vencía el miércoles, pero el Comité de Postulaciones Judiciales informó que los aspirantes podrán formalizar su inscripción hasta las 16:00 hora local del próximo miércoles, equivalentes a las 20:00 GMT. Las postulaciones se reciben en el Museo Boliviano del Legislativo, en Caracas, de acuerdo con un aviso difundido por el organismo en redes sociales.
La renovación del TSJ formó parte de los acuerdos iniciales de las conversaciones entre el Gobierno chavista y un sector opositor respaldado por Estados Unidos. El partido de María Corina Machado no participa de ese espacio de negociación, que comenzó meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Washington en enero.
El actual alto tribunal está integrado por jueces a quienes la oposición acusa de responder al chavismo y de haber validado la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude.
El 4 de noviembre, la mesa de diálogo anunció la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, encargado de verificar que los aspirantes cumplan “estrictamente” las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el cuadro de evaluación. Ese consejo está formado por siete juristas y actúa como órgano técnico asesor. El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, recibe las candidaturas y lleva adelante las evaluaciones.
Entre los requisitos, el Parlamento indicó que los postulantes deben ser venezolanos de nacimiento y no contar con otra nacionalidad, a la vez que deben renunciar a cualquier militancia partidista. Los aspirantes tampoco pueden tener vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercero de afinidad, con magistrados del TSJ ni con la presidenta, ministros, fiscal general, defensora del pueblo, contralor general, rectores del Consejo Nacional Electoral y autoridades de la Procuraduría.
La designación de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia está prevista para el próximo 11 de diciembre.
Una integrante del Comité de Postulaciones Judiciales de Venezuela, la abogada Raquel Sánchez, denunció el 28 de octubre irregularidades en el procedimiento para preseleccionar a los nuevos magistrados del TSJ, entre ellas la incorporación de candidaturas de un proceso previo que fue anulado y restricciones para revisar los expedientes.
Sánchez, una de las 12 representantes de la sociedad civil dentro del comité, cuestionó en una entrevista con Venevisión que se consideren postulaciones anteriores. “Estamos en un proceso nuevo. Debe haber una nueva convocatoria y, a partir de allí, es que deben haber las nuevas postulaciones”, subrayó la abogada de la organización no gubernamental Foro Penal.
También advirtió que los miembros del Comité no tendrán acceso completo a los documentos de todos los aspirantes, pese a que deben verificar el cumplimiento de las exigencias para integrar el máximo tribunal venezolano.
“Por razones de tiempo, supuestamente, van a ser distribuidas. No estamos de acuerdo en ese sentido. Algunos de los miembros del comité hemos manifestado que queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas (de las candidaturas), porque precisamente esa es nuestra función”, afirmó.
El abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó las denuncias de Sánchez como “graves” y sostuvo que todos los integrantes del organismo tienen derecho a consultar los expedientes de cada postulado. “Esta es la prueba de por qué el oficialismo nunca quiso a representantes auténticos de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones”, escribió Daniels en X.
En la misma red social, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió que el procedimiento comience nuevamente “conforme a lo acordado”. La organización exigió la digitalización de las candidaturas, el acceso en tiempo real a los expedientes para todos los integrantes del Comité y la participación de la sociedad civil en su directiva.
