La Operación Causa Justa, lanzada por Estados Unidos en diciembre de 1989 para derrocar al general Manuel Noriega en Panamá, ofrece un precedente histórico para analizar la reciente directiva del presidente Donald Trump, reportada el 8 de agosto de 2025, que ordena al Pentágono usar la fuerza militar contra carteles de la droga en América Latina, designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Narcotráfico como amenaza
En 1989, la Operación Causa Justa tuvo como uno de sus objetivos principales capturar a Noriega por su implicación en el narcotráfico, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Noriega, acusado de colaborar con el cartel de Medellín, fue señalado como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense debido al flujo de drogas hacia el país. De manera similar, la directiva de Trump en 2025 apunta a carteles como el de Sinaloa, designados como organizaciones terroristas en febrero de 2025, por su rol en el tráfico de fentanilo, que ha causado más de 100,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos, según el CDC.
Ambos casos justifican la acción militar con el argumento de proteger a los ciudadanos estadounidenses y combatir el narcotráfico. Sin embargo, mientras la Operación Causa Justa se centró en un líder específico en un país aliado, la propuesta de Trump abarca operaciones en múltiples naciones, incluyendo México, donde la soberanía es un tema sensible, como lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la presencia de tropas estadounidenses en su territorio.
Paralelismos: objetivos y métodos
La Operación Causa Justa involucró una invasión a gran escala con 26,000 soldados estadounidenses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tácticas como bombardeos en áreas urbanas para desmantelar las Fuerzas de Defensa de Panamá. En contraste, la directiva de Trump, según The New York Times, contempla operaciones más selectivas, posiblemente con fuerzas especiales o ataques con drones, enfocadas en líderes de carteles y su infraestructura. Esta diferencia refleja un cambio en la estrategia militar, pero ambos casos comparten la premisa de usar el poder militar para abordar un problema tradicionalmente manejado por agencias de aplicación de la ley, como la DEA.
Otro paralelismo es la designación de los objetivos como amenazas excepcionales. En 1989, Noriega fue acusado de narcotráfico y de poner en riesgo los intereses estadounidenses en el Canal de Panamá, según el Departamento de Estado. En 2025, Trump ha clasificado a los carteles como organizaciones terroristas, otorgando al Departamento de Defensa autoridad para realizar operaciones encubiertas, según el Atlantic Council. Esta designación amplía las herramientas legales disponibles, pero también genera preocupaciones sobre la legalidad de acciones unilaterales en territorios soberanos.
La Operación Causa Justa fue una intervención directa en Panamá, un país con una histórica influencia estadounidense debido al Canal. La acción, aunque condenada por la Asamblea General de la ONU y la OEA, tuvo un impacto diplomático limitado en la región debido a la rápida restauración de un gobierno democrático. En cambio, la propuesta de Trump enfrenta una resistencia significativa, especialmente de México, donde Sheinbaum ha insistido en que “no habrá invasión” y que cualquier colaboración debe respetar la soberanía mexicana. La historia de intervenciones estadounidenses en América Latina, incluyendo la de Panamá, alimenta temores de una crisis diplomática, como señaló Arturo Sarukhán, exembajador mexicano, quien advirtió que una acción unilateral podría ser vista como un “acto de guerra”.
Además, la Operación Causa Justa dejó un saldo humano controvertido, con estimaciones de víctimas civiles que varían entre 202, según el Pentágono, y hasta 5,000, según la [CIDH](http://hrlibrary.umn.edu/cases Schuman, un aliado de Noriega, se refugió en la Nunciatura Apostólica, donde fue sometido a tácticas de guerra psicológica, como música a alto volumen, para presionar su rendición. En el caso de Trump, las operaciones propuestas podrían incluir tácticas similares, como ataques selectivos o vigilancia intensificada con drones, según Reuters. Sin embargo, la escala de la intervención en Panamá fue mucho mayor, lo que resultó en daños significativos a la infraestructura y desplazamiento de miles de personas, mientras que las acciones actuales podrían ser más quirúrgicas, aunque no exentas de riesgos para civiles.
Implicaciones legales y éticas
La Operación Causa Justa fue criticada por violar el derecho internacional, según la ONU, debido a la falta de autorización del Consejo de Seguridad. De manera similar, expertos como Brian Finucane del International Crisis Group han advertido que acciones militares unilaterales en México serían “difíciles de justificar bajo el derecho doméstico o internacional”. En ambos casos, el uso de la fuerza militar en lugar de métodos de aplicación de la ley plantea dilemas éticos, especialmente por el riesgo de víctimas civiles y la escalada de violencia. En Panamá, los bombardeos en El Chorrillo dejaron miles de desplazados, según Human Rights Watch. En el contexto actual, atacar a los carteles podría provocar represalias contra civiles estadounidenses o mexicanos, como advirtió Jason Blazakis de la RAND Corporation.
La Operación Causa Justa logró su objetivo de capturar a Noriega y restaurar la democracia en Panamá, pero a un costo humano y material significativo, con reparaciones limitadas para las víctimas, según la CIDH. Este precedente sugiere que las operaciones militares de Trump podrían tener éxito en eliminar líderes de carteles, pero no necesariamente en reducir el tráfico de drogas, ya que la demanda en Estados Unidos seguirá atrayendo nuevos actores, según un análisis de Responsible Statecraft. Además, la falta de cooperación con México podría dañar las relaciones bilaterales, cruciales para temas como migración y comercio, como señaló Adam Isacson del Washington Office on Latin America.
La Operación Causa Justa y la directiva de Trump comparten la intención de combatir el narcotráfico mediante la fuerza militar, pero difieren en escala, contexto y métodos. Mientras que Panamá fue un caso de intervención directa en un país con fuerte influencia estadounidense, la propuesta actual enfrenta una región más reacia a la presencia militar extranjera. La historia de 1989 enseña que, aunque los objetivos militares pueden alcanzarse, los costos humanos, diplomáticos y legales pueden ser profundos y duraderos, un factor que la administración Trump debe considerar cuidadosamente.
