La cadena perpetua más 30 años impuesta en Nueva York a Carlos Orense Azócar, operador estructural del Cartel de los Soles, se convierte en la sentencia más impresionante que le hayan dado a un narcotraficante venezolano en EE. UU., y un precedente que orientará los procesos que avanzan contra la cúpula del poder venezolano. El fallo, dictado por el juez Vernon S. Broderick en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fija una línea clara que el magistrado destacó «cuando los criminales hacen uso del Estado como herramienta del narcotráfico, la justicia estadounidense responde con el máximo rigor».
Por: Maibort Petit – The Epoch Times
El caso Orense sintetiza la tesis que los fiscales vienen construyendo desde hace años. No basta con perseguir cargamentos o intermediarios menores; el objetivo es desmontar estructuras criminales incrustadas en el aparato estatal. En ese marco, la condena de por vida a un facilitador logístico que operó con protección militar, acceso a recursos públicos y uso de armas de guerra se convierte en una referencia directa para los expedientes que involucran a los máximos responsables políticos. Carlos Orense Azócar emergió durante años como una figura discreta pero decisiva dentro del engranaje del Cartel de los Soles.
Nacido en Anaco, estado Anzoátegui, y con pasado como funcionario público vinculado a labores aduaneras y financieras, Orense utilizó su conocimiento del aparato estatal venezolano para convertirse en un facilitador clave del narcotráfico transnacional. Lejos de ser un simple transportista, su rol fue estructural: coordinó pistas clandestinas, garantizó seguridad armada, gestionó pagos multimillonarios, y aseguró combustible y protección institucional para el envío sostenido de cocaína desde Venezuela hacia el Caribe, México y Estados Unidos. Testimonios presentados en juicio lo describieron como un operador con acceso directo a mandos militares y políticos, capaz de movilizar recursos del Estado para blindar operaciones criminales de gran escala.
Su procesamiento en Estados Unidos siguió el patrón reservado para los casos más complejos de crimen organizado transnacional. Tras ser detenido en Italia en 2021 bajo una alerta roja de Interpol, Orense fue extraditado a Nueva York y llevado ante el estrado judicial, donde enfrentó cargos por conspiración para importar cocaína, violaciones a las leyes marítimas antidrogas y delitos relacionados con el uso de armas en actividades de narcotráfico. El juicio, celebrado a finales de 2023, se apoyó en una acumulación de pruebas documentales, decomisos y testimonios de cooperantes que acreditaron su papel central dentro de la estructura criminal.
Hasta el día de la condena dijo ser inocente, no pidió perdón por sus crímenes a los estadounidenses (únicamente a su familia) y además aseguró que apelará la decisión del Juez Broderick y que, además, quiso mantener el fallo sellado, haciendo un intento de sacar a la prensa de la sala en nombre de la seguridad y el peligro que corren sus allegados en Venezuela. Broderick remedió el pedido del convicto con una reunión de barra en su estrado.
La corte valoró esa arquitectura criminal, así como la magnitud del daño causado, y concluyó que la pena máxima era proporcional y necesaria. En su sentencia, el juez Broderick destacó que el acusado pagó sobornos a los militares de alto rango del Cártel de los Soles como Hugo Carvajal Barrios, alias El Pollo, Clíver Alcalá Cordones, Néstor Reverol, Luis Buitrago, al expoderoso vicepresidente del régimen y Ministro de Hidrocarburos, Tareck El Aissami, entre otros.
Esa lectura judicial es la que ahora proyecta sus efectos sobre los casos venideros. La sentencia establece que no es imprescindible ostentar un cargo formal de jefatura para enfrentar una condena extrema. Basta con demostrar conocimiento, aporte sustancial y aprovechamiento del poder estatal para quedar en el umbral de la cadena perpetua. También deja claro que la combinación de narcotráfico a gran escala con el uso de armas agrava de manera decisiva la responsabilidad penal.
Otro elemento central del precedente es el costo del silencio. Orense Azócar decidió ir a juicio, fue convicto por un jurado y rechazó cooperar con la justicia estadounidense, con lo que cerró cualquier vía de reducción de pena. El juez de Broderick envió un mensaje inequívoco a los narcos de los grandes casos de crimen organizado transnacional, la negativa a colaborar no es neutral, sino determinante. Esa lógica será aplicada, sin excepción, a quienes hoy enfrentan acusaciones más amplias y complejas.
En ese contexto judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la proyección de la impactante sentencia hacia los procesos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores resulta inevitable. Para la fiscalía estadounidense, el caso Orense refuerza la tesis de responsabilidad por liderazgo y de facilitación consciente desde la estructura y desde la cúspide del poder. La fiscal, Kaylan Lasky dijo que Orense era el responsable haber enviado cocaína a gran escala a EE. UU., líder de la logística de una organización criminal que fue capaz de pagar sobornos para facilitar el negocio, con lo cual se contribuyó a cooptar el aparato estatal, para ponerlo al servicio del narcotráfico. Quedó asentada una jurisprudencia que indica que las penas de por vida son posibles y previsibles.
El gobierno ha advertido que mismo destino de Orense puede aplicar para otros jerarcas civiles y militares señalados como parte del engranaje. La sentencia desmonta cualquier expectativa de inmunidad basada en jerarquía, investidura o discurso político. La justicia federal estadounidense ha dejado sentado que el poder no es un escudo cuando se transforma en instrumento del delito.
El impacto del fallo contra Orense Azócar es sistémico. El cártel de los Soles, tras la primera sentencia dictada contra uno de los militares involucrados, Clíver Alcalá Cordones —quien se declaró culpable, buscó un acuerdo con el Departamento de Justicia y fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión—, había recibido una de las penas más altas hasta la fecha. Esa condena ha sido ahora superada con creces por la del operador, cuyo caso contribuye a que la estructura sea retratada judicialmente como una corporación criminal con anclaje estatal, y no como una suma de actores dispersos.
Esa caracterización es clave para los procesos que siguen, porque permite a los tribunales analizar las conductas en clave de empresa criminal y no como hechos aislados.
La condena de Orense marca el camino y abre la ruta jurisprudencial para juzgar a quienes utilizaron el Estado venezolano como plataforma del narcotráfico. El gobierno y la corte anticipan que vienen muchas cadenas de por vida para los capos venezolanos.
