Cuando Euzenando Azevedo fue sentado frente a una cámara para confesar todo lo que hizo como jefe de Odebrecht en Venezuela durante los años que estuvo en el cargo, a quienes lo escuchamos se nos reveló en toda su magnitud el entramado impuesto a través de la empresa. No se trataba de una simple delación a la cual se acogía el ejecutivo de la empresa, sino de una auténtica revelación que confirmaba la raigambre corrupta de los gobiernos asociados al Foro de Sao Paulo, con Lula como jefe máximo de la estrategia corrupta y corruptora.
Por: Daniel Lara Farías – La Gaceta de la Iberosfera
No es Azevedo el mayor ni el principal de los involucrados, pero si el más notable. La razón es básica: era Venezuela el país del mundo donde Odebrecht poseía más contratos y de mayor cuantía. Durante los años del reinado de Chávez con el barril de petróleo por encima de los cien dólares, la empresa fue impuesta como contratista máxima para las obras del estado chavista, sin licitación ni concurso alguno. Por manu militari, con la justificación siempre presente del “interés de Estado”, se tenia a la empresa como la constructora oficial de la obra pública, de cualquier dimensión y en todo el territorio nacional.
Ya por ese lado, estamos hablando de corrupción. De abuso de posición de dominio, tráfico de influencias y cohecho. La selección de la empresa no respondía a sus capacidades, que las tenía, sino a la decisión política tomada por Chávez siguiendo la guía de Lula da Silva. No había en esto ni solidaridad para con una empresa ni enamoramiento político. En nada querían ambos líderes socialistas beneficiar a una empresa privada. El juego era otro. Lo que se buscaba y se logró, fue utilizar a Odebrecht como “caja B” para el financiamiento de actividades políticas en la región, que permitieran el ascenso al poder de regímenes afines.
Un perverso mecanismo
La dinámica era corrupta y corruptora, por donde se la viera. En principio, se imponía a Odebrecht como contratista, en desmedro de otras empresas. Empezaba así la irregularidad desde lo público con acción privada, pues para garantizar el silencio de empresas locales perjudicadas por Odebrecht, la gigantesca corporación brasileña compraba a los locales subcontratándolos en las obras. Así, Odebrecht se garantizaba un contrato, que cobraría a precios viles, mientras las obras eran hechas en realidad por empresas que no habían logrado tener el favor del Gobierno para la asignación del contrato.
¿Cómo rendía este esquema? ¿Cómo lograba una empresa, subcontratando a otra, verle ganancias a un contrato con el Estado que normalmente se demora en pagar? Lógicamente, el contubernio político permitía esto y más. Pues en la asignación del contrato iban garantizado el sobreprecio y el pago puntual. Sobreprecio que servía para hacer la obra, para pagarle a los contratistas, para las coimas a políticos y para enriquecer a Odebrecht en el transcurso.
Complicidad y silencio eran requeridos. Y todo era posible comprarlo. Por eso, se logró la parte más difícil del asunto, que era garantizar que los gobiernos otorgaran los contratos y que la oposición callara. Parar cualquier investigación era necesario y además se necesitaba garantizar la estabilidad de las contrataciones, la continuidad de los beneficios ante cualquier cambio de gobierno. La solución era sencilla: había que financiar de forma ilegal al partido gobernante y a los partidos opositores. Comprar el silencio con dinero proveniente de los sobreprecios, crecer de forma imparable en toda la región y lograr lo fundamental: gobiernos afines al modelo Sao Paulo.
Brasil, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y México brillan como parte del esquema. En todos esos países se siguió la misma norma: un gobierno corrupto otorgando contratos con sobreprecio a una empresa que repartía dinero a políticos de gobierno y oposición para garantizarse impunidad. En muchos casos, las obras nunca se terminaban. Los pagos, sin embargo, sí se hacían.
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